Los liberales y los anarquistas se identifican en un supuesto básico de sus propuestas políticas: el gobierno es malo (corrupto) por naturaleza, es decir, el desarrollo social justo sólo es posible en una sociedad en que no haya autoridad o ésta sea mínima, casi inexistente. La libertad del individuo es el valor más alto para estas formas de pensamiento.

Sin embargo, difieren en el peso que le otorgan a la igualdad. Los liberales defienden que la igualdad formal y de oportunidades es suficiente para construir sociedades justas, en cambio, los anarquistas consideran a la propiedad privada como la base de la injusticia y la única forma de lograr la igualdad material entre los seres humanos es la abolición de la misma o la reducción de sus efectos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 está más orientado al igualitarismo de los anarquistas que a la defensa de los derechos liberales.

Hay que aclarar que la vinculación de la estrategia de repartir el gasto social directamente a los individuos sin la intervención de organizaciones públicas o privadas con el neoliberalismo es incorrecta y de­sinformada.

Esta estrategia es cercana ideológicamente al maoísmo, profesado en su juventud por Raúl Salinas de Gortari y los hermanos Carlos y Francisco Rojas Gutiérrez, que incubaron la fundación del Partido del Trabajo y diseñaron y operaron el Programa de Solidaridad, cuyo eje era la “tarjeta del pobre” que eliminaba las organizaciones clientelares en la medida que el individuo recibía directamente los apoyos gubernamentales.

También impulsaron la entrega de recursos (cemento, varilla, arboles para siembra, entre otros insumos) a las comunidades, siempre y cuando éstas aportaran trabajo colectivo. Ambas políticas salinistas son muy similares a lo que ahora promueve el gobierno de la 4T.

Menos gobierno, más sociedad, es una propuesta liberal.

Ninguna autoridad ni pueblo organizado sería más cercana al anarquismo.

En ambos casos, cualquier organización pública (burocracia) o privada (ONG), que recibe recursos para hacer cualquier labor es corrupta o, en el mejor de los supuestos, ­corruptible.

Bajo este enfoque, miremos la declaración devastadora de Alfonso Romo: “…hay una psicosis, yo creo que estamos reaccionando de más… Por la excusa de la corrupción, sin querer, estamos parando demasiado, y no podemos parar.” (La Crónica de Hoy, 21-05-19).

La magnificación de la corrupción como la causa única de todos los males es un discurso neoliberal o anarquista, indistintamente. Esta forma de diagnosticar un problema social es un obstáculo para elaborar e implementar estrategias de atención a los más urgentes.

Con esta argumentación simplista, programas completos de gasto social son desmontables porque todos padecerán de algún tipo de desviación o insuficiencia y cualquier oposición a los cambios puede neutralizarse con la acusación de pretender defender privilegios o prebendas.

El gobierno impoluto —inmanchable aunque cruce pantanos— lamentablemente no ha existido en la historia de la humanidad. De ahí que los liberales y anarquistas propongan su desaparición o su drástica reducción.

Sin embargo, el gobierno debe existir en la medida que es la acción ordenadora de una sociedad y distribuidora de los recursos. Una acción que irremediablemente es un riesgo a que se cometan errores de buena o mala fe, o se actúe con dolo. De ahí que haya que controlarlo y exigirle cuentas, permanentemente.

Una buena administración identifica los riesgos de una desviación o cuando ésta sucede, la corrige (prevención y combate a la corrupción). No parte de la eliminación o reducción absurda del aparato gubernamental.

Una buena administración no parte de la falacia que todo mal proviene de las desviaciones y eliminándolas se logrará lo deseable, ni de que la administración debe desaparecer y que el individuo es el único que puede determinar el camino de su felicidad. En esto tanto las ideologías liberales como las anarquistas se equivocan.

El gobierno debe plantearse objetivos y metas precisas y alcanzables con base en diagnósticos de la disponibilidad ­real de recursos y existencia de rezagos.

Luego, debe identificar los riesgos existentes —como la ­corrupción heredada— y los futuros para prevenirlos y, en caso que se actualicen, superarlos. No se puede detener el gobierno para crear un nuevo comienzo de la nada o lamentarse permanentemente del pasado.

La incapacidad de diagnosticar más allá del lugar común de la corrupción como fuente de todos los males y rezagos paradójicamente es una forma de corrupción. La evasión de la responsabilidad de los actos propios para atribuírselos a personajes del pasado es otra manera de ser corrupto.

Alfonso Romo tiene razón cuando declara que el tema de la corrupción ha creado una psicosis. El problema es que colabora con un gobierno cuya única propuesta y capital político es el combate a la corrupción heredada del pasado. El empresario convertido en político sabe que no basta acusar y quejarse. Hay que dar resultados. Afortunadamente, en la Oficina de la Presidencia son conscientes de esta circunstancia.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

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