Hace alrededor de un mes, organizaciones civiles enviaron una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador que solicita el establecimiento del “Decreto México con bioseguridad y sin organismos genéticamente modificados”, en consonancia con las declaraciones realizadas por el mandatario sobre que “no se permitirá el uso de transgénicos” en el país.

La misiva se envía con copia a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla y a Emmanuel González Ortega, Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), ambos miembros de la organización Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), quienes se han manifestado contra los transgénicos desde una perspectiva científica e ideológica. La carta, fechada el 19 de junio, es firmada por alrededor de 200 personas, entre las que destaca el artista Francisco Toledo, y por cerca de 20 organizaciones.

El decreto solicita, entre otros puntos, “la prohibición de emitir permisos de liberación de organismos genéticamente modificados, incluidos los obtenidos con nuevas técnicas como mutagénesis o edición genética, para cría o siembras piloto, experimental y comercial en territorio mexicano”.

También solicita la moratoria a las importaciones de maíz en grano viable procedente de EU; la realización de monitoreo de transgénicos de manera sistemática en todas las regiones de México; desarrollar y dar a conocer el trabajo del Laboratorio de detección de transgénicos Sader/ Senasica y suspender la emisión de normas que mandata la actual ley de bioseguridad.

A finales de junio, se celebraba en León, Guanajuato, el XVIII Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería, realizado por la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Durante el evento, trascendió la publicación de la solicitud de decreto en las páginas del diario La Jornada. Ante el azoro de diversos especialistas, algunos de los asistentes planearon dar una respuesta institucional.

En ese sentido, otra carta firmada por 140 científicos especialistas en el área, de 30 instituciones de investigación, fue entregada la semana pasada en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, en Palacio Nacional, ejercicio que se está volviendo una tradición de la comunidad científica este sexenio.

Entre los firmantes de la carta destacan el Presidente, Vicepresidente (y varios expresidentes) de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, así como diez Premios Nacionales de Ciencias, dos miembros de El Colegio Nacional, además de científicos y biotecnólogos de instituciones de gran parte del país.

La misiva, también dirigida a los Secretarios federales de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, se torna una réplica puntual a las intenciones de los demandantes de este decreto, sobre la base de que “no hay argumentos ni jurídicos, ni científico-técnicos ni tampoco de tipo ético”, para impedir el funcionamiento del marco regulatorio sobre bioseguridad de transgénicos que existe y funciona en nuestro país, lo cual rezagaría o desmantelaría proyectos de diversos sectores educativos y productivos. En el documento, fechado el 31 de julio, los firmantes “nos manifestamos en contra de la petición, desinformada, antidemocrática e impráctica” del decreto. La carta hace también réplica a todos y cada uno de los puntos de dicho decreto.

VARIOS FRENTES. “Es peligroso que en el país se veten áreas completas del conocimiento, que es lo que el decreto busca al prohibir el desarrollo de transgénicos y biotecnología", señala en entrevista Enrique Galindo, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y uno de los premios nacionales de Ciencias firmantes. “La sola proposición preocupa, pero más la actitud que tiene el veto, que es uno de los frentes que existen en este gobierno contra los transgénicos".

Otro de los frentes, recordó, fue la proposición de la iniciativa de Ley de Ciencia y Tecnología que se presentó en el Senado por la morenista Ana Lilia Rivera, que proponía la desaparición de la Cibiogem para que todo el peso de las decisiones del sector se tomen en Conacyt, en vez de en una comisión intersecretarial.

“Esto es preocupante porque las propuestas hacen eco para vetar un aspecto de la ciencia biotecnológica, algo que no había ocurrido antes”. El científico enfatiza que la preocupación es que sea una postura de gobierno que se une a la estigmatización de la biotecnología desde el mismo Conacyt. “La directora de Conacyt tiene una postura como activista antitransgénicos, pero ahora ella es funcionaria”.

El tema debe ser analizado caso por caso, añade, si bien el tema de maíz es delicado, la actual ley de bioseguridad contiene los elementos para cuidar el interés del público, por lo que no se requiere un decreto de prohibición. “Por otra parte, la prohibición en la siembra de algodón afectaría a diversos productores”.

Un frente más es la misma Cibiogem, la cual “no está trabajando como debería y como determina la ley”, señala Galindo Fentanes. “Sabemos de muchas solicitudes de trabajos experimentales con transgénicos a los que no se ha dado trámite ni consultado por las diferentes secretarías. Se están tomando decisiones unilaterales sin órganos colegiados; si bien no está en la ley el veto, el hecho de que los directivos actuales tengan esa tendencia está entorpeciendo el procesamiento de solicitudes para hacer pruebas con organismos genéticamente modificados. Entonces, se está haciendo un veto de facto por la posición parcial y activista de los funcionarios”.