Hace unos días, platicando con una persona sobre la violencia y los crímenes en el país, observé que para mi interlocutor asociaba justicia penal con venganza. Después extendí la charla a otros grupos, incluidos mis alumnos y encontré una enorme similitud en los argumentos sobre lo que se espera de las autoridades respecto al crimen y los presuntos responsables de los mismos y castigo, en una acepción en la que cabe todo, menos el perdón.

Desde luego no lo comento como si fuera un descubrimiento o un fenómeno reciente, lo traigo a la reflexión por la homogeneidad que existe desde la memoria colectiva, la opinión pública y las convicciones personales por culpar, perseguir y castigar a los que comentan un crimen, algunas más radicales y otras moderadas pero en general la idea popular de justicia penal se piensa más en tiempos de cárcel o castigos corporales, hay quienes consideran a la pena de muerte como una acción ejemplar para inhibir las conductas graves como el feminicidio, otros hablan de castración para delitos sexuales en particular los cometidos contra niñas y niños, pero pocos hablan de la justicia penal como un proceso mediante el cual se persigue el crimen y se demuestra con evidencias a los probables responsables y solamente un juez determinar su culpabilidad y dictar sentencia.

Dice un precepto que la ignorancia de la ley no es excusa para incumplir con sus ordenamientos. La obligación del Estado es divulgar entre los ciudadanos las normas que los rigen y darle la mayor publicidad.

Tenemos diez años con la implementación del sistema penal acusatorio en todo el país que sustituye al sistema inquisitorio con el que vivimos casi todo el siglo XX.

El nuevo sistema tiene entre sus virtudes poner al centro a la persona, sea víctima o probable responsable, garantizando asesoría jurídica y defensoría de oficio así como protección de sus derechos humanos.

Considera además mecanismos alternativos para la solución de controversias como la negociación, reparación del daño y la mediación. Su objetivo es judicializar únicamente aquellos casos que por su gravedad lo ameriten, concentrando los esfuerzos de fiscales, ministerios públicos, policías de investigación y peritos en abatir los delitos de mayor impacto entre la población.

A pesar del tiempo transcurrido, el conocimiento del sistema penal acusatorio es mínimo y, lo más grave parece que a muy pocos les importa, empezando por las propias instancias involucradas y por los responsables de la educación cívica.

Me preocupa especialmente que los medios de comunicación masiva se mueven en la ambigüedad del viejo y nuevo sistema, porque alimenta de manera peligrosa la definición de justicia penal igual a venganza o castigo ejemplar.

A sabiendas de los procesos y sus tiempos, muchos noticieros le exigen a los gobernantes y claman por la presentación de culpables en todos los temas que pueden ser mediáticos, como el robo de combustibles, los intentos de secuestros de mujeres en las inmediaciones del metro, robos en transporte público, entre otros.

El viejo sistema fabricaba culpables, exponía a los supuestos delincuentes y siempre ocupaban los primeros lugares en organizaciones criminales, ahora que por ley no pueden revelarse muchos datos, incluido el rostro de los inculpados insisten los medios en generar un clima de incertidumbre por la “impunidad”.

La ciudadanía por su parte, convencida de que la justicia es equivalente a venganza, cubiertos bajo la sombra de la masa enardecida ponen en práctica el linchamiento a quien acusen de ladrón o violador sin que exista de por medio más señalamiento que una voz anónima.

Soy un convencido de que debemos crear comunidades de aprendizaje en nuestras colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales, coordinados por la Secretaría de Educación Pública y las instancias de los gobiernos locales encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia.

Debemos recuperar la educación cívica en una nueva dimensión en la que contamos con leyes y constituciones como la de la Ciudad de México, que consagran una gama nueva de derechos que pocos conocen, que deben saber de su exigibilidad y comprender que serán válidos si los ejercemos.

Debemos saber todos del sistema de justicia, la función preventiva de la policía y la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia y la inteligencia social para la identificación de condiciones que propician la comisión de delitos, elementos necesarios para su control y persecución.

Tenemos que romper con la lógica de los “justicieros linchadores”, con la vieja idea de que los castigos ejemplares inhibirán los crímenes. Los mismos que debilitaron al Estado para impulsar una economía extractiva sin cortapisas, son los mismos que incuban el odio a quien dañe la propiedad privada, la mano dura contra la delincuencia que se mueve entre la pobreza y buscan fracturar la autoridad de los gobiernos democráticos cuando se opone a llevar a cabo masacres y nos ponen de ejemplo al Brasil de Bolsonaro, donde han regresado los escuadrones de la muerte con uniforme de policías que asesinan a jóvenes bajo el supuesto de ser ladrones.

Necesitamos educarnos en el estado de derecho, reivindicar nuestras instituciones y pensar que la mejor justicia penal no es la que más personas mete a la cárcel, sino aquella sociedad capaz de reconocer sus diferencias y sus derechos, y que los asuntos que generen conflicto pueden tener vías de atención, incluso de solución sin usar ningún tipo de violencia. Aprender a vivir y convivir es una tarea de todos y empieza con la responsabilidad de nuestros gobiernos por fomentar la comunidad y hacer ciudadanía.