Sobreprecios, inconsistencias en padrones de beneficiarios, insumos extraviados, contratación de empresas sin requisitos licitatorios y falta de mecanismos de control están entre las principales irregularidades detectadas por la Función Pública en torno al programa de entrega de fertilizantes y semillas coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, compartió los primeros resultados de una investigación aún en proceso, pero en la cual ya se han detectado “deficiencias en la operación del programa, que en su momento probablemente nos llevarán a responsabilidades administrativas, aunque desde ahora ya vemos presuntas irregularidades; por ejemplo, hubo servidores públicos de alto nivel que realizaron procesos deficientes en la adquisición”, dijo.

El programa se enfocó en 2019 al estado de Guerrero y es uno de los más importantes de la administración lopezobradorista relacionado con el campo y en apoyo a pequeños productores.

Los hallazgos se derivaron de 27 actos de fiscalización en Sader, los cuales arrojaron 130 observaciones sobre un mal manejo de recursos. A la par, se realizaron dos visitas de inspección.

“En la asignación de contratos (sobre fertilizantes) hubo una deficiente investigación de mercado para identificar a los proveedores; se descubrió que en dos contratos se excedieron los montos de compra previstos por alrededor de 91 millones de pesos”, detalló la funcionaria.

“Hubo inconsistencias relevantes en los padrones de beneficiarios, lo que implica una examinación más a profundidad”.

Una de las empresas a las cuales se le adjudicó uno de los contratos más jugosos incumplió los lineamientos establecidos en las bases de licitación y los funcionarios responsables desdeñaron el trabajo de supervisión.

Sobre la entrega de semilla, en especial de maíz, la SFP ha corroborado hasta ahora dos anomalías: se están analizando para determinar si constituyen una falta administrativa o un daño patrimonial.

“Se observa un monto de 275 mil 200 sacos de maíz que se compraron, pero una entrega sólo de 171 mil 200. Hay un diferencial muy pronunciado de cuando menos el 35 por ciento; si no se aclara estaríamos hablando de un daño al erario por más de 127 millones de pesos, lo cual implica una inmoralidad muy grande, porque son semillas que necesitaban los campesinos del país”, apuntó.

Se examinó un contrato para la adquisición de semilla otorgado a la empresa Semilleros Mexicanos Unidos (SEMUAC), la cual fue responsable de distribuir 70 por ciento de la semilla certificada (avaladas por un área o brazo de la SADER) y 30 por ciento de la semilla declarada (cuya calidad sólo es constada por la compañía proveedora).

El proyecto comprendió la entrega de 179 mil 295 sacos de semillas, con un costo aproximado de 225 millones de pesos.

“El contrato no refleja las mejores condiciones de compra, y se ha acusado mucho de que la semilla era de baja calidad”, dijo la secretaria.

La dependencia tiene identificados una docena de nombres de funcionarios involucrados, así como de empresas proveedoras.

“Estamos a buen tiempo de que los ciudadanos se acerquen a nuestros visitadores que investigan en el estado, alleguen información, den sus testimonios y presenten denuncias, vamos a entrevistar a los productores beneficiarios para medir el impacto”, pidió, y adelantó coordinación con Sader para formular las acciones legales correspondientes, mejorar la operación de sus programas y resarcir a las comunidades afectadas.

El datoEn el sector bienestar y recursos renovables, la Función Pública ha realizado un total de 266 auditorías en
33 instituciones distintas.