El pasado 20 de marzo, el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), presidido por Mauricio Valdés Rodríguez, abrió generosamente sus puertas para que en su seno presentáramos el libro de Las Adquisiciones en el Estado mexicano, publicado por la editorial Tirant Lo Blanch, que tuve la oportunidad de coordinar.

En esta obra escriben Sergio Huacuja Betancourt, Sergio Merino Conde, Javier Vargas Zempoaltécatl, Manuel González García, Alberto Galván Trejo, Mario Fócil Ortega, Carlos Jiménez Ángeles, Everardo Ibarra Martínez, Alfredo Peralta Martínez y Laura Ruíz García, quienes exponen el orden normativo y las prácticas de las compras públicas en los entes públicos federales, así como los principios constitucionales, legales y administrativos que las rigen. Lo prologa la Maestra Arely Gómez González.

La paradoja es que se presenta en un momento en que las licitaciones públicas, como en la Bolsa de Valores, van a la baja en el ánimo gubernamental y, contrario a lo que dispone la Constitución, el Presidente no las considera el medio idóneo para llevar a cabo las contrataciones públicas. El argumento para eludir la convocatoria abierta al mejor postor es falaz y parte de un auto-juicio de la valía personal.

La falacia es evidente. El Presidente afirma que no hay la licitación pública porque se corre el riesgo que acudan a este procedimiento empresas sin la calificación técnica, ni la solvencia financiera y “moral” suficientes y, por ese motivo, se recurrió a una invitación restringida sospechosa a cuatro empresas para la construcción de la refinería.

Extraña que ahora se argumente que sea más transparente la selección previa de los proveedores en la secrecía del gabinete burocrático, que la convocatoria a la más amplia concurrencia posible que permita determinar al mejor prospecto a la luz de los testigos sociales y de quien quiera presenciar el procedimiento.

¿Quién vigila la legalidad de la adjudicación para la construcción de la refinería en Dos Bocas? Una subordinada del Presidente, la Secretaria de la Función Pública (SFP), que ya ha demostrado que está dispuesta a convalidar cualquier opacidad gubernamental, como sucedió con las pipas neoyorkinas.

La Constitución ordena que todas las contrataciones públicas se realicen a través de la licitación pública y sólo excepcionalmente por otros procedimientos bajo supuestos establecidos en las leyes respectivas. La desconfianza del Presidente en el pasado neoliberal no es una causal para que se evite la convocatoria pública abierta. Es incorrecto y sospechoso que la titular de la SFP, que es la responsable de promover que las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo privilegien las licitaciones públicas, sea la que justifique y avale las excepciones dudosas.

El supuesto de que la honestidad del Presidente y su gobierno justifica la violación a las leyes de adquisiciones y obra es soberbio. No es honesto invocar a la honestidad en exceso y para todo. Este abuso provoca descreimiento a la larga.

La honestidad, que es un principio constitucional para el manejo de recursos públicos, es verificable sólo en las actuaciones concretas y no es legítimo buscarla en las buenas intenciones. En ese sentido, quien es honesto cumple con los procedimientos que establece la Constitución y las leyes, el deshonesto elude la licitación pública y argumenta falacias.

La SFP es la responsable del control interno en el Ejecutivo Federal y debe ser la primera en oponerse a que se exceptúen, sin causa justificada, la realización de licitaciones públicas. La prevención y combate a la corrupción empieza —no se limita— con exigir que se cumplan con las formalidades mínimas de los procedimientos que son garantía de publicidad, libre concurrencia e igualdad que son las vías para que el Estado consiga las mejores condiciones en precio, calidad, oportunidad y financiamiento.

¿Quién se atreve a decirle al Presidente que las bases, el modelo de contrato, la junta de aclaraciones, la visita de obra, la junta de apertura de sobres y la evaluación de las propuestas técnicas y económicas son los medios jurídico-administrativos idóneos y transparentes para evitar que se “cuelen” malas empresas?

Si las escaleras se barren de arriba hacia abajo para acabar la corrupción, el mismo principio debe aplicarse en las contrataciones públicas. No se puede exigir un comportamiento adecuado, si el Presidente y la titular de la SFP no respetan la Constitución y las leyes en la materia.

En 1982, comenzó el camino hacia la institucionalización de las contrataciones, como se expone en “Las adquisiciones en el Estado Mexicano”. No hay duda que hemos avanzado y también que hay tropiezos y prietitos en el arroz, pero es igual de evidente que si el gobierno federal carece de una política transparente y congruente para el manejo correcto de los recursos públicos, esto perjudicara el combate frontal a la corrupción que demanda la sociedad.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

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