Incluso si México no fuera, como lo es, receptor involuntario de miles de hondureños que, literalmente, huyen de su país, Honduras ofrece hoy uno de los ejemplos más claros de los vínculos entre corrupción política al más alto nivel y la emigración masiva.

La vieja historia de los vínculos entre corrupción y emigración en Honduras se agravó en las dos últimas semanas luego de que se conocieran más detalles de la investigación que actualmente desahoga la Fiscalía del Sur de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos. Esa misma fiscalía, por cierto, es una de las que más se benefició del trabajo desarrollado por Robert Mueller y es una de las más activas en todo EU por ser la responsable de que se observen leyes en materia de transparencia financiera. Las porciones de la investigación iluminan la manera en que Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente, Juan Orlando, desempeña un papel clave en las complejas redes de narcotraficantes que vinculan a distintos países de nuestro continente.

Juan Antonio “Tony”, ha sido señalado por Amilcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, como responsable de una vasta red de financiamiento ilegal de las actividades de Juan Orlando y otros políticos del Partido Nacional, entre los que destaca el expresidente Porfirio Lobo, inmediato antecesor de Hernández. Las autoridades de EU han establecido que Ardón entregó a los Hernández y a Lobo al menos dos millones de dólares producto del narcotráfico para que Hernández se reeligiera como diputado nacional y Lobo ganara la presidencia en 2009.

El vínculo entre Ardón, Lobo y los Hernández continuó entre 2010 y 2012, gracias a lo cual Lobo, ya entonces presidente, otorgó al hermano de Ardón el control del Fondo Vial, equivalente a Caminos y Puentes Federales en México. Ello le dio a los Ardón acceso a contratos de los que hizo partícipes al cártel de Los Cachiros, entre otros. En aquellos años, Ardón alardeaba ser “el rey de El Paraíso”, tanto que invitó a ir allá a Joaquín Guzmán Loera con todo y banda sinaloense.

En 2013, la presión de la DEA obligó a Hernández—ya candidato presidencial—a “sugerirle” a Ardón que no buscara su reelección. A pesar de ello, Ardón entregó a Hernández otro millón y medio de dólares. En 2016, la presión fue tanta que Hernández—ya presidente—quitó a los Ardón el control del Fondo Vial. Preocupados, los Ardón pidieron a Hernández garantías de no ser extraditados a EU a cambio de entregar otros 40 mil dólares a Hernández, que ya para entonces había logrado reformar la Constitución y buscaba su reelección.

En enero de este año, en el momento más álgido del despliegue de las caravanas de migrantes que cruzaban México rumbo a EU, Ardón optó por entregarse a la DEA. Así llegamos al 2 de agosto de este año, fecha en que se anunció el proceso contra Ardón y, sobre todo, contra Tony, hermano de Orlando, el todavía presidente de Honduras. A ello se debe agregar la reciente resolución de un tribunal de San Pedro Sula de condenar a Rosa Elena Bonilla, esposa de Lobo, a 58 años de prisión por distintos actos de corrupción, aunque no queda claro cómo es que sólo ella es la corrupta, cuando su marido era presidente de Honduras.

No hay garantías de que Orlando vaya a ser enjuiciado por sus vínculos con Ardón, pero—gracias a la Fiscalía del Sur de Manhattan—la posibilidad existe, algo que no se puede decir de otros actos de corrupción perpetrados por Hernández, quien, además del dinero del narcotráfico, desfalcó millones del sistema de salud hondureño para su beneficio.

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