Las condiciones para la cultura en México han sido deplorables a lo largo de casi toda nuestra historia: para quienes la hacen, la gestionan y se nutren proactivamente de ella. Irónicamente, se trata de un problema cultural.

Más que considerársele como un derecho universal, se piensa en ella como un accesorio e instrumento de control de los poderes hegemónicos.

Este tema lo conoce bien Liliana López Borbón, administradora del Observatorio de Derechos Culturales. Incluso en espacios en los que esta actividad tendría que ser motor por excelencia de formación y construcción de ciudadanía, como por ejemplo muchos recintos universitarios en los que está normada dentro de las funciones sustantivas, la cultura no ha sido lo suficientemente intervenida para que los agentes especializados le puedan dar viabilidad.

Los contextos de la cultura pueden convertirse en áreas de oportunidad y crecimiento, pero también de retrocesos, de experiencias amargas o incluso de corrupción. Ejemplos hay muchos. En 2018, el actual secretario de Cultura de Hidalgo, Olaf Hernández Sánchez, solicitó a varios grupos y colectivos culturales un plan de trabajo para que dieran funciones de teatro en museos de varios municipios. Los colectivos hicieron su trabajo y se programó un circuito de casi trecientas presentaciones que no se llevaron a la práctica, es decir, los hicieron trabajar en balde y en algunos casos suspender otros compromisos de trabajo en virtud de un proyecto cuya partida tendría que haberse ejercido durante dicho año.

Olaf Hernández, quien pone puestos de micheladas en actividades culturales organizadas por la secretaría que está bajo su cargo, pospuso la ronda de teatreros y talleristas para 2019 por medio de Rocío Arce, excoordinadora de museos. Es decir, como planificaron mal, les pasó la factura a los colectivos, quienes tuvieron que reprogramar para este año sus actividades en los museos.

No hay metáfora con lo del pase de factura. Actualmente la Auditoría Superior de la Federación está investigando al funcionario cultural porque ha encontrado irregularidades en su gestión en la comprobación del recurso, que muy posiblemente pueda estar vinculado con la facturación de terceros.

Lo anterior se hizo público a raíz de que la compañía Teatro Demediado y Myrna Stella Vargas Saavedra decidieron presentar documentos con la representante de Cultura del Congreso del Estado, la diputada de Morena Corina Martínez, quien subió un exhorto al Congreso hidalguense porque en este 2019 la historia continuó. Desde luego que no se completó el programa, se ejecutaron muy pocas funciones de las casi trecientas programadas, y, lo que es peor, en lugar de facturar a nombre de la Secretaría de Cultura o el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, esta dependencia les solicitó a los artistas que facturaran a nombre de un particular llamado Juan Carlos Mendoza Islas.

En otros casos, inmediatamente después del exhorto, les pagaron a los colectivos en efectivo y sin que mediara un comprobante fiscal de por medio, quizá para evitar que escalara la investigación federal. El mismo esquema de la Estafa Maestra se repite ahora desde la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. ¿Cuántos de los recursos solicitados para el programa de presentaciones en museos llegaron a manos de los artistas? ¿Por qué se les paga a través de uno o más terceros o incluso en efectivo sin ningún comprobante fiscal tras ser exhibidos?

El huachicoleo es una actividad siniestra en la que Hidalgo se lleva los primeros lugares. Lo que resulta deplorable es que sea a través de la comunidad cultural como tengamos que enterarnos de estas operaciones delincuenciales instrumentadas por funcionarios estatales a través de empresas “presumiblemente” fantasma.

Aunque fueron diez las compañías timadas por los funcionarios de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, sólo dos se atrevieron a denunciar estos abusos en los que se considera a los agentes de cultura, como grupos vulnerables, cuyo trabajo, incluida la planeación, puede ser modificado a capricho del solicitante.

Hay casos en los que el estado de Hidalgo cobra por la impartición de talleres para los que contratan a artistas o especialistas y es la fecha que aún no les pagan.

El jineteo de recursos etiquetados es un deporte nacional. De ahí al robo descarado sólo media un paso. Por eso Acción Nacional, el PRI y el PRD se opusieron al incremento de las penas por el delito de defraudación fiscal. Están metidos en el negocio.

Por otro lado, y esto se hace cada vez más evidente, es un hecho que el partido en el poder debe trabajar más con mediadores experimentados y con solvencia ética en los estados, en las universidades y en observatorios ciudadanos para que el combate a la corrupción no sólo se traduzca en ahorros, que bienvenidos sean, sino que le dé paso a gestores del gobierno y de la sociedad que faciliten el crecimiento transparente y justo de la economía en todas sus instancias. Entre ellas la más abandonada y en la que participamos muchos: la cultural.

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