Debido a que los medios de comunicación han privilegiado el desabasto de la gasolina, algunos temas han perdido importancia para los diversos espacios editoriales de circulación nacional, pero no así el interés de la opinión pública.

Tal es el caso de la seguridad, en donde el día de mañana se abrirá un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para discutir el tema de la Guardia Nacional y el proceso de designación del titular de la Fiscalía General de la República, temas, sin duda alguna, de mayor importancia que el mismo desabasto del combustible.

Tan es así que especialistas en la materia de seguridad pública se han expresado, en aras de abonar a la creación de una Guardia Nacional civil, toda vez que, aseguran, de la forma como lo plantea el dictamen de reforma constitucional no se resolvería el problema de la violencia e inseguridad, pues, de acuerdo a organismos, estos dos elementos que laceran al país han ido en aumento.

Asimismo, organismos internacionales han advertido a nuestro país que la iniciativa “atenta contra el régimen constitucional y el sistema nacional de seguridad pública”, principalmente por tratarse de una militarización de la seguridad pública, motivo por el cual, el propio representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dirigió una misiva a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, en la que reitera su rechazo y preocupación ante la creación de la Guardia Nacional.

Es por ello que, ante la intervención de la ONU, estoy convencido de que los medios le deben prestar mayor atención a este tema de la seguridad ciudadana y, ojo con ello, no quiero decir que el desabasto no tenga importancia, pero debemos estar conscientes de que este problema es pasajero y no permanente, como sí lo es la seguridad pública.

Por ello propongo a los alcaldes de la Ciudad de México, así como a los diputados locales y federales, abrir el debate con el fin de robustecer, desde sus trincheras, un dictamen de reforma constitucional que contemple una estrategia real que devuelva la tranquilidad a los mexicanos y disminuya los altos índices delictivos que han atemorizado a los habitantes de todo el país; llámense municipios, alcaldías o estados, el crimen ya está en todos lados.

Es por ello que, por lo menos en la capital mexicana, los alcaldes, sean del partido que sean, tenemos la oportunidad y obligación de proponer una forma más eficiente de garantizar la seguridad pública a nuestros habitantes, ya que no podemos ser omisos y menos en este tema, pues a los gobernantes se les elige para resolver problemas, no para agravarlos.

Y una buena política pública es la recuperación de espacios públicos que, con el recurso adecuado, se puede lograr y sin militarizar la seguridad pública; el trabajo de campo y la cercanía con la gente de cada uno de los alcaldes, es otra forma de disuadir a la delincuencia, ya que ésta, al ver presencia de autoridades y la disminución de espacios oscuros, optará por emigrar o cambiar de rumbo por temor a ser aprehendida.

Pero existe una forma mucho más eficiente de regresar la seguridad pública y ésta es la participación ciudadana, pues mediante ella, cada persona se convierte en un vigilante de su comunidad y sus vecinos; cada individuo podría ser un elemento clave en la aprehensión de delincuentes y, mejor aún, en la prevención del delito, siempre y cuando se les otorgue, desde el Estado, la facilidad de denunciar sin ser amedrentado y sin sufrir alguna represalia y para ello se debería iniciar por corregir el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal, donde he insistido en ampliar el catálogo de delitos graves para que se incluyan el robo calificado y la extorción agravada.

Con estas medidas se fortalecerá la participación ciudadana y con ello las corporaciones policiales locales a corto y mediano plazo toda vez que, al no haber consecuencias negativas por la denuncia, como lo es la burocracia y hasta el riesgo de perder la vida, todos dedicarían el tiempo necesario para ser parte de la cultura de la denuncia y la prevención del delito.

Además, con la participación ciudadana y una adecuada policía que trabaje de cerca con la gente se evitarían violaciones a los derechos humanos y, con ello, aumentaría la confianza que tanto hace falta en la ciudadanía para sus cuerpos policiales. Aunque algunos medios en lugar de voltear a ver estos problemas prefieren garantizar la venta de sus espacios con notas incendiarias.

Twitter: @julioc_moreno