Opinión


Huachicoleados, vestidos y alborotados

Huachicoleados, vestidos y alborotados | La Crónica de Hoy

SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA,
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA,  CÁMARA DE SENADORES

-Controlar la precisión, ser yo
mismo instrumento de precisión
Robert Breson

Como lo dice el título de esta entrega, así se quedaron ayer los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la presentación del “paquete de iniciativas para reformar el Sistema de Procuración y Administración de Justicia en México” que usted había anunciado. 

Me cuentan que todo estaba listo para este evento, de gran trascendencia legal para el país y de la mayor importancia para el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pero en eso que se les atraviesan las redes sociales. ¡Las benditas redes sociales..!

Desde ayer circularon por esas redes los borradores de las iniciativas y su difusión anticipada y extraoficial dio tiempo a que el gremio jurídico y político reaccionara —negativamente, por supuesto— contra las propuestas de Ley de la Fiscalía General de la República y de su concomitante Código Nacional de Procedimientos Penales. 

De entrar en vigor tal como llegó la iniciativa presidencial, no se trataría, senador Monreal, de una reforma, sino una contrarreforma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que lleva cuatro años en vigor con muchas críticas, hasta el punto de calificarle “la puerta giratoria de los delincuentes”; y en vez de corregir lo que no funciona, esas propuestas legislativas buscan cambios constitucionales y legales que echarían para abajo por completo al SJPO, sin aprovechar lo que tiene de bueno.

Más aún, la propuesta de Código echa por tierra la presunción de inocencia, principio fundamental del Derecho y la Justicia, pero no le voy a dar clases a usted que tiene un doctorado en la materia, sino a comentar con usted el borrador confidencial que circuló, según el cual el artículo 309 quedaría así:

“Presunción de responsabilidad: A todo implicado que se niegue a ser examinado por peritos, sin causa justificada, se le apercibirá de tener por ciertos los hechos imputados”… 

Usted y yo sabemos de la ineficiencia y corrupción de la policía de investigación y de los ministerios públicos; lo grave es que con ese artículo la iniciativa dejaría a criterio del juez el dar como buenas las pruebas obtenidas de manera posiblemente ilícita. ¿Qué pasaría si un sospechoso confiesa bajo amenazas o golpes, ya no digamos tortura? El debido proceso —esencia del Derecho— se iría al bote de la basura, el sospechoso a juicio y prisión y los funcionarios recibirían nada más un jalón de orejas. Ahora sí que dirían los MPs copiando a Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido…

Otra propuesta preocupante de la iniciativa reviviría una figura cercana al arraigo, por el simple hecho de que el MP considerara “la probabilidad de que la persona cometió o participó en la comisión de alguno de los delitos señalados como graves” (Artículo 182.- Casos de urgente detención). Es decir, un sospechoso podría ser detenido por la Fiscalía sin mediar la solicitud del juez. La propia ONU recomendó a México eliminar el arraigo por atentar contra los Derechos Humanos. Usted me dirá que un malandro consumado puede desaparecer del mapa mientras el juez dictamina; bueno, el trabajo de la Fiscalía es hacer todo precisamente para que no se evada. Porque la otra cara de la moneda sería que cualquier persona para la cual no hubiera pruebas suficientes para llevarlo a proceso por un delito de carácter fiscal, el daño estaría hecho y no olvidemos que la evasión ahora es delito grave. 

Y para que todo amarre, la propuesta implicaba la desaparición del juez de control, ese que valora si se respetó el debido proceso y las pruebas son suficientes, para después pasar el caso —de ser legalmente conducente— al juez de instrucción. 

Podemos concluir, 1, que nuevamente, como con el Seguro Popular y el NAIM, la @4Transformación prefirió derruir en vez de corregir; 2, que alguien no informó adecuadamente al presidente López Obrador sobre las implicaciones políticas y legales de esta contrarreforma, contra la que, sin duda, los amparos brotarían como hongos; 3, que nadie consultó al Poder Judicial; 4, que alguien huachicoleó la información y creo que, a la larga, le hizo un favor al Presidente pues generó las condiciones para detener la presentación de estas importantes pero inexactas iniciativas.

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