Opinión


IFT invade garantías y olvida sus tareas en telecomunicaciones

IFT invade garantías y olvida sus tareas en telecomunicaciones | La Crónica de Hoy

El Instituto Federal de Telecomunicaciones busca cobrar relevancia ante la opinión pública y el gobierno federal reviviendo temas que, en el pasado, se habían desechado por atentar contra las garantías fundamentales de cualquier país democrático. El IFT debería revisar, en cambio, algunos temas que se observan con interés desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y que el IFT una y otra vez ha evadido por considerarlos extremadamente complejos. Me refiero a la Norma Oficial Mexicana (NOM) para la instalación de antenas de telecomunicaciones que permitirían a unos 500 municipios del país alcanzar la valiosa conectividad. Durante la pandemia quedó claro que la conectividad para servicios educativos, financieros y hasta de salud puede hacer la diferencia en la calidad de vida de una población. En el escritorio de algunos funcionarios del IFT duerme el sueño de los justos el proyecto de NOM para garantizar a la población qué tipo de instalaciones, qué tipo de tecnologías resultan inocuas y cuáles les permitirán esa anhelada conectividad. El problema es que el IFT no quiere destinar esfuerzos, personal y presupuesto a temas tan complejos y hasta políticamente riesgos. ¿A qué me refiero? El IFT tendría ya que dar a conocer su proyecto actualizado de NOM justo ahora que vienen tecnologías como la red 5 G. En cambio, el IFT guarda silencio y prefiere ocuparse de temas que puedan representarle popularidad justo ahora que se cuestiona si el presupuesto que se le asigna resulta un gasto superfluo para el país. Le cuento.

Resulta que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) acaba de revelar que el IFT pretende censurar, aplicar medidas mordaza, limitar la libertad de expresión y aplicar una serie de medidas que no existen “en ningún país democrático” en contra de los medios de comunicación electrónicos del país. De acuerdo con información y documentos de la CIRT, el pasado 12 de mayo la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad revivir los “Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias” que ya habían sido abrogados por el Congreso de la Unión el 31 de octubre de 2017. En la práctica, estos lineamientos facultarían al IFT a establecer un régimen de control editorial sobre los medios de comunicación, basado en cuatro herramientas de censura. La primera de ellas es obligar a los noticiarios “y en general cualquier persona que haga uso del micrófono en radio y televisión” a diferenciar, “entre opinión e información a través de campanillas o anuncios, medida absurda que, por supuesto, no existe en ningún país democrático”, Además, los lineamientos permitirían “controlar la designación y actuación del defensor de audiencias, convirtiéndolo en un censor de contenidos al servicio de la autoridad”. En tercer lugar, habría una injerencia en la libertad editorial de cada medio de comunicación ya que el IFT podría rechazar los contenidos de su Código de Ética. Y, tal vez lo más grave, llegar a la suspensión precautoria de las transmisiones de Radio y Televisión “todo ello vía unos Lineamientos del IFT y no en una Ley emitida por el Congreso de la Unión, único

facultado en la Constitución para definir los derechos de las audiencias y único facultado, en casos de excepción, para restringir la libertad de expresión en México”. De acuerdo con el Comité de Radiodifusión de la CIRT, presidido por Alberto Sánz Azcárraga, estas acciones “restringirán la discusión libre y fluida de la información y opiniones” así como “los derechos de nuestros radioescuchas y televidentes a decidir libremente lo que ven y escuchan así como a formarse un juicio propio”.

Las audiencias, añadió, “no requieren de intermediarios ni de autoridades que decidan ideológicamente qué contenidos pueden ver o escuchar ni llegar al extremo de suspender las transmisiones si a juicio de la autoridad se incumple con su régimen de ‘higiene mental’”. Frente a este escenario, la CIRT anunció una serie de acciones como presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por la conducta del Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al haber negado el derecho de comparecer en el juicio a la CIRT. Se presentará otra denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se solicitará una reunión de emergencia ante el IFT y se buscará crear un frente común con los medios públicos federales y estatales. Y, por último, establecer un amparo colectivo en caso de que el IFT decidiera revivir los Lineamientos ya derogados en 2017 “mismos que atentan contra la Constitución, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los más elementales principios de libertad de expresión”.

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