(Segunda parte)

La comercialización ilegal de vacunas y medicamentos alcanza el 5 por ciento del mercado total de insumos para la salud en México, de acuerdo con datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

De ese porcentaje ilícito, al menos el 1 por ciento corresponde a productos falsos, como los mil 062 frascos de Sputnik confiscados hace unas semanas en el aeropuerto de Campeche.

Tras los análisis de laboratorio, en la mayoría de los casos históricos se han encontrado sustancias salinas y residuos de harina, tierra, almidón, jabón, cemento, azúcar y otros ingredientes inservibles.

Además de productos apócrifos, se ha documentado el trasiego o venta de otros con caducidad vencida, fabricados con malas prácticas, desviados del Sector Salud y de distribución prohibida.

-Sí se ha dado un mal uso de vacunas u otros medicamentos, o tráfico clandestino, no es algo nuevo -afirma a Crónica Álvaro Pérez, ex Comisionado de Operación Sanitaria de la COFEPRIS.

“Lo que más identificamos son insumos que carecían de trazabilidad en sus ingredientes, sin certificado vigente de buenas prácticas, con formulaciones no reportadas y con diversas anomalías en procesos de limpieza”.

-¿De dónde provienen los falsificados? -se le cuestiona.

-Hay de todo: muchos entran al país de contrabando, otros se fabrican en México, en casas o pequeñas bodegas donde se habilita maquinaria rústica. Estas redes van hasta los basureros en busca de cosas que les sirven: cajas, viales, etiquetas, estuches. Por eso es muy importante que la población e instituciones desechen estos frascos o medicamentos en contenedores controlados y autorizados por la Semarnat. Y si no tienen alguno a la mano, que destruyan todos los empaques o trituren. Cualquier cosa que tiremos puede ser susceptible de llegar al mercado ilegal.

-En torno a las vacunas Sputnik en Campeche, ¿es normal que tan sólo unas horas después del decomiso y sin análisis presencial el fabricante haya determinado su falsedad?

-Si el gobierno mexicano compartió fotografías o números de lote, eso basta para que la autoridad rusa identifique si esos etiquetados corresponden a productos autorizados, a lotes válidos o no, independientemente de identificar el líquido, lo que lleva aún más tiempo. La simple apariencia y forma del empaque primario puede arrojar suficiente evidencia para determinarlo.

-Esas Sputnik se encontraron el 17 de marzo, han pasado más de 20 días, ¿es habitual la tardanza para dictaminar cuál era el contenido de los frascos?

-Identificar sustancias desconocidas no es sencillo ni tampoco componentes de manera específica. A veces se requiere cooperación internacional, porque no son inventarios comunes, el informe del fabricante ruso y otras pruebas de laboratorio. El reto es descubrir cómo y dónde fueron fabricadas, pero para eso se requiere dar con los responsables y tener información sólida sobre cómo las adquirieron.

México ha sido considerado ya “foco rojo” por la Organización Mundial de la Salud en el tema de fraudes vinculados a la vacuna contra COVID-19. Hace unos días emitió una alerta en la cual denuncia la aparición de falsos funcionarios de su staff y de la Organización Panamericana de la Salud dedicados a ofertar el biológico a empresas, particulares e incluso instituciones de salubridad.

“Las vacunas en México sólo están disponibles a través de los programas de vacunación del gobierno”, previno.

“Si se deja a privados, el mercado negro explota, porque la gente está muy asustada y comienza a tener actitudes irracionales. Los incidentes se multiplicarían. No hay forma de tener control, excepto con las Secretarías de la Defensa y Marina, por el tamaño de país y la complejidad geográfica”, afirma a este diario José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

También INTERPOL lanzó una alerta reciente a sus países miembros como México para mantenerse vigilantes “ante redes de delincuencia organizada interesadas en sacar partido de vacunas contra COVID-19, tanto de forma física como en línea, y actividades delictivas relacionadas con falsificación, robo o publicidad ilícita. La pandemia ha desencadenado comportamientos delictivos depredadores y oportunistas sin precedentes”.

“Mientras los Gobiernos se preparan para sacar nuevas vacunas, organizaciones delictivas planean infiltrarse en las cadenas de suministro. Dirigirán sus amenazas contra ciudadanos confiados, utilizando sitios web fraudulentos y anunciando remedios falsos”.

¿Cómo se le cierra camino al mercado negro?...

“Apretando tornillos en sociedad y gobierno: cualquier tipo de vacunación que ofrezca un jefe, sindicato o gobierno local, no debe ser aceptado. Que la ciudadanía tenga paciencia, van a pasar varios meses para que la mayor parte de la población sea vacunada. Y la autoridad debe reforzar el resguardo de vacunas, evitar fugas y rendir cuentas sobre el número de vacunas que se reciben y las aplicadas”, dice Gilberto Castañeda, investigador del Departamento de Farmacología del Cinvestav.

La Ley General de Salud (Artículo 464 Ter) estipula de 3 a 15 años de prisión a quien adultere, falsifique, contamine y altere medicamentos y sus envases, o a quien lo permita; y para quien los fabrique sin registros, licencias o autorizaciones.

“Pueden aplicarse multas que rebasan el millón 400 mil pesos por cada evento de ilegalidad, aunque un caso puede ser acumulativo y proyectar multas mucho más altas, independientes de las acciones penales. Habría que ver cómo se clasifica el delito, pero de manera general puede ir de los 12 a los 14 años de prisión”, ejemplifica el ex comisionado Pérez Vega.

-¿A quiénes alcanza?

-A fabricantes, distribuidores y comercializadores…

-¿Y a una empresa que inyecta vacunas falsas a sus trabajadores?

-Cabe totalmente, las empresas que brindan cualquier servicio médico deben cumplir con la regulación sanitaria: permiso de funcionamiento, cédulas vigentes, medicamentos con registro y trazabilidad en su adquisición. Debe quedar establecido en un acta de verificación dónde y cómo se adquirieron. COFEPRIS sí tiene facultades para revisar qué ocurre al interior de esas empresas y castigar de manera severa, en coordinación con la Fiscalía, pero hay que investigar a fondo, no sólo por encima.