De otra forma sin duda en comparación con el año que terminó, el inicio del nuevo año ha sido complicado y ha subrayado la naturaleza de los retos que el mundo venía arrastrando en diversos campos con las crisis sanitaria, económica y social rodando. La llamada infodemia que con el transcurso de la pandemia hizo prender alarmas ante la difusión masiva de información falsa, en lo político alcanzó su cenit de la mano de la ya muy ansiada por muchos, finalización del mandato del presidente estadounidense el próximo 20 de enero. A la doble crisis interna de salud y social, que ha venido sacudiendo a ese país, en pleno día de Reyes, sucedieron eventos que bien podrían ser un relato de novela de intrigas políticas: en plena calificación de la elección presidencial del 3 de noviembre en el Congreso, una turba irrumpió la sesión legislativa para hacerse literalmente de la sede legislativa dada su vehemente certeza de que el triunfo electoral le había sido arrebatado tramposamente al presidente en funciones, no obstante que en el periodo entre noviembre de 2020 y enero de 2021, una y otra vez en litigios, quedó debidamente demostrado que no hubo ningún fraude electoral. Lo más sorprendente de este dramático episodio, si cabe decirlo, es que la toma del Legislativo fue alentada por el propio presidente en funciones, sin mayores pruebas de fraude como se señaló, y de la mano de la incesante y permanente difusión de información falsa entre sus seguidores, por él mismo a través de redes sociales, sobre todo Twitter y Facebook.

De manera que tras esta crisis política, la infodemia, que puede llevar sin duda el apellido de múltiples políticos, tal vez tendría más claridad ahora si llevara el nombre de Donald para describir ese fenómeno tan nocivo, que si bien fue practicado todos los días sin descanso durante cuatro años, fue hasta el 6 de enero que llegó a niveles extraordinarios. Y fue extraordinario no sólo porque una mentira hecha verdad llevó al enardecimiento y la violencia, sino porque los dueños de las redes sociales acallaron la voz del infodémico presidente, abriendo un nuevo capítulo en materia de censura frente al derecho a la información en un sistema democrático. Hay mucho que debatir al respecto hacia el futuro, pero conviene señalar que los empresarios de las redes sociales parecen haber acertado –no a los ojos de los seguidores del presidente saliente- cancelando la cuenta del acosador/difamador de la política contemporánea por derecho propio. Metafóricamente hablando, resulta difícil imaginar que alguien se opondría a que en una sana convivencia se le quitara el micrófono a alguien que llama a romper la armonía con mentiras, insulta y propicia la violencia entre los convivientes y los que se quedaron sin invitación. Algo parecido, si se acepta esta imagen, podría decirse de este pasaje bochornoso y preocupante, escrito para la memoria de una de las democracias más prestigiadas del mundo históricamente hablando.

Cabe preguntarse como lo han hecho varios mandatarios de países con sistemas democráticos, incluyendo al mexicano que fue de los primeros en hacerlo, si es adecuado y aceptable que empresarios, sin ningún mandato público, ni democráticamente otorgado, tengan la capacidad de ejercer censura. A partir de ese cuestionamiento, el tema adquiere mayor complejidad y abre diferentes debates. ¿Cuál sería la reacción si la voz acallada fuera la de un personaje controvertido en sentido positivo, como un luchador social o libertario, por ejemplo? Son cuestiones complejas y polémicas porque en principio no parece aceptable la incitación a la violencia como tampoco lo es la censura que se contrapone por definición, con la libertad de expresión. Desde una perspectiva amplia, el llamado derecho a la información es parte de los derechos humanos, y fundamental, por lo tanto, a la libertad de pensamiento y expresión. De acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos “el acceso a información es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y transparente, y un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades. Es un derecho multiplicador de otros derechos, ya que es necesario para poder ejercer plenamente nuestros derechos.” (www.iidh.ed.cr/derecho-informacion)

Después del cuestionamiento central sobre la autoridad –no conferida democráticamente- que en la práctica tienen este tipo de consorcios digitales, continúa una dificultad mayor respecto de quién o quiénes y a través de qué medios, delegar o no, esa autoridad de censuradores o “gatekeepers” de información. En principio, la función de las plataformas digitales es de negocios, y en esa medida, operan como empresas que son, pero dado que desde hace varios años su uso se ha extendido a otros campos de la actividad pública como la difusión del conocimiento y más recientemente como plataformas de promoción política y difusión de actividades de gobierno, la frontera entre lo público y lo privado en el espacio digital se ha diluido en un campo tan complejo como utilizado por los individuos de prácticamente todas las sociedades, independientemente de si poseen o no un régimen democrático. Y aquí aparece o se subraya el efecto pernicioso de la infodemia.

Intentaremos volver a este complejo y controvertido tema en siguientes colaboraciones.