Es descabellado intentar enderezar la ley en contra de quien cumple a cabalidad su obligación de representante popular; pero eso es lo que se propone hacer la oposición, sin el menor recato, en descrédito de Ricardo Monreal Avila.

Más de seis decenas de denuncias acumula ya la Fepade en contra del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

¿La causa? Que el también coordinador de Morena en esa cámara ofreció gestionar recursos presupuestarios para la comunidad —los habitantes de Aguascalientes capital—, que es ¡ni más ni menos una de las tareas para las cuales son electos los representantes populares!

Nuestro país está urgido de una oposición robusta, inteligente, seria y consistente, mas nada hay que permita identificar con algo así a las fuerzas que naufragaron el 2 de julio, y que —según todos los indicios— aún no salen de su ofuscación.

Los diputados y senadores son electos no para ponerse de tapete del Ejecutivo ni para organizar fiestas con teiboleras o cantar rancheras en recintos camerales, como bien saben los panistas Luis Alberto Villarreal y Jorge Luis Preciado.

Tampoco son votados para hacer turismo parlamentario o únicamente  aprobar “corcholatazos”; es decir, la recepción u otorgamiento de distinciones y preseas a ciudadanos sobresalientes.

Son escogidos para hacer leyes necesarias,  esenciales, y ejercer control político sobre los otros poderes del Estado, en particular el legislativo. Y, ¡para conseguir el mayor volumen de recursos posible con los cuales realizar obras públicas y servicios en sus distritos, estados o regiones!

Si hay legisladores que cobran moches o se embolsan los recursos que gestionan y cacarean obras que Hacienda paga pero nadie ve, lo procedente es erradicar tales prácticas y llenar de esos políticos las cárceles, no eliminar las funciones de gestoría de los representantes populares.

Para cumplir sus obligaciones los legisladores necesitan hacer política, desde luego respetando la ley y los estatutos de sus partidos; pero, también, con absoluta libertad, sin más restricción que su sentido de la ética y la responsabilidad.

Y tal libertad es lo que la oposición busca inhibir en la persona del zacatecano y aun a costa de su propio interés y conveniencia.

La tesitura en que se halla Monreal es trascendente porque el 2 de junio acudirán a las urnas ciudadanos de seis estados: Baja California, Puebla, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, además de Aguascalientes, para elegir casi un centenar y medio de cargos, incluidos dos gobernadores.

En este escenario, la oposición representada por el PRI, PAN y PRD ya exigió —por voz de la perredista Karen Quiroga—que Monreal “saque las manos del proceso electoral no solamente de Aguascalientes sino en todo el país”.

En el desafuero total la integrante de la dirigencia perredista demandó la renuncia del veterano político a su condición de senador —cargo de elección popular y por lo tanto irrenunciable—, mientras que su copartidario Ángel Ávila exige prisión preventiva de oficio para el oriundo de Plateros.

Maniobras, todas ellas, orientadas a justificar desde ya una previsible, contundente derrota en las urnas, y la consecuente judicialización de los comicios.

Acompañados por otros integrantes de la Dirección Nacional del moribundo Sol Azteca, ambos dirigentes presentaron ante la Fepade la denuncia 62 en contra del también exgobernador y exjefe delegacional.

Los precedieron sin embargo en apersonarse ante la entidad encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti los candidatos a alcaldes de la capital aguascalentense por el PRI, Netzahualcóyotl Ventura Anaya, y por el PRD, Iván Sánchez Nájera, entre muchos más.

De acuerdo con la versión del diario más abiertamente enemistado con la 4T, en un mitin de campaña del candidato del guinda a la alcaldía de aquella ciudad, Arturo Ávila, Monreal dijo:

“Quiero pedirles que no dejen solo a Arturo, yo hago un compromiso con ustedes, si ustedes le ayudan a Arturo para ser presidente (alcalde), aquí habemos seis senadores, y somos la mayoría en el Congreso de la Unión, si ustedes le ayudan a Arturo, nosotros desde México, en el presupuesto vamos a ayudarle a Aguascalientes”.

¿Dónde está la violación a la ley, si el militante de un partido respalda a un correligionario suyo en campaña?

¿Mintió Monreal al decir que su partido es mayoría en el Congreso y al sugerir que está en aptitud de gestionar recursos para las comunidades?

¿Hizo trizas la ley al ofrecer procurar dinero para obras públicas, cuando es integrante de una cámara que no conoce del Presupuesto de Egresos porque esto es facultad exclusiva de la otra cámara del Congreso?

Y, si en lugar de senador fuera diputado, ¿cabría creer que él y sólo él determinaría la orientación del Presupuesto en una corporación donde las decisiones se toman de manera colegiada?

Dijo más en el mitin el zacatecano; pero nada que se asemeje siquiera a un delito electoral:

“Si ustedes ganan Aguascalientes, nosotros le vamos a ayudar a Aguascalientes; a que pueda cumplir (su candidato) con todos sus compromisos de campaña”.

Y añadió:

“Somos serios y hacemos un compromiso: tan luego gane, lo citaremos allá para ver los proyectos y ser gestores ante la Cámara de Diputados para el presupuesto… De la Ley de Ingresos, que nos toca a nosotros (senadores) aprobar, respaldaremos a Aguascalientes”.

Podrá alguien decir que por encima de filiaciones partidistas es obligación de todo político respaldar las gestiones en favor de su terruño, quienquiera que sea el promotor de las mismas. Cierto. Sólo que Monreal se hallaba en un mitin de Morena.

Mal podría entonces reprochársele al presidente de la Jucopo senatorial que no hubiera verbalizado su respaldo a aspirantes de otros partidos. Sería como recriminar por qué un tratado sobre mapaches  no incluye información sobre la taxonomía del pejesapo o la “vaquita amarilla”…

Definir el destino de los dineros públicos —por lo demás— es tarea que comparten Ejecutivo y Legislativo; el primero al elaborar el Presupuesto en función de su propio orden de prioridades e interés acerca de a cuáles sectores destinar la inversión. El segundo, al debatir y aprobar el Presupuesto.

Renglón aparte merece el instrumento denominado Provisiones Salariales y Económicas —el desprestigiado Ramo 23—, en el pasado llamado Erogaciones no Sectorizables.

De este rubro salieron los moches que, según denuncia de Ernesto Ruffo y otros panistas, abultaron la cartera de diputados, alcaldes y dirigentes de su partido, en una práctica frente a la cual el llamado de Monreal en Aguascalientes parece cosa de niños.

Sorprende la quisquilla de políticos que consintieron el cobro de sobornos para asignar presupuestos desde el Congreso por el guanajuatense Villarreal. Sí, aquel coordinador de diputados que, por lo visto, entendía su misión de representante popular como gestor de recursos… para espectáculos de desnudistas.

Por si algo faltara, el episodio tiene una arista intramorenista asimismo absurda y politiquera.

La Comisión Nacional de Honestidad del partido que encabeza Yeidckold Polevnsky, presidida por Héctor Díaz Polanco, ya pondera la factibilidad de investigar de oficio este asunto que debería ser de plano desechado.

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