Sin duda la inmigración masiva de personas sin documentos que se está viendo en la frontera sur de Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador es, luego del coronavirus, el problema más fuerte que tiene el presidente Joe Biden. Irónicamente, ese flujo migratorio beneficia de gran manera a las empresas que tienen contratos millonarios manejando las cárceles privadas donde se les detiene.

En Estados Unidos la detención en la frontera de aquellos que entran sin visa no es una función estrictamente gubernamental como muchos se imaginan y como sucede en otros países, sino que es llevada a cabo por compañías privadas que brindan servicios con jugosas ganancias, que van desde proveerle al estado albergues carcelarios, hasta vuelos privados para los deportados, préstamos financieros con altas tasas de interés para quienes pueden salir bajo fianza, servicios de salud y primeros auxilios, alimentos y transferencias de fondos desde el extranjero.

El negocio es redondo ya que aun cuando infinidad de personas que cruzan la frontera ilegalmente son detenidas y deportadas inmediatamente, la ley requiere protección y albergues para las familias y los menores que vienen sin adultos y para todos aquellos que dicen tener razones para pedir asilo.

Por consecuencia se requiere de infinidad de centros de detención y de ahí el éxito económico de las cárceles privadas, estimándose que a ellas va a dar el 75 por ciento de los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas conocido como ICE. Quienes han logrado salir de ahí, hablan de malos tratos, alimentos incomibles, indiferencia hacia los enfermos y brutalidad en general.

Sin embargo, siendo este un país con 2.3 millones de personas viviendo tras las rejas, el negocio de las cárceles privadas de todo tipo está en su mejor momento.

Y si bien cumpliendo una promesa de campaña, el presidente Joe Biden ordenó ya la cancelación de contratos del gobierno federal con esas empresas, se trata solo de cerca de 14 mil reos los que por lo pronto serán trasladados a prisiones manejadas por su administración. No hay una ley que impida a los gobiernos estatales dejar a sus reos en manos privadas, básicamente de dos empresas: CoreCivic y GEO Group, esta última una de las más grandes donantes a Donald Trump.

Pero la inmoralidad de beneficiar a unos con el encarcelamiento de otros, no es nada nuevo. Las prisiones empezaron a privatizarse en 1800 y tuvieron gran auge después de la Guerra Civil. Hoy día es todo una industria de millones de dólares, que se ha beneficiado enormemente por el incremento de 500 por ciento de la población carcelaria en los últimos 40 años.

Estados Unidos tiene el cinco por ciento de la población mundial, pero cuenta con el 25 por ciento de los reos de todo el mundo y un nivel de encarcelación cinco veces más alto que el resto del planeta. Nunca antes en el mundo civilizado se encerró a tanta gente. Hay más presos aquí que en ningún otro país incluyendo Rusia o China. El número de personas que está en la cárcel es cinco veces más grande que en Gran Bretaña, nueve veces más que en Alemania y doce veces mayor que en Japón.

Y no es que los 325 millones de estadunidenses sean más malos y delincuentes que el resto de los terrestres, sino que las penas son más largas que en cualquier otra parte y la justicia aquí es menos complaciente y mucho más dura que en cualquier otra nación con niveles socioeconómicos similares. Aquí el que la hace la paga, sobre todo si no tiene dinero.

Los que van a dar a la cárcel son principalmente los afroamericanos y los latinos, quienes aún si no cometen delitos graves o violentos en la mayoría de los casos carecen de los medios económicos para contratar buenos defensores o para pagar las fianzas con las que podrían quedar libres. El sistema de justicia es mucho más benévolo para aquellos ciudadanos con dinero, amistades y buenos abogados, pero no es tan complaciente con los pobres y las minorías.

Las cárceles están llenas no solo de asesinos, violadores o criminales peligrosos, sino en su mayoría de individuos que usan o se les encontró alguna droga. Además hay estados como California, donde quien cae en la cárcel por tercera vez, no importa que tan pequeño sea el delito, es sentenciado a 25 años como mínimo o a vida en prisión.

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