La semana pasada el argumento era que la gratuidad existía porque la ley lo establecía. Hoy, el Director modifica su discurso y señala que la gratuidad total se logrará en el 2021 y pide a la sociedad paciencia, que los cambios no se dan de la noche a la mañana. En esto último coincido y lo que generó la crítica infundada a la falta de operatividad en el inicio del Instituto es la narrativa gubernamental, que exageró los efectos de la instalación de dicho organismo público descentralizado, que sustituye al Seguro Popular.

¿Va a fracasar el Insabi? Espero que no. Todo lo contrario, soy un convencido de la atención universal no contributiva directamente por el paciente —esto no significa que sea gratuita como la sostiene fantasiosamente la 4T.

El objetivo es que cualquier persona que habita en el país reciba atención médica oportuna y de calidad sin que por ello realice un pago directo por el servicio o el medicamento. ¿Cuál es el modelo de gestión pública que permite lograrlo? Ése es el cuestionamiento.

El diagnóstico es conocido. Los estudios de Funsalud, desde la década de los ochenta, han difundido la situación de fragmentación institucional, concentración de los servicios en poblaciones urbanas y de altos ingresos, doble pago, insuficiencia de la cobertura y deficiencia en la calidad por la saturación y la no accesibilidad, la falta de esquemas de coordinación entre institutos y gobiernos, el déficit en infraestructura y personal, la no orientación preventiva de la medicina y un largo etcétera.

Nada nuevo, lamentablemente, con un lento pero constante mejoramiento. Las cifras muestran este avance, los rezagos y pendientes. Hay que señalar que no ha sido suficiente para el ritmo de crecimiento poblacional, ni para generar un piso para el combate efectivo de la desigualdad social. Los efectos económicos de la falta de salud son una de las principales consecuencias por la que una familia o un individuo no puedan acceder a un nivel de vida digno.

Hace treinta y seis años, fecha congruente con el discurso gubernamental, se pretendió superar estos rezagos con tres ejes fundamentales: descentralización de los servicios de salud a los estados, integración del sector público con el privado (subrogación, subcontratación y sector asegurador privado) y garantizar viabilidad financiera al sector público.

El enfoque de ayuda social se mantuvo con los servicios de solidaridad (hoy bienestar) a población abierta del IMSS, los seguros voluntarios como el de salud para la familia, la asistencia social con la red de hospitales del sector salud federal y los servicios de salud estatal y la transferencia de recursos a los gobiernos locales por la vía del Seguro Popular.

IMSS Bienestar, ya lo constató el Presidente en sus giras, funciona con eficiencia, confianza e impacto positivo en la población marginada en zonas rurales. Los Institutos Nacionales de Salud se han modernizado, organizado mejor y aumentado su presencia y población atendida, pero carecen de recursos suficientes para ampliar la cobertura de la medicina especializada de tercer nivel y, conservadoramente, hay que duplicar su presupuesto y regionalizarlos.

Los servicios de salud estatal tienen un desempeño diferenciado en dos sentidos: la calidad y cobertura varían significativamente y las estrategias de salud pública no son homogéneas nacionalmente. Hay una necesidad de mayor coordinación en temas de prevención de enfermedades y de referencias y contrarreferencias hospitalarias.

La transferencia de recursos a los gobiernos locales generó corruptelas documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, que afectaron el prestigio y confiabilidad del esquema de financiamiento, pero que sí aumentó la cobertura a población abierta y acumuló un fondo para la protección de riesgos catastróficos.

Desde 2012 —doy este dato para aquellos que nos ciega la pasión política—, tal vez con anterioridad, ya había una fuerte crítica al modelo de quienes pretendemos que se logre la cobertura universal en la salud. Dos acciones eran urgentes: establecer un paquete universal de atención con costos transparentes y comparables, que permitieran la portabilidad de derechos y servicios y controles más estrictos al manejo financiero del Seguro Popular con una mayor centralización del ejercicio del presupuesto en la compra de medicamentos y administración y pago de nómina.

La orientación de la acción gubernamental en materia de salud, contrario al discurso de la 4T, ha sido hacia la prevención. Basta revisar las campañas contra la obesidad y la diabetes.

El modelo del Insabi recupera alguno de los elementos, pero propone tres acciones opuestas: centralizar los servicios de salud estatal sin considerar su grado de desarrollo, reducir la colaboración de los agentes privados y eliminar los esquemas de ahorro para la atención futura, se paga lo que se hace, no se cubren riesgos de salud en la población.

La crítica consiste en que el modelo centralizado y estatista ya fracasó. El asistencialismo ha demostrado que no es la ruta para la superación de la pobreza. Hay que ser creativos, pero sobre todo, no hay que olvidarlo, cualquier modelo será insuficiente si no destinamos más presupuesto a la salud.

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