El patente fracaso de la 4T en la atención del problema de la inseguridad y la violencia, que se refleja en la comisión de alrededor de cien homicidios dolosos cada día —35 mil al año—y se ensaña con escalofriante sevicia en mujeres y niños, perfila una auténtica debacle para la administración de López Obrador. ¡Lástima por el país! Merecido revés para el gobernante.

A estas alturas del gobierno y con los desconsoladores resultados de su estrategia a la vista, el Presidente de la República ya debe estar convencido de que nada bueno reporta nadar de muertito ante este fenómeno, el número uno entre las dificultades nacionales, propulsado primordialmente por el narcotráfico.

El jefe del Estado se ha abstenido de aplicar políticas audaces, medianamente eficaces y de efectos inmediatos para tratar de pacificar el país.

Ha optado por planes atinados, sí, pero de largo plazo, que implican un ensueño y un inadmisible sacrificio generacional.

Que los mexicanos del presente apechuguen en aras de un incierto futuro de paz y prosperidad para sus hijos y nietos suena bien, pero es una injusticia.

Le ha sacado el cuerpo el Presidente a la adopción de ensayos innovadores, ambiciosos, a la medida de la crisis. Lo que no quiere decir más plomo y más acciones bélicas.

Le ha sacado el bulto, concretamente, a explorar con seriedad y sin engañifas, sin tomaduras de pelo, la legalización de las drogas, la menos mala de las opciones en un campo en que la disyuntiva radica en elegir entre lo malo y lo peor. Medida aquella que ha resultado razonablemente exitosa en otras latitudes.

La consecuencia de este apocamiento y falta de arrojo presidencial ha sido la persistencia —peor aún, el recrudecimiento— del desangre nacional heredado de Felipe Caderón y Enrique Peña Nieto.

No da pie con bola el gobierno en el manejo del tema de la violencia, mientras sus antagonistas atizan la hoguera y se frotan las manos a la espera del agravamiento del mismo, ansiosos por sacar raja política de la dolorosa situación nacional.

Entretanto, incurren en lamentable error de enfoque quienes reducen el fenómeno de la atroz violencia al feminicidio y sostienen que en México las mujeres son asesinadas “por el sólo hecho de ser mujeres”.

Discurso reduccionista y politiquero que algunos ya buscan trasladar al ámbito del homicidio infantil, como si a los niños asimismo los matasen “por el sólo hecho de ser niños”. Algo que ni Herodes pretendió, aunque tenía la determinación de eliminar todos los infantes, si eso era necesario para atrapar a sólo uno.

La verdad de las cosas es que de los cien asesinados cada día la abrumadora mayoría son varones, sin desconocer que la violencia tiende a agudizarse y ya alcanza a las mujeres, a razón de diez cada 24 horas.

¿Las causas? Numerosas y complejas; pero, entre todas, una resalta por obvia: la incorporación de la población femenina a actividades —lícitas e ilícitas— otrora privativas de los hombres.

El principal riesgo para la integridad de las personas, huelga decirlo, radica en las actividades al margen de la ley, rubro en el cual, debe reconocerse sin el menor afán de lastimar a nadie, las mujeres como sector de población tienen ahora un papel activo.

En la vorágine de violencia que nos envuelve, uno de cada diez asesinatos tiene por víctima un niño, aunque es claro que la fatalidad ya no distingue rangos de edad ni condición social o económica.

Entre los cien mexicanos privados de la vida entre un sol y otro hay niños y ancianos, hombres y mujeres, ricos y pobres, policías y delincuentes, servidores públicos, políticos, empresarios, indígenas, campesinos, activistas, dirigentes sociales…

Y, en un escenario en que la violencia se ceba sobre la sociedad toda, mal puede suponerse —por irritante y políticamente incorrecto que sea— que el feminicidio es el que ha puesto contra las cuerdas a la administración obradorista.

El gobierno ha fallado en su responsabilidad de garantizar la seguridad personal, familiar y patrimonial de los mexicanos en general.

Visto así el asunto, y si en gracia de discusión se admite que la inseguridad y la violencia de algún modo son producto del deterioro moral e institucional y de la pérdida de valores derivada del neoliberalismo, el antídoto aplicado ha sido peor que enfermedad.

O, para decirlo con el concepto que tanto exaspera a nuestro Presidente, en la 4T el neoliberalismo sigue tan campante, haciendo de las suyas.

Parte de la estrategia de seguridad ha consistido en inhibir la fuerza legítima del Estado. Sólo que una actitud meramente contemplativa del gobierno, replegando al ejército y la fuerza pública para evitar que actúe como un agente más de violencia, quizá pudo haber funcionado con Peña Nieto. Ya es tarde para algo parecido.

En 2012 no pocos consideraban que, siendo el narcotráfico como es, un problema esencialmente de Estados Unidos, y visto que el gobierno de ese país no ha tenido nunca interés genuino de resolverlo, sino sólo de utilizarlo como pretexto intervencionista en el mundo entero, lo más conveniente para los mexicanos era hacer la vista gorda.

Es decir, mirar para otro lado y acuartelar soldados, marinos y policías mientras en las calles los carteles, robustecidos durante el calderonato, trasegaban drogas y arreglaban con metralla sus disputas.

En el punto de la historia en que ahora nos hallamos eso, la simple exclusión de las fuerzas armadas, que es decir el cese de la guerra antinarco, ya no funciona. Para colmo, la legalización también tendrá que ser a otro precio.

Va de anécdota. A medidos de los 80 de siglo pasado, junto con Manuel Bartlett un grupo de periodistas vieron en la sala de cine de Gobernación la película El asesinato de los Estados Unidos. Versaba sobre el altísimo armamentismo civil en el país vecino y cómo con semejante posesión de armas se estaba virtualmente asesinando a esa potencia.Han pasado tres y media décadas y tal armamentismo prosigue el aniquilamiento del país vecino, agravada su letalidad por el irrefrenable consumo de drogas que mata a otro tanto de ciudadanos, sin que ello les haya quitado el sueño a los gobernantes gringos, empezando por Donad Trump.

A la luz de esta evidencia y de las escandalosas cifras de homicidios dolosos, es inaplazable decir ¡basta! México no tiene por qué hacerles la chamba a los ocupantes de la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Justicia.

Procede legalizar ¡ya! las drogas. Sólo que ahora los beneficiarios del prohibicionismo son legión y protegen por los cuatro costados su negocio.

¿Quiénes? En primer lugar, los traficantes; pero también otros usufructuarios:

Policías, ministerios públicos, fiscales, políticos, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, y desde luego empresarios lavadores de dinero y hasta curas recipiendarios de regias limosnas.

Todos ellos desde sus trincheras les dan cobertura a los narcos, como podrá constatarse en el inminente debate legislativo sobre la legalización de la mariguana, que nos permitirá ver quién es quién en el fenómeno del narco y su secuela de inaudita violencia.

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