Opinión


Inseguridad, gobernantes a cuentas

Inseguridad, gobernantes a cuentas | La Crónica de Hoy

Menos marchas y más propuestas concretas de activistas, opositores del gobierno y expertos –o sedicentes expertos--, eso es lo que se requiere para tratar de resolver, sin politiquería, el problema de la inseguridad pública y la violencia. Problema convertido desde diciembre de 2006 en el número uno de nuestro país, el que condiciona la solución de otros muchos de los más acuciantes asuntos nacionales.

Viene a colación este señalamiento ya que este domingo se cumplirán cuatro días continuos de intensa agitación social por cuenta de la Marcha por la Verdad, Justicia y Paz, que partió el jueves de Cuernavaca, organizada por Javier Sicilia y Julián y Adrián LeBarón, entre otros integrantes de esta familia víctima de la barbarie.

Lapso durante el cual se ha escuchado hasta la exasperación el estribillo de modificación de la estrategia contra la delincuencia, la inseguridad y la violencia, sin que nadie formule planteamientos específicos acerca de en qué debe consistir el cambio.

La inseguridad como elemento de zozobra social no inició con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, pero éste la potenció de una manera punible hasta los niveles de espanto que ahora presenta, sin que el Jefe del Ejecutivo 2006-2012 haya sido alcanzado por el brazo de la justicia.

Propulsada principalmente por el narcotráfico, la violencia fue sostenida virtualmente en el mismo rango por Enrique Peña Nieto, y apunta para más de lo mismo con Andrés Manuel López Obrador, cuyas cifras en la materia son similares, proporcionalmente, en lo que va corrido de su gobierno.

Si Calderón debe ser llamado a cuentas, no hay razón alguna para que Peña no sea llamado a cuentas ni la habrá, al final del presente sexenio, para que López Obrador no sea sujeto de idéntica exigencia, la de responder ante la justicia por sus acciones u omisiones.

A estas alturas de la historia ya es imposible consentir, en lo tocante a la estrategia de seguridad, las exasperantes variaciones sobre el mismo tema, los ensayos y palos de ciego que los mexicanos hemos sufrido por más de una década. Así la 4T pretenda vender sus planes como un producto distinto de los precedentes.

Los gobernantes abandonarán la actitud pusilánime frente a los problemas que les corresponde resolver el día que paguen con su libertad o de su peculio, la indolencia, los yerros o, peor aún, las trapacerías en que incurren ya sea de manera directa o por interpósito compinche.

Desde hace más de tres décadas –en 1985 fue asesinado el agente de la DEA Enrique Camarena y en 1994 el candidato a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio-- México se ha debatido en una violencia creciente, en medio de promesas y hueros compromisos de los gobiernos sucesivos, sin que ninguno haya atinado a contenerla, sino al contrario.

Esto significa que el agobiante fenómeno ha sido diagnosticado en demasía y hasta convertido en cantera de corrupción. Así lo probó la detención, en 1997, del zar antidrogas Jesús Gutierrez Rebollo, y acaba de confirmarlo la captura de Genaro Garcia Luna, brazo derecho, colaborador mimado, consentido, de Calderón Hinojosa.

Si del lado de los gobernantes el desempeño en el terreno de la inseguridad pública ha sido –mejor dicho: es-- deplorable, en modo alguno ha sido mejor en lo tocante a los adversarios político-partidistas, opositores obcecados, sistemáticos, irracionales, de cada administración.

Ni que decir de muchos dizque expertos, que en la mayoría de los casos desde columnas de prensa han avalado programas de gobierno en materia de seguridad menos por conocimiento real del tema que por compromisos mercantiles.

Para no hablar de ciertas víctimas que pasaron del duelo al más alegre protagonismo y hasta el lucro con su tragedia, mediante el usufructo de membretes –asociaciones civiles, fundaciones, observatorios, consultorías-- financiados por el poder público, muchos con fines de golpeteo político-partidista.

Tal como están las cosas, el cambio de estrategia concierne a la manera en que el gobierno combate el delito que actúa como locomotora de las principales expresiones de delincuencia, el narcotráfico. Y, con relación a este ilícito, la propuesta es única y se llama –a riesgo de sonar como disco rayado-- legalización de las drogas.

Medida ésta de la legalización a la cual todo el mundo le saca el cuerpo, porque es más fácil lanzar al aire con grandilocuencia la vaguedad de un cambio de estrategia, sin precisar el cómo, aun a sabiendas de que la violencia persistirá mientras el prohibicionismo siga vigente.

La marcha organizada por Sicilia y los LeBarón, a decir de los convocantes, no tiene por finalidad atacar ni dañar al actual Jefe del Estado ni señalar culpables, sino un objetivo preventivo y pedirles a las autoridades que cumplan sus responsabilidades. “No es una protesta, es una petición al gobierno, un acto de solidaridad de los mexicanos que queremos que se nos quite el miedo”, a decir de Adrián LeBarón.

Pecan de candorosos quienes llamaron a la marcha bajo la supuesta inocuidad política de la misma. Anunciada apenas su realización los opositores más recalcitrantes del gobierno federal comenzaron a acarrear agua a su molino, blandiendo hasta la náusea datos en efecto irrebatibles del fenómeno que nos agobia.

Por ejemplo, que México es el país más violento de la OCDE con una tasa de 27 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes –35,588 asesinatos de este tipo en 2019, el año más violento desde que se tiene registro—y estados aun en peor situación que los países más violentos del mundo, Honduras o El Salvador.

En Guerrero grupos de autodefensa han armado a niños y siguen sin ser resueltos el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y también sin explicaciones de las autoridades la masacre contra los LeBarón.

Episodio, este último –como ya se dijo aquí—, que Julián LeBarón no Alfonso Durazo ni ningún otro funcionario atribuyó a una confusión, cuando las inmediaciones del rancho La Mora aún olían a pólvora.

Se entiende el inmenso dolor de las víctimas y el impacto traumático de un hecho como el ocurrido el 4 noviembre en Bavispe; pero, aun en medio de la ofuscación, debería haber lugar para la honestidad intelectual y la asunción de responsabilidad de los dichos propios.

No tiene presentación el que Julián haya dejado pasar toneladas de agravios en contra de Durazo, por cuenta de observadores poco atentos quienes, mentirosamente, acusaron al secretario de Seguridad de haber sido primero en hablar de confusión en torno del salvaje ataque.

De la marcha cuyo clímax se vivirá este domingo se espera que surjan propuestas específicas, ya sea en el sentido de más fuerza y plomo por parte del Estado o mayor laxitud; pero, en todo caso, no exposiciones etéreas. Y que sean presentados al gabinete de seguridad con la exigencia, entonces sí, de que sean tomados en cuenta.

 

aureramos@cronica.com.mx

 

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