El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México detectó la forma en que algunos intermediarios se apoderaban de créditos de vivienda o departamentos destinados a personas vulnerables y de escasos recursos.

Entregaban un padrón, el cual a la mitad del trámite o días antes de la entrega del proyecto presentaba cambios en los nombres de los beneficiarios o modificaciones en el número inicial de solicitantes.

Es decir, primero (el padrón) estaba conformado por 80 personas y al final terminaba con 50, lo que daba pie a que los intermediarios (algunos representantes de las organizaciones) se quedaran con 30 créditos o viviendas, que podían manejar a su antojo.

Por tal motivo, de ahora en adelante, el Invi está obligando a las organizaciones y grupos sociales a registrarse en una plataforma, lo mismo que el proyecto que gestionarán ante el instituto.

Toda la información será pública y se subirá a la página web del instituto.  “Se incluye la obligación del registro de todas y cada una de las organizaciones y grupos sociales que cuenten con demanda identificada, así como los proyectos que gestionan ante el instituto. Lo anterior se publicará en la página de internet del INVI, en los términos que marca la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México”, explicó el Invi.

Y agregó: “Se hará un registro de identificación por cada organización beneficiada para evaluar el grado de recuperación, que servirá de referencia para la autorización de nuevos proyectos”.

El Invi aclaró que no todas las organizaciones lucran con la necesidad de las personas que requieren vivienda, por lo que está dispuesto a trabajar de la mano con las que cumplan con el trámite.

De antemano reconoce como actores fundamentales y necesarios a las organizaciones sociales, siempre que éstas representen legítimamente los intereses de sus integrantes en pos de una vivienda digna.

“Se propone la corresponsabilidad para que sus agremiados cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación”.

Lo anterior luego que el Invi realizó modificaciones a las Reglas de operación para evitar ­corrupciones.

Por ejemplo, los financiamientos directos únicamente se autorizarán para las personas registradas en la bolsa de vivienda, quienes deberán comprobar su situación vulnerable o que formen parte de algún programa social.

“Así se evitará que se lucre o se condicionen los apoyos”, explicó la dependencia.

Asimismo los estudios socioeconómicos serán aplicados y validados en campo para verificar que son sujetos de crédito.

También se eliminará la posibilidad de que se realicen sustituciones de solicitantes, salvo en determinados casos, que por derecho tenga la población original del predio.

Según el instituto se obligará a las organizaciones y grupos sociales, sean corresponsables de que sus agremiados cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación, y en caso contrario, los créditos serán asignados a otros solicitantes.

Aclaró que en caso de que resulten departamentos adicionales en los proyectos, éstos se destinarán a los solicitantes registrados en la bolsa de vivienda.