Las Secretarías de Hacienda y de Economía investigan la complicidad de funcionarios públicos de alto nivel del sexenio pasado con redes nacionales e internacionales de contrabando de mercancías.

De acuerdo con las indagatorias, los operadores al interior de las dependencias y los contrabandistas se aliaban para hacer mal uso de programas sectoriales y sistemas administrativos relacionados con el comercio exterior.

Las industrias nacionales más perjudicadas son las de servicios de exportación, maquiladora y manufacturera; por ejemplo, la textil y del calzado, lo que ha implicado la pérdida de miles de empleos y ha puesto en riesgo otros tantos.

En Hacienda, los cochupos apuntan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, en específico, a la Administración General de Aduanas y a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), área que ya está en proceso de reestructuración.

A través de sobornos, el modo de operación consistía en otorgar permisos o incorporaciones a programas como el de IMMEX, el cual permite realizar importaciones temporales de diversos insumos para transformarlos y luego exportarlos, libres de impuestos y de IVA y sin revisiones exhaustivas en la estructura aduanera. Sin embargo, los traficantes han utilizado este aval para ingresar al país mercancía terminada o ajena a su ramo, para luego filtrarla al mercado negro o incluso a cadenas formales, mediante facturas falsas.

Otra de las argucias ha sido la autorización de mercancía subvaluada, incluso por debajo del valor de la materia prima pero, más aún, la distorsión de investigaciones señaladas en la ley para estos casos, con el objetivo de devolver a los mafiosos cuantiosas sumas de dinero. Esta última modalidad permitió un desfalco a las arcas públicas durante los últimos años del sexenio anterior de al menos 55 mil millones de pesos, de acuerdo con datos del propio SAT.

Otra de las prácticas amañadas es el registro de empresas, muchas de ellas fantasma, como Operadoras Económicas Autorizadas (OEAS), para facilitar el tránsito aduanero con el argumento de que la actividad empresarial está plenamente identificada. Sin embargo, esta clasificación ha sido empleada por los corporativos “fachada” para comercializar productos de manera ilegal.

Las pesquisas del actual gobierno federal están encaminadas a descifrar quiénes, dentro del aparato oficial, participaron en la entrega de estas licencias, en la simulación de expedientes y certificaciones y en el reembolso de recursos a bandas, en un esquema similar a las condonaciones fiscales reveladas en los últimos días.

IMMEX. El Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006, y reformado en mayo de 2008 y diciembre de 2010. En la actualidad, más de 6 mil 300 empresas están incluidas en la lista de este programa, el cual permite —como decíamos— las importaciones temporales.

Su desviación hacia el comercio fraudulento despuntó desde principios de 2015, después de la emisión de un decreto (26 de diciembre de 2014) para combatir la ilegalidad en los sectores textil y de confección.

Los contrabandistas encontraron en este esquema la posibilidad de disfrazar la entrada al país de mercancía ilícita. Conforme a los expedientes gubernamentales, su maniobra consiste en rentar los padrones IMMEX de las empresas, a cambio de cuotas cercanas a los 100 mil pesos mensuales, más un porcentaje de comisión sobre las compras.

“‘Le doy 80 mil pesos mensuales y déjeme usar su IMMEX, sobre lo que yo importe con su programa le doy una comisión de entre 3 y 4 por ciento’, ésa es la forma de operar; los empresarios que aceptan ser cómplices se meten 400 o 500 mil pesos al mes sin hacer nada, y a los contrabandistas es muy difícil agarrarlos, porque se pulverizan en varias compañías tramposas”, describió uno de los informantes de la pesquisa.

En algunos casos, con ayuda de supuestos servidores públicos, la delincuencia conformó compañías fantasma para conseguir este permiso de importación.

Con la etiqueta IMMEX, la cual —en teoría— es certificada por la SHCP, las revisiones en Aduanas se simplifican e incluso se anulan.

Aunque por ley los productos importados bajo esta modalidad deben ser retornados al extranjero, estas redes incurren en el reenvío de papel, con camiones o contenedores vacíos.

SUBVALUACIÓN. El artículo 86-A de la Ley de Aduanas (reformado en diciembre de 2013) obliga a quienes importen de manera definitiva mercancías a un precio inferior al estimado por Hacienda, a depositar una garantía en las cuentas aduaneras, equivalente al monto de la subvaluación. Si de acuerdo con el valor de mercado, por ejemplo, un suéter vale 100 pesos y es importado a 40, los 60 restantes deben ser depositados en las arcas públicas, en tanto la autoridad realiza una investigación sobre la legalidad de esa transacción.

Según la normatividad, la autoridad tiene seis meses para rastrear al importador y al exportador, así como el origen del pedimento y la factura, entre otros aspectos. Si al final de ese lapso detecta alguna anomalía o estafa, el erario ejecuta la garantía y se queda con el dinero, además de fiscalizar al involucrado; en caso contrario, los recursos son devueltos al importador.

De forma increíble, desde la aplicación de este precepto, en 2014, hasta el final del sexenio peñista y principios de la administración lopezobradorista, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) regresó el 100 por ciento de los depósitos, porque su personal especializado fue incapaz de comprobar algún ilícito, pese a los altos niveles de subvaluación, incluso por debajo del valor de la materia prima (si para el suéter de 100 pesos se gastaban 20 pesos en algodón, la pieza es importada a menos de esos 20 pesos, por ejemplo).

En diversos países, la importación a precios inferiores al de la materia prima es considerada un fraude aduanero.

Desde el gobierno pasado, la instancia encargada en México de realizar toda la investigación y recaudación posterior al despacho aduanero, con el objetivo de evitar o prevenir actividades ilícitas ha sido la AGASE, la cual se encuentra ya en proceso de disolución.

“Como vemos el entorno, que se percibe de cooptación agresiva, consideramos prudente el rediseño institucional, reorientarlo por propio bien de los funcionarios que se dedican a esto. Todas las funciones se mantienen, pero es necesario reorientarlas para lograr mejores resultados y actuar distinto”, ha dicho Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, sobre esta área.

Hoy, las corruptelas han derivado en la aparición de grupos dedicados a importaciones subvaluadas, y los cuales ofrecen a sus clientes el reembolso de la garantía referida, aun antes de la averiguación del SAT.

OEAS. La categoría de Operador Económico Autorizado es una especie de certificación a empresas relacionadas con el comercio exterior, la cual es otorgada por el SAT cuando su actividad en materia aduanera es considerada “de confianza" o “sin riesgos".

Esta clase está contemplada en el artículo 100-A de la Ley de Aduanas. Y también implica la moderación de revisiones o facilidades en la importación recurrente…

Sin embargo, al interior de Hacienda se sigue la pista de compañías con esta inscripción abocadas a comercializar productos terminados o mercancías sin cadena de suministro, lo cual representa una competencia desleal para industrias manufactureras y maquiladores, vitales en el engranaje laboral y financiero del país…

TRES MODOS DEOPERACIÓN Y COLUSIÓN1. La incorporación —pagada o no— de empresas reales o fantasma a programas como IMMEX, el cual avala la importación de mercancía temporal para manufacturarla y regresarla al extranjero; en realidad los contrabandistas ingresan al país mercancía terminada, a precios irrisorios, y devuelven contenedores vacíos.2. La importación de mercancía subvaluada, a veces hasta por debajo del valor de la materia prima; aunque la ley marca el pago de una garantía mientras se investiga la licitud de la operación, personal del SAT —por complicidad o ineptitud— ha regresado el 100 por ciento de los depósitos a los contrabandistas.3. La manipulación de certificaciones a empresas —reales o ficticias— como operadoras económicas autorizadas, para facilitarles la importación en un rubro identificado, aunque en realidad se dedican a comercializar otros productos de forma ilegal.