Los cambios en las reglas de operación del Instituto de Vivienda (Invi) son un parteaguas para que las familias menos favorecidas obtengan un crédito, así como para eliminar prácticas corruptas y a los gestores que lucran con la situación, aseguró su director, Pedro Sosa Álvarez.

Sin embargo, expuso en entrevista con Notimex, este año el Invi no otorgará más créditos, en virtud de que los dos mil 100 que se tienen previstos ya están comprometidos desde tiempo atrás, y con los recursos de la institución se está apoyando la reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017.

No obstante, subrayó, los capitalinos que tengan ingresos de hasta cinco salarios mínimos y no cuenten con vivienda pueden acercarse al instituto para hacer una solicitud de forma directa e inscribirse a la bolsa de vivienda, a fin de ahorrar.

A esta bolsa, detalló, deben entrar todos los ciudadanos que solicitan un crédito al Invi; hay 26 mil personas que se encuentran ahorrando, pero en caso de que no quieran continuar el ahorro se les devuelve su dinero con intereses.

El funcionario reconoció que la ciudad tiene una enorme demanda de vivienda, pero debido a que se están atendiendo todos los compromisos de créditos adquiridos con anterioridad, “probablemente el año que viene también tengamos una restricción en el sentido de los recursos”.

En este sentido, enfatizó que no se permitirá que intermediarios engañen a la gente y que piden dinero a cambio de inscribirlos en un registro de vivienda, "por las razones que sean, ya sea comerciales, robo, partido político y religión".

Sosa Álvarez reconoció que no sólo son los partidos políticos los que se aprovechan de la necesidad de vivienda en la capital del país, sino gente que ha hecho de esto un negocio propio.

“Hay de todo, gente que viene aquí porque es su negocio; entonces, gestionan, independientemente que sean partidos. No podemos decir, porque eso es muy relativo, que sean partidos, movimientos, organizaciones o un negocio de inmobiliaria, hay de todo tipo, pero son terceros; no es la gente que viene a pedir o solicitar, sino gente que está trabajando en eso: ofertar vivienda”, dijo.

Ante ello, consideró que hace falta una cultura de la denuncia, porque el Invi no es una institución de investigación, aun así las personas que acuden a quejarse, que las han robado, son orientadas para que acudan al Ministerio Público y presenten la querella.

Hasta hace poco había un Ministerio Público donde se hacían las denuncias de ese tipo, pero "tuvo que moverse de aquí", pero en el instituto orientamos a los ciudadanos para acabar con estas prácticas, añadió.

Sosa Álvarez admitió que en las reglas de operación se permite que organizaciones y grupos sociales obtengan créditos para sus “agremiados”, aunque éstos deben cumplir con los requisitos establecidos, como pertenecer a grupos vulnerables y no tener vivienda.

Como ejemplo comentó que pueden llegar a representar grupos de 100 personas que necesitan vivienda, pero se verificará "si realmente son del rango de uno a cinco salarios, y además tienen un proyecto de un terreno, donde hay una persona que es el dueño".

Casi 80 por ciento de las acciones de vivienda que otorga el Invi se hacen mediante organizaciones y grupos sociales, y entre 20 a 30 por ciento se atiende a partir de la bolsa y de los ahorradores de esta, pero ahora se va a respetar la máxima jurídica que establece que “el primero en tiempo, es primero en derecho”.

El titular del Invi reconoció que obtener un crédito para una acción de vivienda del instituto puede llevar años, pues los casi dos mil 100 que se entregarán este año, y de los que ya se han autorizado, “entre 300 y 400” datan de tres a cinco años atrás, desde que iniciaron su gestión.

"Los que se están entregando, que se terminaron, tienen cuatro o cinco años iniciados, desde que se comenzó a conseguir el predio, se hizo toda una gestión para que ingresaran al Instituto de Vivienda en un proyecto y, luego, la construcción, que también tarda".

En este sentido, insistió en que los recursos que se destinarán este año son compromisos que ya se habían adquirido; "en estos momentos no tenemos compra de suelo, porque todo este recurso fue destinado a reconstrucción de la ciudad. No hay créditos porque no hay compra de suelo”.

Además, recordó que el Invi no oferta vivienda, sino que la financia mediante créditos a las personas de escasos recursos, que tengan ingresos de hasta cinco salarios mínimos, sean mayores de edad y no tengan un inmueble dónde vivir, y pueden ser desde amas de casa que venden por catálogo hasta profesionistas.

Respecto a las nuevas reglas de operación, detalló que los financiamientos se autorizan a las personas registradas en la bolsa de vivienda, que comprueben su situación de vulnerable o formen parte de un programa social, para evitar que se lucre o se condicione con los apoyos.

“Si no le damos atención a terceros, no va a haber ni ladrones. Esperamos que no haya ya gente, vamos a desalentar, que terceros estén en nombre de otras personas haciendo gestiones, ya sean partidos, inmobiliarias”, estableció.