Dos años y medio de gobierno y el escenario social, económico y político mexicano aparece como una suma congestionada de desgracias mayúsculas e irresueltas, impuestas por la realidad y por decisiones inconcebibles por su dimensión y tosquedad.

A esa suma de medidas inconexas pero consistentes en su dudosa constitucionalidad, se le llama “cuarta transformación”, y su lista es larga y abigarrada: de la cancelación del aeropuerto (la obra de infraestructura más grande en décadas), a la presencia omnímoda del Ejército en las labores de seguridad pública; de la muerte de mas de medio millón de mexicanos por una gestión desastrosa de la pandemia, a la peor caída económica de América; del aumento de causales para la prisión preventiva oficiosa para muchos delitos incluidos los "hechos de corrupción", a la intromisión directa en la conducción del Poder Judicial. Podemos llenar párrafos enteros, pero se trata de dos años y medio de modificaciones centralistas, convuslión y anormalidad que derivan siempre en el mismo puerto: mayores poderes al ejecutivo.

Si tan solo un puñado de éstas iniciativas prosperan (la enorme mayoría están controvertidas en el poder judicial), quedará trastocada la operación del sistema político, bajo una manera enrevesada de entender la "división de poderes" que favorece la centralización y cuya arquitectura es muy distinta a la democracia constitucional.

Por eso, si algún sentido, si algún desenlace ha de tener el proceso electoral en curso, es el de defender una agenda de “irreductibles” en el Congreso renovado, o sea, las líneas que delimitan esos grandes asuntos que han de ser recuperados, no pueden ser modificados o deben ser defendidos en su concepción constitucional ante el proyecto populista de desmantelamiento sin sentido.

Los cambios que tendrían que ceñirse a “mínimos”, a las reglas más elementales de un acuerdo histórico que con todos sus defectos, ha sido el piso que posibilitó la vida democrática de México. Se trata de estos cinco campos:

1) Reordenar y replantear el contenido de los presupuestos públicos de toda la nación para el año 2022, 23 y 24 en un sentido expansivo, federalista, a favor de los servicios públicos y no clientelar. Esta es una de las más importantes elaboraciones intelectual que tiene la oposición política mexicana a partir del 7 de julio.

2) Reforzar las medidas que permitan clarificar y ensanchar la división de poderes, el legislativo y especialmente entre el Ejecutivo y el Judicial. La revisión de los términos de relación entre estos poderes es un examen necesario para fortalecer el arbitraje y la imparitción de justicia en México.

3) Defender la existencia y el trabajo del conjunto de las instituciones autónomas tal y como las contempla la Constitución. Ellas son la expresión del control del poder y de la especialización técnica para la operación del Estado y la sociedad. Su permanencia es clave para el funcionamiento de la república.

4) De la misma manera, la deliberación y la conversación pública no puede estar sujeta a la violencia e invención recurrente de los “otros datos”; las instituciones que producen información y las agencias y organismos que por ley deben producir información regular, objetiva e imparcial debe ser una tarea crucial, garantizada por el legislativo en este tiempo.

5) Y de manera muy especial: preservar la independencia, los plazos constitucionales en los que se desempeña y la labor del Instituto Nacional Electoral y de su máximo órgano de dirección, el Consejo General.

Se trata de objetivos, ideas, propósitos que -me imagino- el legislativo está convocado a realizar de modo muy especial en este trance de tentación autoritaria. Una propuesta de irreductibles para preservar la democracia en México, pensando ya, en la siguiente cita electoral.