Ante las críticas por la falta de estudios e información, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jimenez Espriú, aseguró que ya están listos el Plan Maestro y los estudios de aeronavegabilidad para el aeropuerto de Santa Lucía, cuya construcción tendrá un costo aproximado de 75 mil millones de pesos y donde estará  garantizada la seguridad a la hora de operar, de manera simultánea, junto con el de la Ciudad de México y el de Toluca.

“Los estudios de aeronavegabilidad en los que el CNAM ha participado con la empresa francesa  Navblue, contratada para el efecto, ratificaron la factibilidad técnica para la simultaneidad de vuelos en los tres aeropuertos del sistema metropolitano con plena seguridad y eficiencia aeronáuticas con una nueva arquitectura del espacio aéreo metropolitano”, aseveró.

Jiménez Espriú rechazó que la operatividad de esa terminal aérea sea incompatible con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como advirtió Mitre, un organismo internacional especializado en aeronáutica, y aseguró: “No hay ninguna posibilidad” de choque entre aviones por esa causa, no hay ninguna posibilidad de colisión (…) hay un control absoluto de los aviones”.

Durante su comparecencia ante comisiones del Senado como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, Jiménez Espriú canceló cualquier posibilidad de utilizar las pistas 2 y 3 de la obra cancelada de Texcoco para desahogar la saturación que registra el AICM y anunció que dentro de la estrategia del Sistema Metropolitano de Aeropuertos se contempla la construcción, hacia finales del 2020, de una tercer terminal  en el AICM.

“Está en el proyecto de este año, si no seguramente a finales del año próximo, una terminal tres, que todavía está en concepción, sí habrá una terminal más”, adelantó.

El titular de la SCT también informó que el costo total de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco fue de 75 mil millones de pesos y no de 120 mil millones de pesos como advertían funcionarios de la pasada administración.

Aseguró que sólo faltan por liquidar dos de los 692 contratos de  esa obra cancelada y sostuvo que a todos los demás inversionistas  ya se les pagó, por lo cual se diluyeron las amenazas y amagos de juicios.

Precisó que esta obra no fue cancelada por corrupción, sino por la catástrofe ambiental y urbana que ello significaba. “Se evitó un desastre ecológico mayor al ya consumado, una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México, la sobre explotación de recursos como el agua, el enorme derroche de recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones”, aseveró.

NO HAY PARA CUÁNDO… Por otra parte, informó que la dependencia se encuentra en serios problemas para concluir el tren rápido México—Toluca, pues entre otras cosas ha triplicado su costo y no hay fecha para concluirlo.

“Tenemos un serio problema porque el presupuesto original fue del orden de 30 mil millones de pesos, en este momento se han erogado del orden de 64 mil millones de pesos y todavía faltan 27 mil millones, es un proyecto que va a costar más de 90 mil millones de pesos”, detalló.

Reprochó que se compraron 30 trenes cuando en realidad se requerían 14. “Tenemos un sistema de control para tren de alta velocidad, cuando no es alta velocidad, es decir, fueron gastos verdaderamente increíbles, mismos que hemos documentado, estamos documentando y que estamos entregando a las instancias correspondientes”, denunció.