El reciente nombramiento del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, obliga a reflexionar sobre la importancia de este órgano jurisdiccional en su papel de garante del nuevo paradigma del orden jurídico en nuestro país, en el que la persona es el centro y los intereses colectivos se subordinan al respeto de sus derechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe encaminar su labor a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Este mandato constitucional que obliga a una interpretación de la norma superior y los tratados internacionales en favor de la protección más amplia a las personas es la guía primordial de su actuación.

El fortalecimiento de la interpretación del orden jurídico a favor de las personas conlleva a un proceso de internalización entre los jueces y demás operadores jurídicos de las motivaciones que dieron origen a la reforma constitucional de derechos humanos. Por ello, la anteposición de los derechos fundamentales de las personas frente a los poderes políticos, económicos y sociales es la principal misión de un juez o cualquier servidor público en una sociedad democrática.

El mantenimiento de esta posición firme en el Poder Judicial y fuera de él exige también que, desde el más alto nivel de la impartición de justicia, se impulse con decisión la independencia, imparcialidad, profesionalismo, objetividad y excelencia de la carrera judicial. Estos valores son el sustento real de una defensa efectiva de la persona ante las violaciones de sus derechos, cuando se plantea un conflicto que involucre a una autoridad que se excede en el ejercicio de su poder o no cumple cabalmente con su competencia.

La interpretación que anteponga a cualquier interés la defensa de los derechos humanos debe ir más allá de los procesos de inducción, capacitación y actualización permanente de los funcionarios judiciales, quienes deben ser los primeros en poner el ejemplo con sus sentencias y actuaciones.

En realidad, esta nueva presidencia tiene la oportunidad de impulsar aún más un cambio cultural radical —no como una mera cuestión de ilustración —sino comprensión en su auténtica dimensión de lo que significa que haya una vigencia efectiva de la Constitución y se abandone la visión de cumplimiento gradual o la idea de que es una aspiración de lo que debe ser el futuro.

La impartición de justicia sólo tendrá un sustento sólido si las sentencias reflejan indubitablemente que hay un convencimiento, desde distintas formaciones y perspectivas jurídicas, que el valor primordial del orden jurídico es proteger al indefenso frente a la arbitrariedad del poderoso. No importan las buenas intenciones de una autoridad para ejercer el poder, ésta debe detenerse si su actuación violenta los derechos de las personas. Sólo así se legitima democráticamente la acción de los órganos del Estado.

En ese sentido, la justicia en la dimensión de los derechos humanos debe mantenerse como guía de la actuación de los jueces. Los debates y resoluciones del Pleno de la Corte y la rectitud en el obrar del Consejo de la Judicatura Federal deben ser ejemplares y que esto suceda es una de las principales responsabilidades de su nuevo Presidente.

La fuerza para garantizar la efectividad de la Constitución debe tener como fuente primaria el comportamiento republicano de los ministros y la claridad de sus criterios. El Presidente deberá guiar el debate para crear un espacio de intercambio racional de propuestas y contrapropuestas, de soluciones jurídico-constitucionales que, a pesar de su confrontación, mantengan un denominador común: la mejor forma de proteger los derechos humanos de las personas. Este es uno de los retos del nuevo Presidente.

Miembro Electo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

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