Opinión


Justicia educativa

Justicia educativa | La Crónica de Hoy

Durante tres décadas la búsqueda de la calidad educativa –es decir, de la mejora en los aprendizajes—fue el eje ordenador de los esfuerzos de las autoridades. En 2018, sin embargo, se produjo un giro en la acción educativa del Estado.

Hubo un cambio de objetivos que quedó plasmado en el artículo tercero constitucional. En 2019 el congreso eliminó de ese artículo el enunciado que rezaba así: “El criterio que orientará a la educación será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”.

El abandono de la calidad como objetivo prioritario de la acción educativa sólo se justifica desde la perspectiva de una ideología absurda que sostiene que la calidad es un concepto perverso, negativo, que se asocia a la intención neoliberal de privatizar la educación.

Esta concepción miope y disparatada no permite observar la verdadera tragedia educativa de México, a saber, que hemos logrado un éxito formidable en la ampliación de la cobertura escolar (más de 37 millones de alumnos) pero que los alumnos no están aprendiendo en la escuela lo que deben aprender.

Tenemos un sistema educativo gigantesco y sumamente costoso (absorbe más de 800 mil millones de pesos) pero en conjunto este sistema no tiene los resultados que esperamos. En las aulas se aprende muy poco. Es un sistema con una calidad mediocre.

No obstante, la eliminación de la calidad como objetivo educativo que hizo el congreso bajo la instrucción de AMLO, trajo consigo la incorporación al texto constitucional de un nuevo concepto: el concepto de equidad educativa (enunciado e, del título II).

El objetivo de este nuevo concepto es combatir las desigualdades educativas, lo cual, creo, a todos --sirios y troyanos, buenos y malos--, nos parece algo excelente. En efecto, la desigualdad es la más grave deformación que sufre el sistema educativo nacional y corregirla es algo que, como defensores de la democracia, debemos apoyar activamente.

La equidad es una vía hacia la justicia educativa. Aplicar una política educativa de equidad debe conducir a hacer una distribución diferenciada de los recursos. No es dar a todos (maestros, escuelas, municipios, estados) lo mismo, sino dar más a quienes menos tienen.

El fin es equilibrar la balanza de la justicia o emparejar el terreno. Hay que concentrar el esfuerzo educativo en los alumnos que menos aprenden, en los maestros que más trabajan --y que reciben bajos salarios-- y en los grupos y escuelas con mayor rezago en aprendizajes.

La equidad nos obligaría a apoyar las áreas del sistema y las modalidades educativas que sufren mayores carencias, en esta lógica recibirían mayores recursos la educación indígena, la educación especial, las escuelas comunitarias de CONAFE, las escuelas rurales, las escuelas normales rurales, la educación inicial, etc.

¿Se está llevando a cabo esta empresa educativa justiciera que los legisladores de Morena consignaron en la constitución? Para comprobarlo veamos los presupuestos educativos de 2019 o 2020 aprobados por la mayoría de la Cámara de Diputados. Se puede ver en ellos que la asignación de dinero se hizo con el mismo patrón inequitativo que aplicaban en el pasado los legisladores del PRI y del PAN y que siguen siendo castigadas con pocos recursos la educación indígena, la educación especial, la educación inicial, las escuelas CONAFE, etc., etc. ¿Qué busca entonces el gobierno actual en educación? Nadie lo entiende.

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