Una vez que el pasado jueves un juez federal concluyera el caso sobre el presunto delito de desacato en el que habrían incurrido los ex jefes delegacionales, José Manuel Ballesteros López y hace un par de meses, Israel Moreno Rivera mismos que injustamente fueron separados de su cargo y consignados ante un juez de control violando el principio de presunción de inocencia y debido proceso que tanto pregonan los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de nueva cuenta vuelven a quedar mal parados.

La determinación del juez federal de exonerar de cualquier cargo a los ex delegados por falta de pruebas y, sobre todo, por la inexistencia de un desacato, confirmó lo que, en su momento, muchas voces aseguraban en el sentido de que la destitución de ambos obedecía a tintes políticos y no jurídicos, por lo que, al final del día la justicia cayó por su propio peso.

Lo anterior se dio a pesar de la presión que tanto ejerció el ministro José Fernando Franco González, quien pareciera que estaba obstinado a que ambos ex delegados fueran privados de su libertad, afortunadamente este se quedó con las ganas pues aún existen juzgadores federales que aplican meramente la ley de manera imparcial en este tan desprestigiado Poder Judicial de la Federación conformado por sus célebres ministros, pues si de hacer favores políticos se trata, para muestra basta un botón como cuando hicieron uso de su supremo poder para desgarrarse las vestiduras y absolver a una presunta secuestradora como Floran Cases quien ya había perdido todas las instancias incluso el juicio de amparo, pues de acuerdo a especialistas y la opinión pública, sólo les bastó esperar que terminara el sexenio de Felipe Calderón e iniciara el de Enrique Peña nieto para concluir el favor y absolverla.

En cambio, a dos ex delegados quienes por cierto, en su momento, fueron los mejores evaluados en la Ciudad de México, como Israel Moreno Rivera y José Manuel Ballesteros López, injustamente el Pleno de la SCJN les desempolvó un laudo que tenía más de trece años archivado con el fin de aplicarles justicia “selectiva” y digo esto, porque pareciera que el ministro Franco, presuntamente tenía una encomienda política más que jurídica, pero las malas lenguas dicen que lo que sí es seguro es que con alguien quería quedar bien políticamente.

Por ello, resulta lamentable que este caso, haya dejado un pésimo e histórico precedente ya que la SCJN emitió un fallo injusto pues careció de una investigación profunda, así como de los elementos necesarios que integran una carpeta de investigación, algo, que ni siquiera un pasante de derecho se atrevería hacer y lo reprobable, es que lo hicieron desde el máximo órgano judicial del país.

Como estos casos hay muchos, y de ahí, que la SCJN tenga una mala imagen ante la ciudadanía y pese a representar uno de los tres poderes de la unión, encuestas realizadas le dan calificaciones reprobatorias, pero esto no parece interesarles a algunos ministros que tienen en sus manos la libertad de mucha gente inocente  pues lejos de trabajar por mejores resultados del alto tribunal, emprenden campañas de defensa de sus jugosos sueldos al congelar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que señala que ningún funcionario de México puede ganar más que el presidente, lo bueno es que en este sexenio por fin se toparon con pared con un presidente de la República que busca el equilibrio de poderes, como restarle, valga la redundancia, los poderes plenipotenciarios con que actualmente cuenta la Suprema Corte ya que esto representa un lamparazo a la opacidad de la que por años ha gozado y por fin terminar con los asuntos de consigna.

A pesar de esas viejas prácticas, los mexicanos estamos pagando tres veces más que los estadounidenses por una Suprema Corte que resuelva los conflictos de mayor relevancia entre Estado y la ciudadanía, pues mientras que en los Estados Unidos, el año pasado le destinaron un presupuesto para su gasto corriente de 94 millones de dólares, a la SCJN se le aprobó un presupuesto en pesos lo equivalente a casi 298 millones de dólares para el pago de nómina de los ministros, abogados, administrativos, entre otros rubros que contempla este tipo de partida.

Con todos esos recursos que se le destinan a la SCJN, es lamentable, que al interior del máximo tribunal se sigan dando asuntos de consigna mismas que se suponía habían quedado en el pasado pero en realidad es que no ha cambiado nada pues las viejas prácticas prevalecen como en los casos de, Israel Moreno y Manuel Ballesteros en donde literalmente, le encargaron a algún ministro desempolvar un caso laboral que data de casi trece años y así afectarlos en su carrera política y ante la opinión pública aún y cuando ninguno de los dos tenía algo que ver por lo que, el ministro se quedó con las ganas de cumplir su maquiavélica encomienda toda vez que la justicia les dio la razón a los ex jefes delegacionales en Venustiano Carranza  delegados.

Twitter: @julioc_moreno