El Presidente López Obrador no debe eludir más su responsabilidad institucional, política, personal e histórica de sancionar, no sólo con sentido de justicia sino también con la ley en la mano, a ese ente etéreo que él ha denominado “la mafia del poder".

Así lo exigen, en forma clamorosa, ya no sólo sus adeptos y ciudadanos sin preferencias políticas, sino hasta los voceros oficiosos del anterior régimen.

La atmósfera está llena de comentarios cargados de indignación en defensa del estado de derecho, la Constitución, las leyes y la normatividad general, base —sostienen, con razón, esos heraldos— de todo orden democrático.

Desde su atalaya le reprochan al Jefe del Ejecutivo el desatinado juicio relativo a que, puestos a escoger entre justicia y ley, hay que optar siempre por la justicia.

Lo dicho por el mandatario —afirman— fue una invitación para que cada mexicano cumpla las leyes que considera justas y deseche las demás.

Reconozcámoslo: eso, cumplir solamente las disposiciones que convienen, es exactamente lo que muchos mexicanos han hecho de manera tan impune como inveterada.

En el copioso chubasco de recriminaciones que se abate sobre el Primer Mandatario éste ha sido tildado de caprichoso, dictador, ayatola, entre otros epítetos.

Calificativos todos de muy grueso calibre, que indican hasta qué punto les resulta caro a esos voceros el imperio de la ley. De una ley que debe regir no sólo para los de huarache y sombrero, sino para todos los mexicanos.

¡Que empiece, entonces, desde luego por donde debe de comenzar, la aplicación a rajatabla de la ley!

Ya no puede el de Macuspana sostener su amnistía con sólo emular a los encomenderos de la Colonia que inscribían “se acata, pero no se cumple”, en los márgenes de las leyes de la Corona.

Los adversarios de la 4T reaccionaron escandalizados ante la exhortación presidencial de hacer primar la justicia.

La consideran no como lo que es, una declaración política que apunta a la galería, sino como una barbaridad inconmensurable. La peor desde que inició la administración.

Defendieron con vehemencia la legislación nacional, como si de verdad ésta fuese un dechado de  normas nobles, útiles, justas, bienhechoras y cumplibles. Se engañan y pretenden engañarnos.

El entramado legal que conduce nuestra vida en sociedad es un amasijo de disposiciones intencionalmente malhechas en su mayoría; imprecisas, confusas, ociosas, alejadas de la realidad y hasta contradictorias unas con otras.

Con decir que, al parecer a tono con la moda que en Guatemala, Italia y Ucrania ha llevado a cómicos al poder, nuestro Legislativo conoció por estos días una iniciativa de Juan Martín Espinosa ¡para obligar a López Obrador cantar el Himno Nacional!Y, otra más, ésta de María de Lourdes Paz Reyes, para combatir el alcoholismo y las “chelerías" —y, desde luego, propiciar la formación de temibles cárteles— mediante la venta ¡únicamente de cerveza al tiempo!

Quienes en las últimas décadas han estado enquistados en el Congreso deberían pedirles perdón a los  mexicanos por el conjunto de modificaciones constitucionales, códigos, leyes y reglamentos a cual más chapucero.

Son legión esos políticos. Sólo unos nombres de quienes aún deambulan en los salones de pasos perdidos:

René Juárez Cisneros, Josefina Vázquez Mota, Porfirio Muñoz Ledo, Gustavo Madero, Beatriz Paredes. Y, además, Juan Carlos Romero Hicks, Dante Delgado, Jorge Carlos Ramírez…Desde el ostracismo, después de varios saltos al trapecio de una a otra cámaras, Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Joel Ayala, Carlos Romero Deschamps…Y algunos más, instalados en el cinismo, votando ahora en contra de lo que hace apenas unos meses respaldaron en materia de educación: Alberto Acosta Peña, Laura ­Barrera Fortoul, Pedro Pablo Treviño, Fernando de las Fuentes.

Suman millares las leyes confeccionadas por estos y otros personajes en casi cuatro décadas.

En la mayoría de esas normas podría inscribirse la referida frase colonial, que era el modo de desechar disposiciones elaboradas en España, a nueve mil kilómetros, desastrosas, divorciadas de la realidad, generadoras de caos, inaplicables.

Es fácil de explicar la pésima calidad de nuestras leyes. Para nadie son desconocidos los procedimientos mediante los cuales acceden a  escaños y curules no los mejores, sino los parientes, amigos, compadres, socios e incondicionales del mandamás de turno.

Si eso no fuera suficiente, sólo quien haya vivido las últimas décadas en otro planeta puede desconocer que hubo una vez una telebancada para defender intereses específicos, los de las empresas televisoras.

Y es ampliamente sabida la soltura y  libertad con que se mueven en los pasillos y cubículos camerales los cabilderos y abogados de industriales de la cerveza, casineros, cigarreros, banqueros, laboratorios farmacéuticos, refresqueros, fabricantes de alimentos chatarra…

La conclusión es obvia: del Congreso han surgido leyes que muchos violan, pero que otros no tienen la necesidad de violar porque son ellos quienes las hacen.

A sabiendas de tal condición de nuestra legislación, el coro de opinantes trepados en el mangrullo apremia al Jefe del Ejecutivo cumplir su advertencia de que nadie debe estar por encima de la ley.

Por lo mismo, aplicar la norma a quienes él considera unos mafiosos es lo que debe hacer, sin dilaciones ni miramientos.

De acuerdo con los severos críticos del gobierno, la ley debe regir por igual para culpables de robo famélico o farderas de supermercado, que para docentes que no dan clases, bloquean ferrovías, toman casetas de peaje y trastornan la vida de ciudades y estados enteros.

Se entiende que, asimismo, debe aplicar para funcionarios venales o en conflicto de intereses, legisladores traficantes de influencias, proveedores favoritos y empresarios con contratos obtenidos mediante soborno.

Y para gobernadores ladrones, jueces, magistrados y ministros deshonestos; militares, marinos y policías violadores de derechos humanos o huachicoleros y socios de narcos. Y hasta para primeras damas que hayan medrado desde el poder público…

Debe regir en primer lugar, sin embargo, por el grado de responsabilidad que tuvieron en la conducción del país, para los expresidentes, que han sido machaconamente señalados no sólo de ineficiencia sino desahuciados de corrupción.

Se les atribuye haber lucrado con la desincorporación de empresas y metido el país en una vorágine de inseguridad y violencia de la cual tardará décadas en salir.

A pesar de sus evidentes deficiencias, las leyes de que disponemos, si no están de ornato, pueden servir para sancionar a la inasible “mafia”.

¡Qué se apliquen entonces al amparo del adagio la ley es dura, pero es la ley!

Porque, mientras tales ordenamientos sean norma jurídica —preconizan los más conspicuos voceros de los desplazados del poder—, deben observarse.

Aurelio Ramos Méndez
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