Las autoridades internacionales y nacionales de salud reconocen la llegada de una tercera ola del SARS-CoV-2 y el repunte en los casos de Covid-19, con la variante Delta, que ya ha sido detectada en 98 países por su alta capacidad de propagación, así lo confirman los reportes diarios de contagios, hospitalizaciones y, aunque en menor medida, los fallecimientos.

Lamentablemente este nuevo impacto está afectando a la juventud, ese sector poblacional que otrora se percibía totalmente inmune, y por cuyo comportamiento ante la pandemia, a principios de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía que “Aunque las personas mayores son las más afectadas, tengo un mensaje para los jóvenes: no son invencibles".

A más de un año, sin embargo, la juventud (con las excepciones del caso) continúa sin considerar, para sus actividades, el semáforo epidemiológico, no aplica las medidas sanitarias recomendadas, y no mantiene el distanciamiento social, además de considerar a la vacunación como una especie de permisividad ilimitada, lo que da la impresión, además de no estar lo suficientemente informada y sensibilizada sobre la pandemia, de no haber logrado dimensionar las consecuencias, no sólo para la salud propia y de quienes le rodean, sino del impacto negativo en la estabilidad económico, social y política de una comunidad, de un país y de toda una región.

Aunque todavía no conocemos lo suficiente del virus SARS-CoV-2 y de sus variantes, parece que aprendimos poco de las vivencias inherentes a la pandemia, como si la experiencia amarga por la que hemos presenciado el dolor amargo de la agonía y la muerte, fuera un hecho irrelevante y ya superado, como para no ser trasmitido de manera clara y determinante hacia las juventudes. Siendo ellas sinónimo de progreso, libertad, futuro y movimiento, estamos obligados a practicar la comunicación asertiva y una educación para la salud cada vez más preventiva y permanente.

Sin embargo, no todas las juventudes enfrentan de igual manera los embates del COVID-19, siendo las más afectadas aquellas que no cuentan con los recursos económicos suficientes, no tienen accesibilidad a la información y formación que les permita generar hábitos saludables, ni con los ingresos para adquirir los insumos necesarios para aplicar las medidas preventivas sanitarias pertinentes, y mucho menos con la cobertura de la seguridad social a la que por derecho deberían tener acceso. Así, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 22.9% de la población joven, por ejemplo, no tiene acceso a servicios de salud.

Sin seguridad social, con la carencia de empleos dignos para los jóvenes, como lo advierte el CONEVAL en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, y la falta de ingreso y permanencia en la educación, es inminente el riesgo de que las afectaciones de la pandemia por COVID-19 reviertan los avances obtenidos en la reducción de las carencias sociales.

Con relación a ello, urge reforzar la atención a grupos vulnerables y garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios, en especial de niños, adolescentes y jóvenes, realizando mejoras continuas en el sistema de salud para alcanzar la cobertura universal y garantizar el acceso al ejercicio efectivo de los derechos sociales.