Un nuevo recorte en el Gobierno Federal, que la 4T anunciará como austeridad replublicana, fue ordenado a través de la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval. La totalidad de las instancias federales deberán reducir en 50 por ciento el presupuesto para servicios generales y gastos de operación. Estos son contratos principalmente con particulares que incluyen desde asesorías de profesionistas o técnicos, mantenimientos y rentas, radiocomunicaciones, entre muchas otras.

Las áreas administrativas del Gobierno Federal, para obedecer la orden de Función Pública, deberían desde ahora pagar sólo lo que ya está contratado y evitar adquisiciones nuevas.

Esta medida, anticipada por el presidente López Obrador en varios comentarios durante sus conferencias de prensa, corta la posibilidad de que servicios de empresas particulares o instituciones públicas sean contratados de aqui en adelante.

La instrucción fue entregada a las dependencias mediante una circular fechada el 8 de abril bajo el número 100/02/2020, con rúbrica de la propia Sandoval y con copia al Ejecutivo al titular de Hacienda y a la Oficial de la misma Secretaría de Hacienda que controla actualmente la totalidad de contratos federales.

Esto se da en contra de la recomendación de economistas y organismos de análisis económico, así como de agrupaciones empresariales, que habían solicitado al Gobierno Federak expandir su gasto e incluso contratar deuda en el proceso, esto con el fin de hacer circular recursos hacia negocios y empresas paralizados en este momento por las medidas antiCOVID-19.

En pláticas recientes, personajes como el exsecretario de Estado Salomón Chertorivski o el coordinador de proyectos de IMCO, Luis Mauricio Torres, comentaron a Crónica que había una auteridad mal entendida en el gobierno amlista que le impedía notar cuando una crisis económica, como la que está gestándose debajo de la crisis sanitaria, exigía al gobierno expandir su gasto y evitar golpear sueldos de burócratas o limitar sus gastos (de los que dependen muchos negocios particulares).

La circular de Función Pública hace notar que quien la inclumpa caería en responsabilidades que serán motivo de sanciones administrativas bajo lo dictado por el Ley Federal de Austeridad Republicana.

El gasto afectado, de ser ejecutado a rajatabla, implicaría también despidos de personal contratado en dependencias bajo conceptos de asimilados al salario o proyectos por tiempo y obra (también operados en el capítulo servicios generales a los que hace referencia la circular de Función Pública).