En buena hora se pospuso la presentación de una serie de iniciativas para reformar el sistema de justicia mexicano, cuya aprobación hubiera significado un enorme retroceso democrático y de convivencia ciudadana. De cualquier manera, el contenido de esas iniciativas habla mucho, y mal, de quienes las prepararon. Mueve a preocupación.

La intención expresa de estas iniciativas era disminuir los muy elevados índices de impunidad que hay en el país. Pero el método para hacerlo no fue el de aumentar la eficiencia de las autoridades encargadas, sino el de bajar la vara para aumentar la discrecionalidad de policías, ministerios públicos y jueces, y esconder su probada ineficacia. Este maquillaje tendría un costo altísimo en términos de detenciones arbitrarias, tortura, delitos inventados, severidad de las penas y desdén por los derechos humanos.

A cambio de dar la imagen de un gobierno menos incapaz para poner en su lugar a los delincuentes, habría muchas más injusticias, y el país retrocedería varias décadas, echando al bote de la basura los avances —limitados de por sí— que se han obtenido en materia de justicia.

En vez de atacar la ineptitud generalizada del ministerio público, muchas veces denunciada en estas páginas, y de buscar mejores mecanismos de investigación y de armado de expedientes judiciales, la iniciativa se encarga de solapar las deficiencias y cubrirlas con un manto de “mano dura”. En el camino, criminaliza a los ciudadanos y vuelve omnipotentes a policías y fiscales.

La contrarreforma pospuesta, por una parte, atenta contra la independencia del Poder Judicial, otorgándole al Senado facultades para entrometerse. Por otra, da a los jueces carta blanca para admitir pruebas conseguidas de manera ilegal: la tortura y el espionaje telefónico incluidos. Convierte el arraigo en método común para llevar a cabo los procesos para cualquier delito. Permite que las denuncias anónimas tengan efecto antes de ser investigadas. Da pauta a la fabricación de pruebas y testimonios. Fomenta, faltaba más, la capacidad de autoridades para meter a la cárcel a quienes se les opongan por razones políticas. Da fuerza a la parte más tradicional y reaccionaria de los gremios de jueces y abogados. Desprotege al ciudadano común. Y mientras más pobre sea, más desprotegido queda.

De pilón, el paquete incluye una iniciativa para revivir el delito de difamación, que suele ser usado para limitar la libertad de expresión.

Y por supuesto, todo esto ni siquiera sirve para atacar a la verdadera delincuencia. Sólo es para dar la finta.

Pareciera que el mensaje es: “la Fiscalía General de la República no puede hacer las cosas bien, como en cualquier Estado democrático; déjenla hacerlas a su manera, con las arbitrariedades que ustedes ya conocen”.

Este intento de regresión autoritaria también está disfrazado de una reforma al nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Y entra perfectamente en la idea de que hay que cambiar todo lo que proviene de los gobiernos anteriores, no importa si es para regresar a lo de antes-antes, los del priismo más intolerante y atrabiliario.

Según la iniciativa, pareciera que el problema del sistema actual no es la incapacidad institucional: la de policías, fiscales y MP de llevar a cabo el debido proceso, o las lagunas de los jueces a la hora de entender la ley, sino la existencia misma del concepto “debido proceso”, la existencia misma de la presunción de inocencia o que los inculpados tengan derechos.

Resulta por lo menos sintomático que haya, dentro de un gobierno que se dice progresista, quienes piensan que era posible hacer pasar este tipo de legislación. Que haya quienes crean que para que el Estado sea fuerte tiene que ser autoritario, en vez de justo. Que haya quienes se aprovechen de las voces que demandan el fin de la impunidad para acumular poder y prepotencia.

Afortunadamente, hubo quienes se dieron cuenta de que el retroceso era escandaloso y también, posiblemente, que era un regalo políticamente envenenado para el gobierno. Así, evitaron que el paquete se presentara.

En resumen, esa aberración legal más que pospuesta, merece ser desechada de plano, por violatoria a los derechos humanos.

Y lo conducente es llevar a cabo una amplia deliberación social para revisar los faltantes en la procuración de justicia, que son muchos, y generar consensos para una reforma digna de tal nombre.

En esa deliberación es crucial tomar en cuenta la existencia de un déficit de capacidades institucionales, pero no para esconderlo, sino para ir eliminando ese faltante. Más que cualquier otra cosa, al sistema le faltan policías que sepan investigar, ministerios públicos capaces y con sentido humano y social, jueces con capacidad, criterio y honestidad. Es mucho, de verdad. Pero es ahí por donde debería empezar una reforma democrática.

Y en su ausencia, es preferible avanzar poco a poco en la preparación de los representantes de la ley, que regresar de sopetón a un pasado que, en ese tema, era realmente tenebroso. O a algo todavía peor..

fabaez@gmail.com
www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr