La Comisión Nacional de Protección Social en Salud —a cargo de Angélica Ivonne Cisneros— advirtió que la nueva administración en el sector encontró proyectos “que estaban programados desde 2007 y a la fecha no han terminado de ser comprobados, tanto de infraestructura como de equipamiento”, y las observaciones registradas se han enviado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que inicie investigaciones.

Precisó que ya se giraron 80 oficios a diferentes entidades y hospitales, ante la falta de un informe respecto de los recursos asignados.

Cisneros informó que recientemente el Comité Técnico de la Comisión liberó “64 millones de pesos, de saldos que estaban ahí sin moverse. No pueden ser tantos años para construir un hospital y el recurso ahí detenido”.

Advirtió que en los dos últimos años no hubo ningún movimiento en cuanto a informe por más de cien días.

“No puede ser que te den un recurso para hacer una obra y dentro de eso va incluido, generalmente, un anticipo y pasan más de cien días y no tienes un informe”, reprochó.

Por ello, informó, se cambiaron las reglas de operación para establecer más candados que garanticen que no vuelva a haber “este botadero de obras públicas en salud, como el que nos encontramos” de anteriores administraciones.

Esos candados consisten en que ninguna obra podrá sobrepasar más de dos años, pues no había un límite para ello, la obra podía estar autorizada desde hace muchos años y seguía sin concluirse, explicó.

Informó que el comité que ha detectado las irregularidades está conformado por ocho representantes de diversas instancias de la Secretaría de Salud, dos de la SHCP y es presidido por ella.

También criticó que con la reforma al sistema de salud 2003 para crear el Seguro Popular no se ha mostrado evidencia de que haya mejorado la salud de la población.

en su concepción integral, por el contrario, matizó, hay una severa falta de atención en las zonas rurales del país, por lo que dijo que quienes defienden con vehemencia el Seguro Popular deberían estar más preocupados por el incremento de la tasa de mortalidad por diabetes, que pasó de 46.7 en 2003, a 93.8 en 2018, pero además comentó que la nueva administración encontró proyectos “que estaban desde 2007 y hasta la fecha no han terminado de ser comprobados, tanto de infraestructura como de equipamiento”.

Expuso –al participar en la mesa 3 de trabajo de las audiencias públicas para crear el Instituto de la Salud para el Bienestar- que la reforma de 2003, que le dio vida al actual sistema para población sin seguridad social, “se sustentó en un modelo de salud de mercado que promueve la compraventa de servicios con presupuesto público para curar la enfermedad sólo de algunos; es decir, de los que el presupuesto logra afiliar y sólo de algunas enfermedades; es decir, de las que el presupuesto logra pagar.

“El nuevo modelo que hoy debatimos rompe con ese esquema de mercado excluyente, creado como parte de la agenda de reformas estructurales de México, que concretó la reforma neoliberal en salud, para darle hoy vida a un sistema de derechos, que elimine toda desigualdad en salud y que se sustente en un financiamiento solidario”, aseguró.

Advirtió que esa inequidad se hace más evidente con la creación del Fondo de Gastos Catastróficos que permite atender a las personas por 66 tipos de intervenciones catalogadas como tal, excluyéndose, muchos padecimientos, como tumores, fracturas o ciertas afecciones renales.

Subrayó que las 12 mil 643 enfermedades contenidas en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, el Seguro Popular sólo cubre dos mil 102. La diferencia en las atenciones por cubrir es de 10 mil 541 y representa el 83.3 del total de claves, y así se mide la exclusión.

Angélica Ivonne Cisneros aclaró que la nueva política de salud estará conducida por la secretaría del ramo, con junto con el Instituto de Salud para el Bienestar, que será la instancia prestadora de servicios a nivel nacional y asumirá, los servicios de salud de las entidades federativas, “a la vez que administrará los recursos que los diputados asigne para atender a la población sin seguridad social, evitando así, la separación de funciones entre financiador y prestador de servicios, lo que coadyuvará al fortalecimiento de lo público y a la creación de un sistema de salud de calidad, que tenga como eje rector la salud y no lo enfermedad; la prevención, la promoción de la salud; la educación para la salud y la seguridad para los pacientes”, aseguró.