Opinión


La Autonomía como ética pública

La Autonomía como ética pública | La Crónica de Hoy

El pasado 09 de febrero tuve la oportunidad de participar en la celebración del día de la integridad en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) organizado por la titular del Órgano Interno de Control en ese órgano constitucional autónomo, la Maestra Gricelda Sánchez y, conjuntamente con el Comisionado Ramiro Camacho Castillo y la Titular de la Unidad Investigadora, Paulina Martínez Youn, expuse la importancia de que la conducta de los servidores públicos sea ejemplar con base en un Código de Ética.

La misión del IFT es el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Regula, promueve y supervisa el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, la infraestructura, las redes y la prestación de los servicios. El Instituto impulsa condiciones de competencia efectiva en los mercados, favorece el derecho a la información y promueve el acceso a las tecnologías y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, para beneficio de los usuarios, de las audiencias y del país.

Este compromiso con la sociedad, que deriva de sus atribuciones constitucionales, está vinculado con el derecho humano de garantizar el acceso a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones, así como a la banda ancha y el internet. La reducción de la brecha digital, que es un factor que profundiza la desigualdad social, es la razón de ser de ese organismo.

Internacionalmente, los estados más exitosos en la extensión de la cobertura y la interoperabilidad de las tecnologías de la información y comunicación han basado su estrategia de integración a la población de bajos ingresos al desarrollo globalizador en órganos autónomos, especializados y profesionalizados no subordinados a los vaivenes de la política o expuestos a la influencia de los agentes económicos.

Los servidores públicos deben desempeñarse siguiendo valores institucionales como la eficiencia, transparencia, honestidad, objetividad y lealtad para que las necesidades sociales dentro de su competencia sean satisfechas en forma oportuna y suficiente. En un país como el nuestro con grandes rezagos sociales y con un alto número de personas en condición de pobreza la gestión pública debe orientarse a ser un factor real para mitigar la desigualdad.

En este sentido, la defensa de la autonomía del IFT es uno de los objetivos primordiales de sus dirigentes y trabajadores, ya que es la vía más idónea para romper estructuras económicas y políticas que obstaculizan las acciones para la superación de la creciente brecha digital. Cuando se regula y supervisa correctamente el mercado de las TICs y se logra que la cobertura se amplíe y haya mayor accesibilidad se abre la posibilidad de que millones de niños que están obligados a tomar clases a distancia mejoren sus condiciones de aprendizaje.

Los códigos de ética y de conducta, las reglas de integridad y las pautas de conductas básicas contribuyen a que los valores y principios sean más que una convención, una formalidad, y se conviertan en medios efectivos para generar solidaridad de ese colectivo con las capas poblacionales más pobres. 

La autonomía constitucional del IFT es el eje de la gestión del cambio de este organismo con sustento constitucional y le otorga una cohesión institucional para hacer frente a las fuerzas del mercado que tienden a priorizar las utilidades sobre el bienestar colectivo. La identificación de los individuos con la misión de la organización crea un ambiente propicio para el logro de sus fines, que necesariamente beneficia a grandes sectores poblacionales.

La defensa de la autonomía, en estas condiciones, se convierte en el valor supremo de los órganos no subordinados a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo en la medida que las personas que laboran en ellos se convencen en su fuero interno que la sumisión a un proyecto político o la claudicación de su labor en aras de la ambición individual perjudica a millones sólo por el hecho de que el internet no continúe con la ampliación de su cobertura.

La ética pública compartida transforma a un grupo de individuos contratados para una tarea específica en una comunidad comprometida con un valor. En la misma proporción que los servidores públicos visualicen a la autonomía como el valor fundamental se allanará el camino para que la institución cumpla con sus fines.

La antítesis de lo bueno y lo correcto en la gestión pública democrática es asumir que nadie es honesto y que los valores del adversario están siempre equivocados por el simple hecho de diferir de los propios. Tolerancia y respeto al otro son la base de una convivencia institucional adecuada y es la única vía para la empatía con el contrario.

La autonomía ejercida con los alcances establecidos en la constitución es la que ha dignificado al IFT y su aparato administrativo. Sus servidores públicos deben sentirse orgullosos porque en un plazo relativamente corto contribuyeron a la expansión de las TICs en forma exponencial. En la media que la sepan defender y la conviertan en parte esencial de su ética pública tendrá el apoyo de la ciudadanía para oponerse a cualquier intento de quitarle su libertad para determinar las mejores estrategias para hacer efectivo el derecho humano al acceso al Internet. 

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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