Finalmente llegamos al estado de barbarie. La violencia, con su rastro de sangre y muerte, inunda el espacio de la política; es un hecho estrujante, espantoso, que revela la profunda descomposición del país. Los asesinatos de candidatos son también evidencia cruel del completo fracaso de las políticas de combate al crimen organizado.

Tiene razón AMLO cuando afirma que la violencia se combate de raíz acabando con la miseria material que agobia a una gran parte de la población. Pero no tiene razón cuando pretende eliminar la pobreza otorgando asignaciones directas (mínimas) de dinero a cada persona pobre y ocultando la intención política, clientelar y mezquina de las dádivas.

La pobreza se combate eficazmente con políticas integrales de desarrollo que, aunque pueden incluir ayudas económicas, se integran, principalmente, con servicios de calidad en educación, salud, vivienda y empleo. Servicios que se proveen a través de instituciones especializadas. Pero el eje central del desarrollo es la educación: es decir, la formación intelectual, moral y emocional de los seres humanos.

El principal recurso humano de México son sus habitantes y la más importante inversión para el desarrollo que el Estado puede hacer es la inversión en educación, Cosa que el presidente no ha hecho. Al contrario, López Obrador ha exprimido el presupuesto de educación para subsidiar sus programas prioritarios.

Nunca antes el sector educativo sufrió tal penuria. La razón es obvia: más del 50 % de los recursos hábiles para la operación educativa (programas como Escuelas de Tiempo Completo, Formación Docente o Estímulos para el Trabajo Magisterial) se han desviado hacia las becas.

Pero las becas a estudiantes no están vinculadas orgánicamente a condiciones como el aprendizaje o la permanencia en la escuela. Son cantidades de dinero que el presidente otorga, personalmente, a cada alumno o padre de familia, sin exigirles nada a cambio. Claro, la beca genera en quienes la reciben un sentimiento de gratitud y admiración por el Presidente Benefactor y éste, por su parte, espera que esos sentimientos se expresen en las urnas del 6 de junio con votos a favor de Morena.

La violencia no se combate con predicas morales o con amor, como insiste en proponer insensatamente el ejecutivo. La violencia se combate con los cuerpos policiacos y con el aparato de justicia, con el ejercicio de la violencia legítima que le corresponde al Estado.

Esto no ha ocurrido. La policía federal fue desmantelada, las políticas estatales y municipales no han recibido el entrenamiento profesional deseable y viven penurias graves. El presidente decidió, en cambio, apelar a las fuerzas armadas a las que, pasando por encima de Constitución, les asignó tareas de seguridad pública. También en este movimiento hay intención política.

La Guardia Nacional es un esperpento compuesto, en su mayor parte, por soldados. Pero los soldados no son policías, son personas entrenadas para la guerra y no para cuidar del orden civil. En una democracia, los civiles tienen derecho a contar con fuerzas policiacas civiles que los protejan, respetando en todos los casos la dignidad y los derechos de cada persona. Por el contrario, los atropellos a los derechos humanos por los militares son incontables: nunca olvidamos el 2 de octubre de 1968 ni olvidaremos el 26 de septiembre de 2014.