El Poder Legislativo federal se halla ante una oportunidad de oro para recuperar majestad, prestigio, dignidad y respeto, con sólo resolver a satisfacción de los ciudadanos el escándalo acerca de la presunta compra-venta de legisladores, detonado por el coordinador de diputados del PES, Jorge Argüelles Victorero.

Este representante popular está en una encrucijada de cuya solución depende su conversión en un político fiable y respetable, o su tránsito del anonimato al desprecio.

El jefe de la bancada de Encuentro Social puede hacerle un enorme servicio a la nación, con sólo revelar los nombres de colegas suyos que –según su por ahora muy vago dicho— vendieron por cinco millones de pesos su paso del PES al PT, y desde luego de quién o quiénes los compraron.

La solución de este estridente caso en los términos más favorables para el Legislativo, sin embargo, también reposa en el amplio terreno de la totalidad de integrantes del Congreso, 500 diputados y 128 senadores. Sobre todos ellos la acusación de venales espetada por Argüelles a unos cuantos se extiende como mancha de aceite.

Desde el punto de mira de los ciudadanos comunes la trata de diputados y senadores es axiomática, no requiere demostración; se da por seguro que, aun sin poder ser constado, el transfuguismo o el alquiler coyuntural de parlamentarios son practicas ordinarias, mal disfrazadas de intensa actividad política.

Por ello. movió a risa el desafuero con que la oposición celebró el supuesto armado de un “bloque de contención”, gracias al cual a finales de junio impidió la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para tramitar reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Fiscal.

Dichosos hasta el paroxismo, los adversarios de la 4T celebraron el haber abortado la convocatoria, a pesar de que con un solo voto el partido del gobierno hubiera podido sobreponerse a la enclenque mayoría opositora. ¡Tan indúctiles e invulnerables a los cañonazos millonarios son las convicciones de nuestros representantes en las cámaras!

Integraron el referido bloque los priistas Manuel Añorve, Claudia Ruiz Massieu y Dulce María Sauri; los panistas Julén Rementería y Laura Rojas, y el perredista Miguel Angel Mancera, todos políticos curtidos, sabedores de lo difícil, rayano en lo imposible que es convencer a diputados y senadores para cambiarse de cuadra…

Si para los ciudadanos la corrupción campa en el Congreso, otra cosa muy distinta es que la acusación de compra-venta --como si las cámaras legislativas fuesen baratillos para el mercadeo de ganado-- provenga de un miembro del Legislativo, como es el caso del morelense Argüelles. Diputado que, por lo mismo, está ante la obligación de probar sus aseveraciones o atenerse a corroborar que “por su boca muere el PES”.

La afirmación de que por abundante dinero miembros del PES brincaron al PT, con objeto de inflar el grupo parlamentario de este partido, y, de ese modo, darle caballazo al PRI en el turno de la presidencia cameral, cayó en terreno fértil. No era para menos.

Antes aun de su confirmación, la denuncia del pesista dejó sentada la idea de que entre los legisladores no sólo federales sino también estatales, la corrupción se da por contagio. Y que si hay quienes compran es porque hay también quienes se venden.

Cayó tal acusación en momentos en que está en su apogeo el caso Lozoya y aún no se apagan los ecos del affaire Bonilla, ambos demostrativos de la venalidad de nuestros representantes populares. Amén de toda una historia de virtual tráfico de personas en el Legislativo.

En San Lázaro, lo mismo que en Reforma 135, hace tiempo cobró carta de naturalización el paso de diputados y senadores ya sea mediante préstamo, renta o venta, de una a otra bancada, con lo cual se desnaturaliza por completo la voluntad popular expresada en las urnas.

Sólo por ingenuidad o conveniencia existen quienes, de modo recurrente, hablan de comicios casi suizos, con voto diferenciado; pero no dicen ni pio cuando, mediante toda suerte de triquiñuelas, en el Legislativo se adultera la voluntad de los electores y se diluye la pretendida diferencia del sufragio.

El tráfico de legisladores es lo ordinario cuando se trata —por ejemplo— de aprobar o frenar una iniciativa de ley, conformar grupo para acceder a regios presupuestos, darles vida artificial a membretes, maquinar golpes contra algún jefe de fracción, o, en suma, legitimar acuerdos preconcebidos, tramados por dirigentes en lo oscurito.

Todo esto que los ciudadanos intuyen o conocen de oídas, se cimenta en acuerdos de dudosa legitimidad, siempre con dinero de por medio, a manos llenas.

Esta vez, sin embargo, las denuncias de chanchullos y dinero a raudales provienen de un integrante del Congreso, que al parecer decidió romper un pacto de silencio, como si —es lo de moda— quisiese acogerse a un criterio de oportunidad para salvar su pellejo a costa de delatar corruptos.

Del PES al PT brincaron María Rosete, Elba Torres, Olga Juliana Elizondo y José Luis García Duque, entre otros. Sobre ellos pende, en primera instancia, la acusación de Argüelles. Y sobre el coordinador petista Reginaldo Sandoval, su puesto reclutador de parlamentarios al mejor postor.

Todos estos legisladores están ante la obligación ética y política de exigirle en todos los tonos y por todos los medios pruebas al lengüilargo, y evitar hacer efectivo el dicho según el cual el que calla, otorga.

Dada la imagen que del Congreso tienen los ciudadanos rasos, la responsabilidad de exigir pruebas alcanza, no obstante, a la totalidad de integrantes de este Poder del Estado, en mayor medida a los miembros de la mayoría.

Más aún, tal fama impone la necesidad de, en caso de calumnia, enderezar la justicia hacia el coordinador del PES, quien previendo el vendaval ya tantea la conveniencia de adherir al PRI su bancada completa de 15 integrantes. Como si se tratara de un genuino pollero legislativo.

De otro modo, sin sanción alguna para el mendaz, se alimentará la percepción de que en tiempos de la 4T el Legislativo ha cambiado entre poco y nada.

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