Pablo Xavier Becerra Chávez*

En los treinta años anteriores a 2018, precisamente los mismos que el presidente López Obrador considera la etapa negra del neoliberalismo, se consolidaron las instituciones que empujaron la transición a la democracia (la que según AMLO nunca existió porque solamente con su triunfo en 2018 inició la verdadera democracia): el Instituto Federal Electoral (IFE) que en 2014 se convirtió en Nacional (INE) y el Tribunal Federal Electoral (TFE) que en 1996 se transformó en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Después, en 1995 con la reforma al Poder Judicial, se abrió el camino a una mayor autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sabemos, por supuesto, que el nombramiento de los integrantes de esas tres instancias ha estado sujeto a la negociación entre las distintas fuerzas políticas presentes en el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, pero el resultado neto fue la expansión de su autonomía frente a los propios partidos y al Presidente. En la materia electoral el IFE-INE y el TFE-TEPJF incrementaron su capacidad de organizar procesos electorales correctos e imparciales, así como de resolver los diferendos en la materia. Sin esa capacidad serían impensables las alternancias en la Presidencia de la República de los años 2000, 2012 y 2018, así como el establecimiento de un espacio más o menos confiable para la resolución de los antes tan frecuentes conflictos postelectorales, lo que permitió llegar incluso a varias anulaciones de elecciones de gobernador.

Por su parte, la Corte ha podido resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que permitieron limitar seriamente la arbitrariedad del propio Congreso de Unión, así como de gobernadores y congresos locales en la elaboración de leyes federales y locales. En varios otros temas, esa creciente autonomía de la Corte también contribuyó a limitar el poder presidencial.

Por supuesto que en más de una ocasión se han discutido y criticado los errores e insuficiencias de estas tres instituciones, así como el nombramiento y el desempeño de algunos de sus integrantes. Pero el hecho real es que estábamos en un proceso de aprendizaje y de mejoramiento de los espacios de gobernabilidad democrática.

Pero cuando inició el gobierno actual el presidente López Obrador nos hizo saber que en realidad no existía democracia alguna, que la democracia verdadera apenas comenzaba con él, y desde entonces desarrolló todo un proceso de captura y sometimiento de estas instituciones.

Con respecto a la SCJN, y en general el Poder Judicial en su conjunto, el presidente desarrolló una auténtica guerra relámpago de acusaciones centradas en sus sueldos (y sobre todo sus bonos) y en sus fallos, acompañada del envío de grupos de manifestantes a la salida de la Corte exigiendo la disminución de sus sueldos o su renuncia. El Ministro Presidente logró convencer a sus colegas para bajar sus sueldos, con lo que logró apaciguar la furia presidencial y amarrar una alianza de largo aliento con el titular del Ejecutivo. Al mismo tiempo, se fueron cubriendo las vacantes en la Corte con personas cercanas al Presidente, para lo cual incluso se llegó al extremo de forzar la renuncia de uno de los ministros heredados del pasado, lo que se facilitó por su expediente turbio.

En ese contexto llegó a la SCJN la solicitud presidencial de consulta popular sobre la posibilidad de investigar y juzgar a los expresidentes del periodo neoliberal. Era una prueba sobre la capacidad real de la Corte para limitar el poder presidencial en torno a un tema que parecía realmente sencillo. El proyecto del Ministro ponente planteaba, en mi opinión correctamente, el rechazo a la consulta debido a que su materia era evidentemente inconstitucional. Pero ocurrió lo impensable: una mayoría de seis ministros aprobó la constitucionalidad de la consulta con un conjunto de argumentaciones realmente difíciles de creer que sean propias de los integrantes del máximo tribunal del país. Se llegó a plantear que era importante integrar al pueblo en la toma de ese tipo de decisiones y el mismísimo Ministro Presidente llegó a decir que la consulta no necesariamente tenía que ser vinculatoria, lo que resulta absurdo tomando en cuenta que se trata de la consulta prevista en el artículo 35 constitucional, que necesariamente aspira a tener un resultado vinculatorio.

Pero lo más extraño fue que después de aprobar la constitucionalidad de la materia, la Corte modificó la pregunta para excluir por completo dicha materia. La pretensión de investigar y juzgar a los expresidentes se convirtió en la posibilidad de “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” Es una pregunta tan general e indefinida que puede significar todo y nada, que definitivamente no vale la pena para una consulta en cuya organización se deben gastar millones de pesos.

Con esto la Corte le ha garantizado a AMLO que el proceso electoral ya en curso gire en torno a la consulta. Aunque la pregunta de la Corte no lo diga, el Presidente planteará que es la consulta para que el pueblo decida si se debe juzgar a los expresidentes, con lo cual se inmiscuirá permanentemente en el proceso electoral. Esto es lo que la mayoría de la Corte le regaló.

Por lo que hace al TEPJF también se ha desarrollado un proceso de captura presidencial, que va desde la resolución sobre el fideicomiso para apoyar a los damnificados, la nunca explicada renuncia de la Magistrada Presidenta, la sentencia que obligó al INE a organizar una encuesta para elegir a los dirigentes de Morena (encuesta no prevista en el Estatuto de ese partido), hasta la más reciente de aprobar los registros de tres partidos aliados del Presidente y el rechazo al registro del partido vinculado al expresidente Calderón.

La Corte y el TEPJF parecen ya caminar al ritmo que marca el gobierno actual. En una próxima entrega se evaluará el papel que cumple el INE en este proceso de captura presidencial de las instituciones que hicieron posible la democratización.

* Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.