La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una organización dependiente de Naciones Unidas única en el mundo, finalizó este martes su trabajo combatiendo la corrupción en Guatemala. Después de 12 años, la comisión se despide del país, luego de que el actual presidente guatemalteco, Jimmy Morales, decidiera cerrar la Comisión en 2018.

La Cicig, junto con la Fiscalía de Guatemala, investigó a empresarios y políticos de alto rango en el país, investigados por corrupción. En toda su historia, identificó a más de 70 estructuras criminales, colaboró en la judicialización de 120 casos de “alto impacto”, presentó un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios y procesó a unas 660 personas.

Acabó con Otto Pérez. En 2015, la Comisión provocó que el expresidente Otto Pérez Molina dimitiera al ser acusado delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación aduanera. La caída del expresidente, que todavía está en prisión, propició el encumbramiento de Iván Velásquez, quien había asumido la dirección de la Cicig en 2013, y la fiscal general del país, Thelma Aldana. Ambos lideraron el periodo más fructífero de la comisión, sacando a la luz pública cientos de casos de corrupción que implicaban a altos funcionarios de Guatemala.

La intransigencia y rigurosidad de las investigaciones de la Cicig provocaron que Morales aprobase no prorrogar las labores de la Comisión en el país. Morales había ganado las elecciones presidenciales de 2015 con una dura campaña contra la corrupción, que luego olvidaría cuando llegó al poder. La decisión de no renovar la estancia de la Cicig llegó después de que éste investigase a su hijo, su hermano y a él mismo por corrupción.

Morales dijo, en su despedida a la Comisión, que en “muchos casos hubo violación de derechos humanos y personas que murieron en prisión preventiva”.