Opinión


La cobertura universal de salud. Dos estrategias distintas

La cobertura universal de salud. Dos estrategias distintas | La Crónica de Hoy

Durante el acto de conmemoración por el Día de la Salud 2019, el Presidente López Obrador anunció la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que reemplazará a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el llamado seguro popular, como parte de la estrategia para la atención a más de 60 millones de personas que no son derechohabientes de la seguridad social.

La pretensión de conseguir la cobertura universal es un viejo anhelo. Más allá del discurso, ha sido una ocupación constante bajo diversas formas como la promulgación de las “nuevas” leyes del Seguro Social de 1973 y 1997 que ampliaron la incorporación voluntaria al régimen obligatorio con esquemas especiales, el programa de IMSS-Coplamar-Solidaridad y Oportunidades —hoy bienestar—, el seguro de salud para la familia, el seguro popular, la descentralización de la salud a las entidades federativas con fortalecimiento de los servicios estatales, las redes comunitarias de salud, entre otros programas y acciones.

Sin embargo, la expansión de la cobertura es desigual, en ocasiones con duplicidad de gasto e ineficiencia en el mismo. Hay avances que reportar que se reflejan en el aumento de la esperanza de vida de los mexicanos, la disminución de la tasa de muerte materno-infantil, el cambio de la morbilidad poblacional y otros indicadores positivos de salud pública, pero prevalecen enormes rezagos y es indispensable aumentar la cobertura del Paquete Básico Garantizado de Salud, así como la coordinación entre las instancias federales y locales.

En 1978, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata emitió una declaración que reivindica el derecho a la salud como un derecho humano fundamental de todas las personas a partir de la atención primaria a la salud como estrategia política de los estados y la sociedad civil, subrayo este último actor.

México no ha sido ajeno a este movimiento global. La estrategia de los últimos cuarenta años fue la ampliación de la atención primaria en cuatro vías: atención del seguro social a población no derechohabiente, los servicios directos de la Secretaría de Salud, la protección social federal (reservas financieras) y la descentralización a las entidades federativas de la operación, pero se mantuvo la sectorización y la discriminación a las personas por su situación laboral o su capacidad económica. Además, el enfoque ha sido poco integral y orientado a lo curativo, relegando lo preventivo.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) convocó a la elaboración del informe “Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata” que propone diez recomendaciones para hacer efectivo el derecho a la salud a millones de personas que no acceden a la atención mínima y garantizar este derecho mediante un compromiso estatal. Este documento se presentó en el mismo acto en el que el Presidente hizo el anuncio mencionado.

Hay que destacar que la décima recomendación es “desarrollar un modelo de financiamiento que asegure la suficiencia, la calidad, la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad”, que no es casualidad que se parezca en mucho al esquema financiero del seguro popular, es decir, integrar (en el caso mexicano fortalecer) reservas para la atención primaria a la salud con base en recursos provenientes de las contribuciones generales que graven al capital o ahorro financiero primordialmente, no al trabajo, que permita destinar el seis por ciento del PIB al otorgamiento de un paquete básico universal a las generaciones actuales y futuras.

En este contexto, la lectura de la declaración presidencial es que se procederá, primero, a convertir a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, en un nuevo descentralizado llamado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y luego a disponer de las reservas (ahorros para generaciones futuras o catástrofes) del seguro popular para la atención médica inmediata.

De esta forma, la estrategia de contar con una cobertura financiera que otorgue sostenibilidad a la Atención Primaria a la Salud se reemplazará por la “urgente” ampliación de los servicios a la población no asegurada, prestados directamente por el nuevo Instituto a sesenta millones de personas, y a la federalización de los servicios —centralización— que, eventualmente, absorberá al IMSS-BIENESTAR y a las clínicas locales financiadas por el esquema del seguro popular, tal y como sucederá en la Ciudad de México con la incorporación formal de esta entidad al sistema único de salud conforme al convenio suscrito por la jefa de gobierno.

La universalización de la salud es loable y requiere modificar el esquema de financiamiento de la salud como lo recomienda el informe Alma-Ata, incorporar a la sociedad civil, a las organizaciones privadas con una supervisión más estricta, fortalecer reservas para garantizar sostenibilidad, aumentar impuestos y coordinar acciones con gobiernos locales. Aparentemente, en el festejo del Día de la Salud se encontraron dos discursos con el mismo objetivo —que todos reciban una atención primaria de calidad—, pero con estrategias opuestas.

 

Carlos Matute

 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

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