Si la regulación de la contratación pública debe sentar las bases para conseguir las mejores condiciones para el Estado en la adquisición de bienes y servicios, así como en la contratación de obra pública, en el segmento de medicamentos —en medio de una emergencia sanitaria— no deben olvidarse estos preceptos básicos.

El gobierno cuenta con todas las herramientas legales y jurídicas para hacer valer el bien público y el beneficio de los contribuyentes y pacientes. El esquema de compras consolidadas del sector gobierno es suficiente en el plano formal. Incluso, podría decirse que mereció el reconocimiento de la OCDE por su pulcritud técnica. El problema, sin embargo, son prácticas como la colusión, la simulación y la corrupción que han logrado burlar estos esquemas. Incluso, como lo denunciamos aquí, al principio de este año, antes de la pandemia, se registraron obstáculos por parte de empleados de hospitales entrega medicinas vía empresas de paquetería, una acción que favorecía a compañías farmacéuticas que se oponían a las acciones de autoridad para vigilar sus registros sanitarios. Un estudio de la Comisión Federal de Competencia (COFECE) que encabeza Alejandra Palacios, explica que la corrupción y la colusión, y el consecuente uso ineficiente de los recursos públicos, se da desde el diseño de los procedimientos, que deberían orientarse a obtener la mayor concurrencia posible. Por el contrario, establecen límites artificiales al número de licitantes, como pueden ser requisitos técnicos innecesarios (a esto se le llama dirigir la licitación, se determinan requisitos que solo uno o unos cuantos van a poder cumplir). Utilizan métodos distintos a la licitación (como la adjudicación directa, y a pesar de que haya otros proveedores en le mercado que podrían meter presión competitiva a la compra y obtener así menores precios), o limitar la participación a ciertas empresas (invitación restringida al proceso de compra). La Cofece se ha ocupado ampliamente de documentar los modelos que impiden la competencia en las compras consolidadas de gobierno y que los recursos públicos se apliquen de manera eficiente. El problema, ahora, es que ante la emergencia sanitaria se asumen decisiones extraordinarias para buscar directamente las adquisiciones de medicamentos en las mejores condiciones posibles. En otras palabras, se reconoce de tajo que las prácticas anti competitivas vulneraron muchos de los esquemas técnicos y procedimientos para la compra de medicamentos y que, ahora, simplemente no hay tiempo para lidiar con una situación que parece incontrolable y que —hasta ahora— no tiene registro ante la Secretaría de la Función Pública de inhabilitaciones, de sanciones, de señalamientos a funcionarios del sector público y empresas que han participado en estas prácticas de corrupción.

Se justifica que, en medio de la emergencia sanitaria, el Poder Legislativo apruebe los cambios a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. No obstante, el problema está allí y el gobierno federal asume ahora la responsabilidad de adquirir en tiempo, en forma y de manera directa los medicamentos que necesitan los mexicanos. Insisto, el gobierno tendrá que hacerlo muy bien, mejor que muchas de las farmacéuticas y distribuidoras que sólo vigilaban sus intereses.

La Cofece, en otro análisis sobre compras públicas, ha sancionado diversos casos de colusión en compras públicas de la salud:

Las empresas de farmacéuticas Fresenius, Eli Lilly, Probiomed, Baxter, Cryopharma, Pisa, las cuales acordaron repartirse los contratos de sueros e insulinas, en una especie de carrusel acordaban los turnos del contrato a ganar, un el precio ganador, el resto hacía ofertas más altas para perder. Este caso quedó firme en el Poder Judicial y el Instituto interpuso una demanda para resarcir los daños, estimados en 623 millones por sobreprecios de hasta casi 58%. En las compras de guantes de látex al menos cinco empresas vendieron al sector público con sobreprecio promedio de 34% lo que generó un daño al erario de 174 millones 80 mil pesos; en condones y sondas, cinco empresas simularon competencia para incrementar artificialmente el precio máximo de referencia (esto es durante los estudios de mercado) y segmentar el mercado por productos, generaron sobreprecios estimados que ocasionaron un daño al erario de 177 millones 67 mil 392 pesos.

En guantes de polietileno empresas que pertenecían a un mismo grupo de interés económico simularon ser competidores, aunque en realidad respondían a los mismos intereses, inflaron los precios entre 32% y 33%, lo que se tradujo en un daño al erario calculado en 42 millones 280 mil pesos.

Es cierto, reitero, quizás en la emergencia sanitaria se justifica, pero pasaron dos años desde que el gobierno federal, a través de Raquel Buenrostro, advirtió de las distorsiones en el mercado de medicamentos. No se resolvió y se retrasaron muchas decisiones que ahora deben corregirse.

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