Los 16 mil millones de pesos que podrían cobrar Ienova, TransCanadá y Grupo Carso este año por no avanzar en la construcción de gasoductos en el sector energético, enfrentan al poder ejecutivo, pero también al poder judicial, a un problema que tiene que verse desde varias dimensiones, pero en las que debe imperar el sentido común, porque por muy legales que sean los contratos, son leoninos para el país e indignos para las propias empresas.

No se espanten, les dijo el Presidente, vamos a respetar los contratos.

Cualquier controversia con respecto a estos instrumentos que legalizan el robo, ni siquiera podría resolverlos el poder judicial mexicano, aún caracterizado por su inequitativa acción en la impartición de justicia toda vez que los más recientes casos de corrupción, los resolvió con amparos y medidas a favor de los ladrones de cuello blanco; no, los contratos con las empresas mencionadas por Bartlett que "operan" en condiciones vergonzosas, tendrían que litigarse en tribunales internacionales.

Dejaron todo amarrado para que cualquier cambio de gobierno les permita a las empresas hacer estas recaudaciones escabrosas.

El objetivo de AMLO para acabar con la corrupción de tajo seguirá enfrentando obstáculos.

El maridaje poder económico poder político ha develado inmensas redes de corrupción y la que puso al descubierto el ejecutivo con el caso de la CFE es triste porque revela a un empresariado nacional y extranjero con códigos de ética lamentables en varias de sus actividades.

¿Qué camino queda? La negociación.

Y en eso tiene que haber voluntad política de ambos lados, pero sobre todo de las empresas para desprenderse del tutelaje corruptor que permitió su operación.

La privatización de la mitad del sector eléctrico se operó sobre la base de su desmantelamiento y "creció" bajo un nuevo manto proteccionista al amparo de leyes secundarias y con muchos exfuncionarios públicos, incluido un expresidente, al servicio de empresas privadas.

Desde luego que esta red de exfuncionarios que trabajaron principalmente en el gobierno de Felipe Calderón, incurrió en términos prácticos en conflictos de interés.

Las empresas están advertidas: podrán seguir estirando la mano porque los contratos van a respetarse.

Pero ¿es aceptable este comportamiento? Desde luego que no.

El país no sólo decidió cambiar el rumbo político mediante su voto, también le está apostando a que las empresas sé conduzcan bajo esquemas deontológicos que permitan la competencia, el crecimiento económico y la generación de empleos en estrecha colaboración con un nuevo gobierno que le está apostando a no financiar entidades parásitas.

Yo creo que los empresarios también tienen que cambiar su relación con el gobierno.

Todos ganaríamos y sería un gran paso para acabar con la corrupción sistémica que heredamos de varios sexenios de impunidad.

Hay además un buen ambiente social para caminaren ese sentido.

Alfonso Romo tendrá que trabajar estrechamente con la CFE para conseguir negociaciones exitosas.

La inversión especulativa financiada con dinero público es un pésimo negocio en cualquier sentido, menos para los vividores de cuello blanco que defienden sus intereses con los dientes.

...debe imperar el sentido común, porque por muy legales que sean los contratos, son leoninos para el país e indignos...

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