Opinión


La corrupción y la 4T

La corrupción y la 4T | La Crónica de Hoy

El caballito de batalla” sobre el que se ha montado Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo su actuación política es la lucha contra la corrupción. Y es un tema muy atractivo para jalar adeptos: si algo caracterizó al Ancien Régime, con todo y la alternancia (2000-2012), fueron los malos manejos. Cada sexenio salían hornadas de multimillonarios: priistas y panistas acumularon cuantiosas fortunas al amparo de la impunidad. Por eso, cuando alguien salta a la escena pública aupado en la honradez se convierte en Robin Hood. Mucha gente va a ir tras él como el caudillo redentor.

Dar la imagen de austeridad personal, vivir modestamente, habitar en un departamento en Copilco, tener un Tsuru, queda de maravilla para el fin propagandístico; refuerza la convicción de que se trata de alguien distinto que no va a repetir los mismos vicios de “la mafia del poder”. Y el espectáculo sigue: cuando tomó el poder, renunció a vivir en la Residencia Oficial de Los Pinos. Incluso fue más allá: la abrió al público (en una exageración retórica Lorenzo Meyer dijo que esa apertura equivalía a la “toma de la Bastilla”); dispuso que se retiraran las pensiones a los expresidentes.

AMLO se redujo el sueldo a la mitad de lo que ganaba Enrique Peña Nieto y ordenó que ningún funcionario percibiera un ingreso mayor que el del Presidente. Todo con el afán de decir que éste era un gobierno austero. Ése es el mantra de la 4ª Transformación.

Conviene recordar que dos semanas después de su triunfo electoral del 1 de julio del año pasado, en las escalinatas de su casa de campaña, ubicada en la colonia Roma, López Obrador dio a conocer “Los 50 puntos de su gobierno”. El primero incluye la reforma al artículo 108 de la Constitución. En cambio consiste en que el Presidente de la República en funciones podrá ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. El cuarto punto señala textualmente: “La Fiscalía General contará, en los hechos, con absoluta autonomía; no recibirá consigna del Presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual ‘al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie’.”

Empero, como ya hemos constatado en varias oportunidades, lo suyo no es la congruencia: el pasado 18 de abril afirmó: “Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia.” Ésa es una declaración violatoria del estado de derecho que postula la soberanía de la ley: decir que la justicia está por encima de la ley es permitir que haya una interpretación subjetiva de la justicia; dejar que cada cual haga (con ese pretexto) lo que le venga en gana. El gobernante puede decir, con la mano en la cintura, “ahora sí, ahora no cumplo la ley porque considero que tal cosa es justa o injusta.” Se trata de una artimaña autoritaria peligrosísima.

Con ese poder discrecional que López Obrador se autoconfirió, el supuesto combate a la corrupción va y viene como las olas del mar: hay dos casos que, en especial, irritan y ofenden a los mexicanos, Odebrecht y la Estafa Maestra. Pues bien, el 19 de julio, el tabasqueño aseguró que no existen denuncias ni pruebas contra expresidentes de México por el caso Odebrecht ni por ningún otro caso. Tal declaración se puede interpretar como una exoneración para el expresidente Enrique Peña Nieto. Son muchos los rumores que corren acerca de un pacto de impunidad que establecieron el mexiquense y el tabasqueño, con el propósito de dejarle el paso libre a AMLO para llegar a la Presidencia de la República. Un pronunciamiento de esta naturaleza hace crecer la especulación.

¿Y la Estafa Maestra? Ese atraco laberíntico, descubierto por Animal Político junto con Mexicanos contra la Corrupción, fue dado a conocer por ese portal de noticias el 5 de septiembre de 2017. Dejó al descubierto que, a través de 11 dependencias del gobierno federal, en contubernio con l8 universidades públicas, se desviaron más de 400 millones de dólares. Ningún “pez gordo” ha sido detenido. Todos sabemos quiénes y cómo operaron. ¿Acaso es parte del acuerdo de impunidad?

Es importante recordarle a López Obrador que la corrupción es la confusión entre bienes públicos y bienes privados (Max Weber, El político y el científico, Madrid, Alianza, 2015, p.88). A eso se le llama “patrimonialismo.” Entre las características del patrimonialismo está la de nombrar a funcionarios públicos no por capacidad, sino por lealtad al jerarca. En la carta de renuncia que Carlos Urzúa presentó como Secretario de Hacienda hay un fragmento revelador: “Me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública.” Ésa no es la excepción, sino la regla: se está despidiendo a especialistas y se está contratando a fieles morenistas (incompetentes) en el sector público.

Dicho de otro modo: el patrimonialismo es la quintaesencia de la corrupción y López Obrador lo practica sin empacho.

 

 

José Fernández Santillán

Twitter: @jfsantillan

Mail: jfsantillan@tec.mx

 

Comentarios:

Destacado:

LO MÁS LEÍDO

+ -