Los mexicanos tenemos el desagradable deber de estar al tanto de lo que ocurre en la política de nuestro vecino del norte, con un grado de atención que jamás le prestaríamos a lo que ocurre en Cuba, Belice o Guatemala, nuestros otros vecinos. No es que nos guste sufrir, es que las decisiones que se tomen o no en Washington, DC, invariablemente tienen efectos en la vida pública en México.

Tanto Adolfo López Mateos como Pierre Trudeau, el padre del actual primer ministro canadiense, decían que parte de sus responsabilidades como mandatarios era aprender el difícil arte de “dormir al lado de un elefante”, pues cualquier cosa que el paquidermo haga puede implicar morir de asfixia para quien está cerca de él. Eso ha quedado evidenciado, más que nunca antes desde el Watergate, durante la actual crisis constitucional que vive EU.

La crisis tiene que ver con la reticencia de Donald Trump para publicar su declaración fiscal, como lo hicieron los últimos siete presidentes de la Unión Americana y un número similar de candidatos a ese cargo, además de un número difícil de precisar de gobernadores, miembros de las dos cámaras del congreso federal, de las cámaras de los congresos estatales, así como alcaldes de casi todas las ciudades de más de 100 mil habitantes en los últimos 40 años.

No es una regla escrita, al menos no en el ámbito federal. A pesar de ello, ha sido una joven tradición que ha ayudado a que los estadunidenses tengan mayor confianza en que las decisiones que toman sus gobernantes, se toman por razones que no estén manchadas por la trampa, la mentira y el conflicto de interés. Todo eso acabó con la llegada de Trump a la presidencia y—lo que es peor—Trump pretende extender esa secrecía a otros ámbitos de la vida pública de nuestro vecino.

Por si eso fuera poco, Trump desafía ahora a la legislación que explícitamente autoriza al Congreso de EU a tener acceso a las declaraciones de impuestos de Trump y su familia, además desafía el poder que el Congreso de EU tiene para obligar a que personas privadas o funcionarios comparezcan ante los comités o los plenos de las dos cámaras, sea en sesiones privadas o públicas.

Hasta el momento, los jueces que han fallado en las demandas con las que Trump trata de desafiar al Congreso, han ratificado tanto el “poder del citatorio” (power of subpoena) del Congreso, como el poder para revisar las declaraciones fiscales del presidente, de sus familiares y de sus asociados. Trump sabía que eso iba a ocurrir y no ha dudado en insistir en actuar así con la esperanza de que una Suprema Corte de Justicia en la que él ya ha nombrado a dos de sus incondicionales, revierta décadas y—en el caso del “poder del citatorio”—más de un siglo de precedentes legales y, sobre todo, políticos, en los que la Presidencia de EU, a pesar de sus poderes jurídicos y metajurídicos, ha reconocido la primacía del Congreso para ejercer funciones de vigilancia.

Si la Suprema Corte de EU efectivamente decidiera revisar los casos que involucran a Trump, su familia y asociados, y revirtiera esos precedentes, entonces la crisis constitucional que vive EU se profundizaría y alcanzaría grados que ni siquiera ocurrieron cuando Richard Nixon fue forzado a renunciar. Ello ocurre, además, en un contexto en el que la polarización política ha convertido al Partido Republicano en un mero apéndice de los caprichos de Trump.

El elefante al que tanto temían López Mateos y Trudeau duerme y se convulsiona. ¿Habremos aprendido a dormir a su lado?

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