La Carta de Juan sin Tierra (Jack sine land) de 1215, es considerada por muchos como el antecedente más remoto de una primera gran protesta popular contra los abusos del poder, caracterizados por pagos de impuestos arbitrarios, persecuciones al margen de la ley, imposición de penas infamantes e inhumanas y concesión de prebendas, privilegios, propiedades y derechos a una clase selecta de consejeros del Rey, a cambio de lealtades a la corona.

Desde entonces y hasta la fecha, con ochocientos años de supuesta evolución democrática encima, la participación ciudadana sigue a la zaga, en una dimensión limitada al simple ejercicio del voto, a votar y ser votado. Si usted cree como yo, que el poder no se controla a sí mismo, no porque no pueda o no deba, sino porque su vocación natural es contraria: crecer, entonces bajo esa premisa debemos concluir que es urgente y necesaria la intervención de la sociedad civil en todos los asuntos de carácter público. Esta incursión benéfica debe constituirse en la genuina representación de los intereses comunes de toda la población y la creación de espacios de vinculación entre actores políticos y sociales.

Con un poco de memoria no tan remota, podremos caer en cuenta que muchas de las grandes notas políticas de impacto nacional se han conseguido gracias a la labor periodística y/o al esfuerzo de la sociedad civil organizada y pujante, que se manifiesta, se inconforma cuando se requiere, investiga, supervisa y cuestiona el ejercicio del poder a través de los mecanismos jurídicos que se han dispuesto justamente para esos fines. La “Casa Blanca”, “Odebrecht”, “Oceanografía y Pemex”, “Panama Papers”, “La estafa maestra” más los que se acumulan como la “Línea 12 del Metro”, “Cancelación del Aeropuerto de Texcoco”, “Tren Maya”, “Dos Bocas” y un largo etcétera, son claros ejemplos de lo que se puede conseguir, “sin poder”, para evidenciar el ejercicio indebido de quienes sí “tienen poder”.

En otras latitudes, con otras culturas, tenemos algunos ejemplos sobre la eficacia del trinomio participación ciudadana-transparencia-rendición de cuentas. En Hong Kong existe una Comisión Independiente Contra la Corrupción, un organismo que tiene facultad de aplicar la ley anticorrupción y prevenirla por medio de la educación en la materia; Singapur cuenta con diversas agencias de investigación sobre prácticas corruptas; Australia dispone de una Comisión Independiente contra la corrupción; ellos tres comparten el común denominador de la voluntad política y experiencia, combatiendo frontalmente a la corrupción, medida que los mantiene con índices bajos de corrupción.

La corrupción encuentra un terreno fértil no sólo para continuar sino para extenderse en sociedades espectadoras. Estamos y nos quejamos, pero realmente no hacemos más por cambiar el estado de cosas. Cuando esa proporción poblacional que sólo es expectante es más significativa que la participativa, el gobierno puede ampliar su potencial y mover las fichas en su tablero con relativa comodidad. Ese confort le permite, incluso, dejar en impunidad -por acción o por omisión- una serie indeterminada de conductas sancionables y así en una secuencia infinita, prolongar la vida de la corrupción.

Aún hoy la participación democrática para elegir gobernantes redunda, en un brevísimo plazo, en propiciar, generar, mantener y fortalecer la concentración y ejercicio del poder público en beneficio de los propios actores políticos. Por eso es fundamental que nuestra intervención no concluya con la emisión del voto, sino que continúe hasta conformar un contrapeso a los poderes que ya elegimos -y a los que no- para señalar, denunciar abusos e irregularidades y, eventualmente, obtener en contra de los infractores la consecuencia que en Derecho corresponda.

Aunque las monarquías hereditarias o por designio divino son las menos y por fortuna no existen formalmente en nuestro país, existen multitudes que prefieren comportarse y ser tratados como leales súbditos. En ese caso, tales personas no deben hacer nada más que permanecer. Así como en 1215 con la curia regis o concilio del Rey.