Una brasa al rojo blanco tiene en sus manos la Fepade con la denuncia del Ejecutivo sobre el documental El populismo en América Latina. Un asunto cuya resolución, cualquiera que sea el sentido, la hará quedar en entredicho.

El ente que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti deberá determinar si en la conjura para el financiamiento, confección, promoción y difusión de dicho audiovisual destinado a hacer trizas la imagen de Andrés Manuel López Obrador, lo que en realidad se hizo polvo fue la legislación electoral.No se requiere perspicacia para anticipar que si esta fiscalía resuelve a satisfacción del demandante, quedará mal, y si lo hace a favor del demandado, entre otros el historiador Enrique Krauze, quedará peor.

Será así porque, si bien para el ciudadano común la contienda electoral 2018 fue una película sin buenos —los contendientes, todos, emplearon armas prohibidas—el maniqueísmo campa por estos días.

Entre todos ellos convirtieron el país en un barrizal, hicieron irrespirable la atmósfera política y envenenaron el ambiente hasta el punto de polarización que hoy padecemos, por más que nadie reconoce ahora la parte de responsabilidad que le corresponde en ese episodio.

Ante semejante panorama es recomendable que la Fepade siga el libreto del Tribunal Electoral, cuyos magistrados, acosados desde las redes sociales, recularon en su intención de interpretar la ley. Se limitaron a aplicarla de modo literal para regresar el PES a las catacumbas.

La literalidad de la ley conforme a una exposición icástica de los hechos deberá guiar a la FEPADE para evaluar el asunto.

Tendrá que ponderar si la madrugadora producción del video desde mediados de 2016 implicó violaciones a la normatividad electoral por su forma de financiamiento, el perfil de los aportantes, la manera conspirativa de la producción, el tiempo en que fue realizado y difundido, y desde luego, el contenido indisimulablemente tendencioso en un proceso que se presumía democrático.

El asunto promete ponerse como para apartar butaca de primera fila. Antes aun de empezar a dirimirse en los estrados judiciales y conocerse la identidad de los actores principales, más de uno ha visto descarapelarse su fama pública.

En primer lugar, Krauze, cuya exacerbada animadversión al Peje e indudable audacia para llenarlo de epítetos sorprende sólo a los más desprevenidos. A su talento se debe la acuñación o adjudicación de calificativos tales como mesías tropical, megalómano, autoritario, populista, chavista y otras lindezas.

Esto explica la verosimilitud con que en los medios de opinión ha sido acogida la versión de que este reputado intelectual fue el cacumen detrás de la campaña negra electoral, de la cual el video fue culmen. Material cuya utilidad para la causa que pretendía servir, por lo demás, resultó patéticamente huera.

El famoso historiador, a querer o no, ya está convertido en paradigma de la resistencia al gobierno de la 4T. Para algunos comentaristas detrás de la defensa a Krauze está la defensa de la libertad de expresión en México.

Una libertad de expresión que, debe decirse, a juicio incluso de los más rigurosos críticos del Jefe del Estado, hasta los cien primeros días del presente gobierno gozaba de cabal salud, ya que no había habido persecución política de carácter penal a los opositores del proyecto obradorista.

Más aun, conforme al criterio de esos mismos analistas, las libertades en general, hasta entonces, no habían sufrido menoscabo alguno.

¡De qué tamaño debe ser para la oposición la importancia política del egregio historiador, al punto de que su sólo señalamiento por Tatiana Clouthier como participante en juntas conspirativas marca, según aquélla, el súbito paso del total respeto a la libertad expresión al arranque de una cacería de contradictores del nuevo régimen!

Es cosa de imaginar, en medio de semejante ambiente, la ensordecedora estridencia que generarían las protestas ante una eventual sanción a Krauze, con acusaciones, en el menor de los casos, de uso político de la justicia, fiscales carnales, jueces a modo y otros lugares comunes.

Y ni qué decir de las reacciones que causará en las filas del gobierno, su partido y simpatizantes, el dejar sin sanción violaciones graves —si las hubiere—a la legislación electoral, tan sólo porque el caso involucra a un intelectual notable e intocable.

Hay razones para suponer que, al amparo de este caso, algunos de quienes constituyen la masa encefálica de la oposición creen llegado el momento del desquite.

El excanciller Jorge Castañeda ya convocó a la unidad de la oposición para trabajar los próximos 27 meses con miras a ganar una eventual consulta sobre la revocación de mandato.

El exintegrante del gabinetazo foxista sostiene que al tabasqueño ya lo perdió la hibris; la voracidad, la ambición desmesurada, el no conformarse con lo que logró y el pretender más de lo que ya tiene, y por lo visto aspira a convertirse en su némesis y darle su merecido políticamente.

Famoso por su prepotencia y arrogancia, Castañeda sugirió que el de Macuspana presenta signos del Síndrome de Hubris, que según los entendidos es el uso del poder del modo más arbitrario, sin límite alguno, para hacer y deshacer sin reparos legales, políticos, éticos ni morales. Sabe lo que dice.

Por lo mismo, presume que es factible darle la vuelta a la correlación de fuerzas, ganar la consulta y echar a empellones al Presidente a la mitad de su mandato.

Hace tal cálculo en momentos en que las encuestas ubican al mandatario por encima del 70 por ciento de favorabilidad y cuando ¡hasta los banqueros le han expresado total respaldo para sacar adelante el programa de infraestructura, el combate a la corrupción y el objetivo de crecer cuatro por ciento al año!

El caso del consabido video también puso bajo reflectores a un puñado de comunicadores afanosos por emular a mercadólogos y consultores políticos famosos por su ausencia de escrúpulos para manipular la realidad y estafar políticos: Juan José Rendón, Antonio Solá, Duda Mendoza, entre muchos.Y a unos cuantos empresarios tales como Alejandro Ramírez, Germán Larrea y Alberto Baillères, quienes por efecto de una justicia inmanente y retributiva ya recibieron sanción por sus actos: Inconcluso aún el conteo de votos, la nación entera pudo verlos alineados, obsequiosos ante el poder presidencial.

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