Ricardo Espinoza Toledo*

La teoría reconoce que las elecciones equivalen a una suerte de mandato político. Los gobernantes pueden o no asumir sus consecuencias políticas. Pero cuando no lo hacen, seguramente les espera el voto de castigo en la siguiente elección. Eso fue lo que le ocurrió a panistas y priistas, entre el año 2000 y el 2018. Todos ellos se dedicaron a administrar un proyecto económico importado, no a gobernar el país.

Desde los años ochenta, para priistas y panistas gobernar era entendido como una forma de ejercer el poder para instaurar un modelo económico ajustado a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), conocido como Consenso de Washington. El programa de gobierno había sido delineado desde el exterior; para ello contaban con el respaldo de esos organismos y de las Calificadoras que evaluaban, no la adecuación social de las políticas, sino la fidelidad de los pupilos.

Los gobernantes mexicanos se dedicaron a administrar las nuevas políticas y los recursos públicos, pero sin necesariamente ajustarse a la Constitución y a las leyes. La discrecionalidad fue la norma y la norma se fue adecuando progresivamente a la discrecionalidad. Después de todo, el gran proyecto económico estaba definido y delineado.

El presidente Vicente Fox olvidó que “el gobierno propone y el Congreso dispone”, promesa hecha en su toma de protesta. Lo que en realidad quería era la disposición del Congreso en favor de sus “reformas estructurales”, sin éxito. El presidente Felipe Calderón descubrió, hasta después de la derrota del PAN en las elecciones intermedias de 2009, que era “tiempo de pasar de las reformas posibles a las reformas necesarias”. No pasaron las posibles y tampoco llegaron las necesarias.

En su actividad proselitista, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, decía que debían votar por él porque, a diferencia de los panistas, “nosotros sí sabemos gobernar”, pero no sabían. Minoritario en el Congreso, como sus predecesores, el Pacto de 2012 le permitió encapsular a la muy dispuesta oposición panista y perredista, condición para controlar al Congreso de mayoría opositora y hacer aprobar las reformas a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.

Los de la transición no admitieron que el ser presidentes minoritarios en el Congreso era parte de un mandato ciudadano al que debían ajustarse. Estaban convencidos de que su llegada a la Presidencia de la República los exceptuaba de cualquier compromiso social y que el bienestar de la gente venía en el paquete que los organismos financieros internacionales les encomendaba.

No entendían por qué los ciudadanos no les daban el respaldo mayoritario que reclamaban. Sostenían que, sin mayoría propia en el Congreso, el “cambio” se atoraba. Para ellos, el cambio era seguir en la misma ruta, aquella cuyos efectos eran mayor concentración de la riqueza y el desfalco de los recursos públicos. Para la ciudadanía, sin embargo, el cambio era abrir una ruta diferente.

El Congreso, mayoritariamente opositor, estaba llamado a desempeñar el papel de balance y contrapeso al proyecto promovido por los presidentes. Tampoco lo entendieron. Uno de los atractivos de López Obrador y Morena fue su rechazo a la élite que ha controlado el poder político y los recursos públicos.

Hay razones para sostener que el triunfo contundente de Morena es, en gran medida, resultado de reformas y políticas gubernamentales que, en la práctica, eludieron la protección de los derechos sociales y civiles. El liberalismo antidemocrático que se impuso en la práctica de los gobernantes y en la Constitución, en contraposición a la decisión de la mayoría de los ciudadanos, se derrumbó.

Tampoco se puede hablar de gobernar cuando se hace un uso ilegal de los dineros públicos. Un Estado desfondado por La Estafa Maestra (MCC y AP), por el robo de combustible, la deuda de Pemex y la crisis financiera de CFE, debido a contratos ventajosos a empresas privadas e incapaz de evitar el Dinero bajo la mesa (MCC e I), es decir, el ilegal, da la imagen de un ducto perforado por el que salen los recursos públicos. Evasión y elusión fiscal y condonación de adeudos fiscales a grandes empresas, elevadísimos montos de transferencias de recursos a estados y municipios, sin aclarar (ASF), y endeudamiento incontrolado de los estados, agravan el cuadro.

Y no se puede hablar de gobernar cuando la acción del Poder Ejecutivo era aumentar los precios de las gasolinas, que de inmediato se traduce en aumentos a los precios de los productos básicos, porque todos utilizan transporte terrestre, afectando directamente a los más desfavorecidos. Aunque en todo el mundo hay gente pobre, el problema en México es que la mayoría de sus adultos no goza de los derechos, libertades y oportunidades fundamentales y efectivos. Ese límite a los derechos lo es también a la participación y al desarrollo del mercado interno.

Como los gobernantes y sus socios impusieron un modelo económico lesivo a los intereses de las mayorías (a pesar del sufragio), en julio de 2018 se votó masivamente para corregir el rumbo. Los ciudadanos no dudaron en darle el respaldo a López Obrador y Morena. Si existe el mandato de las urnas, es ése: el predominio de Morena, resultado de la competencia política, es para que los bienes públicos estén al servicio del pueblo.

La manera en que se procesó la ley que crea la Guardia Nacional, ilustra lo nuevo. La iniciativa del Poder Ejecutivo fue modificada en aspectos sustanciales por el Congreso. Las oposiciones presionaron y debatieron. Los gobernadores intervinieron en la revisión e impulso de una ley que es de su interés. Los líderes parlamentarios de Morena abrieron el debate y la interacción con sus contrapartes y con los grupos de la sociedad interesados en el tema. Se integraron las observaciones y, por eso, la ley se aprobó por unanimidad.

La transparencia en el manejo de los recursos públicos es una de las prioridades. Las “mañaneras” contribuyen a ello. Más que conferencias de prensa, son diálogos a través de los cuales el Presidente informa y explica, pero también se informa. Es estar a la escucha de las demandas populares y otra forma de retribución a la ciudadanía, que se ve reflejada en las acciones que el gobierno emprende. Así, la administración de los recursos y de los bienes disponibles se dirige al bienestar público.

El proyecto de gobierno se evalúa y corrige día a día. Lo que era exclusivo del círculo cercano del Presidente y un ejercicio del medio político y periodístico para adivinar la orientación y el mensaje presidencial, ahora es público y abierto. Es, como puede apreciarse, otra concepción del gobierno.

*Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.