El presidente López Obrador buscó meter a la  CNDH  al tema de los activistas de la CNTE  que  bloqueaban vías férreas en Michoacán. Le pidió que le hiciera  una  recomendación de  qué  hacer. La Comisión  respondió de manera lacónica con un: lo que tiene que hacer es aplicar la ley, que es algo que no le gusta nada, nadita, al titular del Poder Ejecutivo. La relación entre el presidente y la Comisión pasó de fría a helada, en el fondo del refrigerador, porque además la comisión se pronunció en contra de la Guardia Nacional y también en contra del recorte presupuestal  a las Estancias Infantiles.

El tema más relevante es el de GN por todo lo que implica. Según información oficial de la propia Comisión al participar en las Audiencias Públicas en Materia de Guardia Nacional, convocadas por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Luis Raúl González Pérez, propuso establecer un grupo de análisis especializado y plural que aporte elementos para construir un sistema de seguridad pública, prevea la participación temporal de las Fuerzas Armadas y una ruta para para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles.

El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que, como se plantea, la Guardia Nacional no garantiza justicia y marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, y omite establecer claramente una ruta en sentido contrario. La naturaleza y características híbridas del cuerpo que se pretende crear, aseguró, más que dar certezas generará confusión y abrirá espacios de vulnerabilidad para su integración y operación, e implica un riesgo elevado de que se verifiquen potenciales violaciones a los derechos humanos.

Enfatizó que, desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, ya que tampoco garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática, y contraviene sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir.

Al participar en las Audiencias Públicas en Materia de Guardia Nacional, convocadas por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que presidió la Senadora Kenia López Rabadán, propuso establecer de inmediato un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva y concreta, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un sistema de seguridad pública que, ante la necesidad de participación temporal de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias, y para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de todos los órdenes para que asuman dicha tarea y haya un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias, y las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden.

Para concluir, dijo que la responsabilidad y debido desempeño de la función legislativa tiene que atender a hechos y realidades para orientar su rumbo, si en verdad aspira a ser efectiva y servir a la sociedad. Añadió que la crisis que vive México en materia de violencia y seguridad debe atenderse con un enfoque integral y estrategia real que aborden los distintos aspectos de la problemática y no se limite al replanteamiento de un cuerpo reactivo de carácter y naturaleza preponderantemente militar, así como al aumento de los delitos a los que sería aplicable la prisión preventiva forzosa.

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@soycamachojuan