“No hay una sola desgracia del alma humana que no sea precedida de una incomprensión”.

Elizabeth Costello

Convengamos que la “transición democrática” de México comenzó en 1979 y concluyó en 1997. Es decir: una enorme conflictiva social se encauzó a través de partidos políticos opositores que se expandían y normalizaban hasta vencer al hegemónico Revolucionario Institucional. Convengamos después que la política mexicana entre siglos se caracterizó por otro hecho fundamental: las elecciones limpias, que se convirtieron en la regla y así ocurrieron un montón de fenómenos nunca vistos en nuestro país (alternancias de todo tipo y nivel, gobiernos divididos, congresos sin mayoría, la efectiva dispersión del poder político). Y convengamos que ese proceso fue protagonizado por tres partidos (PRI, PAN y PRD) cuyos gobiernos, por mas enfrentados que estuviesen, probaron que no tenían fórmulas para solucionar las asignaturas nacionales más hondas: violencia y seguridad, corrupción y pobreza con altísima desigualdad.

Si esto es así, el politólogo J. J. Romero (quien escribió un texto respondiendo al mío, de la semana pasada) debe admitir que la reforma política de 1996 marcó un antes y un después epocal, pues ofreció una respuesta a todos los nudos del conflicto social de 20 años, volvió competitivas a todas las oposiciones y dio garantías de limpieza a la disputa del poder político.

Para cualquier observador sensato, esa reforma constituye el fin de la transición y lo que siguió es el primer gran ensayo de la democracia en México —el primero de su vida independiente—. ¿Se nota su importancia histórica? La reforma de 1996 no anula ni cancela, sino que admite y encauza procesos sociales previos, de gran envergadura, pero su mérito es que los potencia y los naturaliza. O sea: es un cambio constitucional que responde a la exigencia social de libertad en todos los órdenes. Después de 1996, los mexicanos pudimos hacer política sin miedo (luego vendría la cruenta implantación de poderes criminales, pero ésa es otra historia).

Lo que vivimos es la legal y pacífica sucesión de líderes y partidos en las posiciones del poder político, distribución del poder y abierta competencia política, soportada por leyes e instituciones acreditadas en medio del fuego cruzado.

Gracias a las leyes e instituciones venidas de la transición, el PAN llegó a la Presidencia dos veces, el PRI la recuperó y Morena, con López Obrador, la conquistó sin mínimo reclamo ni impugnación. Por eso los sensatos dicen que las reglas electorales están bien hechas, pues ofrecen la posibilidad a todos los jugadores para que puedan ganar.

Es una historia que debe ser contada porque, tengo la impresión, que ha sido y sigue siendo muy mal comprendida por observadores, estudiosos, extranjeros y nacionales e incluso por sus propios protagonistas y beneficiarios. Por eso se hace necesario —de cuando en cuando— volver a ella; entender porqué las cosas han llegado a ser lo que son y cómo es que estamos aquí.

Por ejemplo, recuerdo con ironía la declaración solemne de varios líderes ideológicos del actual gobierno, para quienes julio del 2018 debía ser declarado el origen, “el año uno” de la democracia en México (Ortiz Pinchetti). Don Lorenzo Meyer ha llegado a escribir incluso que el “viejo régimen” duró la friolera de un siglo: de 1917 a 2018, Cárdenas y Fox incluidos en el mismo histórico costal.

¿Qué nos quieren decir? Que antes de la elección de López Obrador, aquí, no había pasado nada. Pues no. Hay que contar, repetir esa historia y diluir esa deliberada incomprensión.

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