Opinión

La industria eólica en México

La industria eólica en México

La industria eólica en México

La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy

Yolanda Mexicalxóchitl García Beltrán*

La producción de energía eólica en México ha crecido de manera acelerada en los últimos años, tal como muestran datos de la Secretaría de Energía (Sener, 2012), que para el 2010 estimaba que ésta correspondía a 533.7 megawatts (MW), mientras que para el 2018 creció hasta alcanzar 4,367.34 MW (Sener, 2018). Lo anterior quiere decir que el 5.74% de la energía generada en el país, el año pasado provino del sector eólico.

Actualmente operan en México 56 parques de este tipo (Khagba, 2019) impulsados mayormente por el sector privado, que se manejan en dos modalidades: autoabastecimiento, cuando son financiados por empresas que buscan dotar de energía eléctrica a sus propias instalaciones (Bimbo, Soriana y Walmart son ejemplos de ello), y aquellos que venden la energía generada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su eventual comercialización al público en general. Oaxaca destaca como la entidad con mayor potencial eólico y la que más capacidad instalada posee, seguida de otras como Jalisco, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Zacatecas y Yucatán. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), hasta este año 14 estados de la República participan activamente en la generación de energía eólica, y 18 lo harán para el 2024 (AMDEE, 2019).

La inversión privada para la realización de proyectos de energías renovables en México es significativa, siendo el 2017 en el que obtuvo un auge considerable al contar con 6 mil millones de dólares para el impulso de energía solar y eólica (Forbes, 2018). De igual forma, recientemente, se invirtieron 2,550 millones de dólares entre diciembre del 2018 y junio del 2019 para esas dos tecnologías (Sener, 2019). Sin embargo, desde inicios de este año se ha observado una baja en esas inversiones, producto de la incertidumbre a la que se enfrenta con la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues desde que asumió el cargo las subastas eléctricas para nuevos proyectos fueron suspendidas debido a que no se han echado a andar todavía todos los pactados anteriormente. De hecho, de los 56 parques eólicos prometidos a través de estos mecanismos desde el 2015, sólo se han puesto en marcha 10, y aquellos que permanecen pendientes tienen hasta el 2020 para arrancar operaciones (García, 2019). En el mismo sentido, la AMDEE ha anunciado que durante el 2019 se añadirán 1,800 MW más a la energía eólica producida, lo que demuestra que esta tecnología es incipiente y que su crecimiento continuará con el rápido ritmo que ha venido desarrollando hasta ahora, pues todavía existe un potencial muy rico por explotar.

Sin embargo, destacan las declaraciones hechas en marzo pasado por el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien dijo no estar de acuerdo con las subastas ni con su regreso, pues éstas permiten a las compañías privadas generar proyectos que, eventualmente, le venden energía renovable a la CFE a un costo elevado, cuando la misma dependencia tiene la capacidad de producirla (Zarco, 2019). No obstante, en el mismo mes, Rocío Nahle, secretaria de Energía, declaró que las subastas serán reactivadas en el 2021 mientras a la par el Estado desarrolla modelos para competir en el mercado de los renovables, lo cual es ya una realidad como confirma el reciente anunció de la CFE, hecho el pasado 11 de octubre, sobre su futura inmersión en las tecnologías renovables, en especial las hidroeléctricas por su rentabilidad. El titular de la dependencia reiteró que por el momento no se necesitan las subastas, por lo que el futuro de éstas está en el limbo (Solís, 2019).

Lo cierto es que la industria eólica atraviesa por un momento complicado debido no sólo a la cancelación de esas subastas, sino a la falta de implementación de líneas de transmisión eléctrica cuya construcción ya estaba prevista y fue anulada también en este año, como la de Baja California, que permitiría unir la red de este estado con la del resto del país, facilitando un crecimiento en el número de parques eólicos en la entidad.

Por otro lado, la energía eólica fue criticada por Víctor Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por los impactos sociales que se han presentado en los territorios indígenas donde se han instalado los proyectos de esta índole, reiterando que es necesario implementar modelos que permitan que la ciudadanía sea capaz de generar su propia energía autosustentable (Contreras, 2019); y es que, es bien conocido el contexto oaxaqueño donde zapotecas y huaves han perdido sitios sagrados y sus modos de vida tradicionales como consecuencia de la llegada de parques eólicos, además del debilitamiento del tejido social, el conflicto y las amenazas recurrentes entre aquellas poblaciones que se oponen a los mismos. La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) agrupa a los ejidos y comunidades en desacuerdo con estos megaproyectos desde una postura por la defensa ambiental.

Situaciones similares se repiten en Baja California y Yucatán, donde la proliferación de parques ha comenzado a gestar un desacuerdo entre los pueblos originarios que no son consultados, estableciéndose contratos de arrendamiento de los que pocas veces salen beneficiados.

Resulta preocupante el hecho de que la meta establecida por el gobierno mexicano no se cumpla, la cual estima que para el 2024, 35% de la energía generada en el país debe provenir de fuentes renovables, tal como expresó el director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Alfonso Morcos Flores, para quien dichas cifras deben replantearse (Solís, 2019). No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en su cumplimiento a pesar del adverso panorama; pero más allá de eso, se debe vigilar no sólo el alcance en números, sino la manera en la que se llevan a cabo esos proyectos, y garantizar que éstos no violen la libre autodeterminación de los pueblos.

*Doctorante en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

ymgb1988@gmail.com