La semana que recién concluyó, el Inegi publicó los resultados de la segunda lectura para 2019 de la Encuesta Nacional de Seguridad en Zonas Urbanas, la llamada ENSU. Este instrumento se levanta cada tres meses y se integra con poco menos de 22 mil cuestionarios levantados en 70 zonas metropolitanas del país.

Algo muy positivo de ENSU 2019 es que aumentó el número de casos y de municipios en los que se levanta. Este año se incluyeron por primera vez muestras de un mayor número de municipios del Estado de México. Hasta el año pasado, ENSU sólo se levantaba en Toluca, Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl. A partir de este año se incluye también a Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán y Chimalhuacán. Debe decirse también que es una pena que, en el caso de la Ciudad de México, la segunda entidad más habitada de todo el país, las lecturas se sigan haciendo con muestras muy pequeñas que sólo permiten saber qué pasa en cuatro regiones (norte, sur, este y oeste), en lugar de contar con 16 muestras para saber con precisión qué ocurre en las 16 alcaldías de la capital.

La mayor cantidad de datos con la que se cuenta ahora en el Estado de México permite comprender mejor qué sucede en esa entidad que padece—como ninguna otra en el país—los efectos del engaño institucionalizado perpetrado antes por la desaparecida procuraduría General de Justicia del Estado de México y, lamentablemente, continuado por la actual Fiscalía de ese estado y del que nos ocupamos en estos espacios hace dos semanas (https://www.cronica.com.mx/notas-el_diablo_esta_en_los_detalles-1124477-2019).

No es sólo que el gobierno estatal engañe con el maquillaje profundo de las cifras de delincuencia. Es que los municipios del Estado de México no están pensados para que las personas vivan ahí. Basta considerar las imágenes aterradoras de la manera en que un automovilista atropelló y asesinó a un niño que trataba de cruzar una vía rápida en Chalco, para darse cuenta que toda la poca infraestructura urbana que existe en ese y otros municipios mexiquenses está pensada para el auto y no considera las necesidades de los peatones que, paradójicamente, son la mayoría en ese y cualquier otro municipio mexicano.

En este sentido, uno de los datos más preocupantes de ENSU junio-2019 es el relativo a la percepción de inseguridad en el transporte público. No es que los mexiquenses estén locos o paranoicos. Es que el transporte público en esa entidad es extremadamente peligroso y lo es más para las mujeres jóvenes que, literalmente, son cazadas tanto por otros usuarios del transporte público, como por los choferes del transporte concesionado e incluso por policías que, por su cuenta o coludidos, participan de esta detestable actividad. De nuevo, una noticia reciente, la de una mesera que trabajaba en Santa Fe, Ciudad de México, y debía viajar todas las madrugadas a su hogar en Tultitlán, y fue víctima del chofer de una grúa con la cual la arrolló, sirve como un tétrico ejemplo de la clase de problemas que las mujeres mexiquenses enfrentan todos los días para poder sobrevivir.

No debe sorprendernos, en este sentido, que 97.3 por ciento de quienes viven en Ecatepec, 94.3 por ciento de los que viven en Tlalnepantla y 93.4 de los que residen en Atizapán se sientan inseguros en el muy caro, muy ineficiente y nada ecológico transporte público del Estado de México. Éstos, además, no son problemas que se hayan generado en los últimos ocho meses. Son problemas que la clase política mexiquense ha creado en las últimas cinco décadas por las malas políticas de urbanización que se han seguido ahí.

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