Opinión


¿La lealtad antes que la Ley?

¿La lealtad antes que la Ley? | La Crónica de Hoy

Hay académicos que sólo son buenos para la investigación y no dan el ancho en los cargos de la administración pública, sostuvo el presidente López Obrador al referirse a la brevísima estancia del Dr. Jaime Cárdenas en el cargo de Director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Esta es la tragicomedia de la mañanera. El doctor en derecho renunció porque encontró irregularidades o porque no quiso actuar fuera de la Ley. El distanciamiento se originó porque él no aceptó salirse “del librito, del cuadernito.” El que todavía es su jefe, hasta el primero de octubre, lo acusó de que no quiso entrarle, que le faltaba lealtad al proyecto de la 4T, que es, según él, el deseo del pueblo.

¿Qué pasó? El presidente exige lealtad ciega al programa político que encabeza, que en su narrativa, aunque lo niegue, es sumisión a su persona. Nadie puede contradecirlo, ni negarle algo. Quien se opone a su voluntad está, en su imaginaria, en contra del pueblo. Los casos de renuncias se multiplican. La estampa del Secretario de Hacienda, en una mañanera, aceptando que se equivocó cuando sugirió que el uso de cubrebocas era una medida sencilla, pero útil en el proceso de reapertura de la economía fue patética.

El episodio del ex Secretario de Comunicaciones y Transportes en el que califica de absurda a la rifa del avión y después se retracta de su declaración pública, después de algunos meses, acabó con su renuncia en razón a que, según la lógica en que vivimos, el pueblo deseaba la militarización de los puertos a la que él se opuso terminantemente.

La separación voluntaria del gobierno de Carlos Urzúa debido a su oposición a que la economía pública se maneje desde el ala sur de Palacio Nacional sin más conocimiento de la misma que la intuición política, así como el ánimo de construir una prosperidad efímera con transferencias presupuestales a grupos clientelares.

En esta lógica de lealtad incondicional se ubica el Senador Monreal quien, en su artículo de esta semana y en declaraciones posteriores, apoya hasta el absurdo la sinrazón de la venganza política disfrazada de consulta popular contra los expresidentes y se extraña que haya oposición a la misma por argumentaciones de índole jurídica. Un doctor en derecho minimiza sin base sólida los señalamientos de los expertos sobre la improcedencia constitucional de la maniobra electoral del presidente de la República, que necesita aire para llegar con fuerza al compromiso con las urnas en el 2021. Un ejemplo de la lealtad ciega que este exige.

La consulta popular planteada mezcla deliberadamente -incluso con dolo- la responsabilidad política y la penal. La primera tiene dos vertientes: la concreta, llevada a cabo por el órgano de representación nacional, que se conoce como juicio político, y la difusa que es la jornada electoral en la que se califica el desempeño gubernamental como sucederá en las próximas elecciones intermedias en las que se renueva la Cámara de Diputados. Todo esto lo soslaya el Senador Monreal e invita al Pleno de la Suprema Corte a dejar de lado la Constitución y la teoría jurídica elemental para que se apruebe la petición presidencial de la consulta popular para llevar a cabo un enjuiciamiento público, mediático, como soporte de una campaña en búsqueda del sufragio.

El proyecto de AMLO es un neoconservador. Es un gatopardismo puro que retorna a un pasado autoritario en el que todo debe seguir igual con apariencia de transformación. La propuesta del pueblo (con minúscula), que se expresa en la boca del caudillo, es la restauración del Estado burocrático clientelar controlado desde un partido hegemónico y sumiso a la voluntad presidencial. Este retorno al pasado requiere de lealtad absoluta para llevarse a cabo. La Ley estorba en la medida que el orden jurídico construido en los últimos treinta años es democrático y pluralista.

¿Quién del círculo cercano del presidente se atreverá a decirle que la lealtad al Pueblo (con mayúscula) es el respeto a la Ley? La Constitución y todo el ordenamiento jurídico subordinado a ella es la voluntad popular expresada a través de sus representantes, que se ha ido construyendo con mayorías cambiantes y con riqueza ideológica. No aplicar la Ley es deslealtad al Pueblo. Los proyectos personalistas son una deslealtad al Pueblo. El poder presidencial, el mandato otorgado, sólo es por seis años. Nadie tiene derecho a comprometer el futuro de los mexicanos y destruir sus instituciones alegando lealtad a su forma de pensar.

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