El martes 12, mientras el mundo veía, azorado, la nueva derrota de la primera ministra británica, Theresa May, en la zaga del brexit, en Estados Unidos se daban a conocer los detalles de una investigación criminal que descubrió la manera en que un grupo de padres de familia y funcionarios de distintas instituciones de educación superior conspiraron para que sus hijos aprobaran el Scholastic ­Assessment Test, la Prueba de Evaluación Académica.

Lo que el Buró Federal de Investigaciones dijo de la manera en que operó esta conspiración recuerda las malas películas de adolescentes, en las que los protagonistas fantasean acerca de la posibilidad de eludir éste u otros exámenes, con una salvedad. Esto ocurrió en la vida real y no fue resultado de las calenturas juveniles de los protagonistas de esas cintas. No; fue resultado de las calenturas de sus padres que, sin el menor pudor, compraron las voluntades de los funcionarios de distintas universidades en las que estas pruebas se realizan.

Esas universidades no organizan por su cuenta los exámenes. Quien lo hace es el College Board y el Educational Testing Services, cuyos equivalentes remotos en México serían la ANUIES y el Ceneval, pero la participación de las universidades es clave, pues los exámenes tienen lugar en esas universidades y era ante esas universidades que los jóvenes que se dedicaban a presentar estos exámenes se presentaban con documentos de identidad falsos.

Un ejemplo paradigmático del caso develado por el FBI lo ofrece un exatleta canadiense: David Sidoo, quien tuvo una carrera destacada como jugador en la liga canadiense de futbol americano y quien ahora es dueño de una empresa de tecnología. Sidoo envió correos, físicos y electrónicos, que lo vincularían con esta conspiración que implicó un pago de 100 mil dólares a quien tomó, en 2011, el examen en lugar de su hijo. Además, Sidoo habría pagado a otra persona por tomar el lugar de otro de sus hijos durante el examen final—también estandarizado— del bachillerato en Canadá.

Este caso deja ver, por una parte, la manera en que la corrupción carcome a algunas de las instituciones más sagradas de occidente, como las universidades, pero también debería ser una llamada de atención acerca de la pertinencia de apostarle tanto a la educación superior, y acerca de la pertinencia de apostarle, como hacemos, a que la mejor manera de medir el desempeño en distintas etapas de la educación es usar exámenes estandarizados.

No es la primera vez que se descubren redes que tratan de manipular los resultados de este tipo de exámenes. En 2015, en el estado de Georgia, EU, un grupo de 35 profesores fue acusado de participar en una conspiración para ayudar a que sus estudiantes obtuvieran buenas calificaciones en los exámenes. Al final, sólo se acusó a once de los 35 y sólo uno de los once enfrentó cargos que implicaban penas de cárcel.

Los debates que los exámenes estandarizados generan en México, Estados Unidos y otros países son muy similares. Sería muy sencillo asumir que los tres casos considerados hasta ahora son sólo delitos perpetrados por irresponsables con tendencias criminales. Pensar así, sin embargo, pierde de vista los efectos devastadores que los exámenes estandarizados pueden tener en la vida de los jóvenes, así como las ventajas que los niños y jóvenes de clases medias y altas tienen al presentar ese tipo de exámenes. De ahí que los padres que pueden hacerlo, pagan por proteger a sus hijos. También pierde de vista la manera en que se degrada el trabajo de los docentes que, no en balde, cuando pueden, tratan de defenderse también.

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