Consagrada desde muchos puntos de vista como una de las condiciones indispensables para la vida civilizada (decir democrática ya harta), la libertad de pensamiento, expresión, imprenta, divulgación, comercio, creación e industrialización de las obras relacionadas con ella, la comunicación humana, tiene hoy tantas interpretaciones como protagonistas.

Si Tatiana Clouthier, por ejemplo, exhibe en un libro devocional a Enrique Krauze y le achaca ser coautor de una campaña sucia contra el entonces candidato LO y por tanto sicario intelectual de la mafia del poder, Krauze lo puede interpretar como un ataque a su libertad de pensamiento, pues nadie pasa por alto su famosa y añeja frase del “Mesías Tropical” para describir —de antaño—, los excesos del caudillo de Macuspana. Tampoco sus alusiones al populismo.

Cuando el poder necesita triturar a un enemigo lo puede hacer de muchas formas. La justicia de Estados Unidos jamás juzgó ni condenó a Al Capone por criminal, ni por mafioso, ni por contrabandista, ni por lenón. Lo metió a la cárcel por evadir impuestos. Lo imposible para el FBI fue pan comido para un cuentachiles del IRS llamado Frank Wilson.

Así pues, nunca se va a acosar a un periodista directamente por sus escritos. Siempre se va a buscar en su vida personal, porque hacerlo de otro modo le permitiría defenderse tras el escudo de la libertad de expresión. Por eso los crímenes contra periodistas muy pocas veces se cometen desde el gobierno. Los asesinos son criminales y tiene —casi siempre— el motivo de la delación o la traición.

Sin embargo la facilidad de condena de los bien portados y sus adláteres apunta el dedo justiciero contra el gobierno. Si eso fuera cierto, este gobierno ya llevaría sobre su conciencia muchos cadáveres con pluma.

Éste es un recuento.

¿Se le podría adjudicar responsabilidad a la Cuarta Transformación?

Yo no lo creo.

“ (La jornada).- Un conteo de la organización civil Espacio OSC indica que habían sido asesinados cinco comunicadores en todo el país desde el inicio del actual gobierno y hasta el 20 de febrero: Jesús Márquez Jiménez (Nayarit), Diego García Corona (Estado de México), Rafael Murúa Manríquez (Baja California Sur), Reynaldo López Salas (Sonora) y Jesús Ramos Rodríguez (Tabasco), a los cuales ahora se suma Santiago Barroso.

“En ese mismo periodo han sido asesinados nueve activistas de derechos humanos: Samir Flores (Morelos), Sinar Corzo (Chiapas), Manuel Martínez (Hidalgo), Noé Jiménez Pablo (Chiapas), Santiago Gómez (Chiapas), Gustavo Cruz (Oaxaca), Bernardino García (Oaxaca), Estelina López (Chiapas) y Óscar Cazorla (Oaxaca)”.

Esos asesinatos aún no resueltos, no pueden ser considerados todavía como violaciones a los Derechos Humanos. No hasta en tanto no se compruebe la intervención de agentes del Estado.

Mientras tanto, y a pesar de la frecuente escandalera, se debe pedir la investigación, como en todos los otros 200 mil interfectos de este país en los últimos años. Si ésta no se realiza con diligencia y precisión, entonces la vulneración de los Derechos Humanos se comete por otra vía; la negativa al derecho justiciero y la protección social.

Cuando Javier Valdez fue asesinado en Sinaloa, todos apuntaron al gobierno de Peña.  Hoy nadie señala al Palacio Nacional por la muerte de Santiago Barroso. Y no tendrían razones para hacerlo.

El caso Valdez —como ejemplo de la complejidad de estos casos—, dio hace poco un  giro inesperado: un testigo en el juicio del Chapo Guzmán, reveló a los hijos de Guzmán como los autores intelectuales del asesinato.

“(AP).- Los hijos del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán mataron al periodista mexicano Javier Valdez porque éste insistió en publicar una entrevista con el narcotraficante Dámaso López Núñez, conocido como Licenciado o Lic., dijo el propio Lic. en el juicio del Chapo en Nueva York”.

Pero estos casos queman.

Si bien es conocida la desconfianza con la cual el presidente observa a las organizaciones de la sociedad civil, vale la pena recordar cómo ha atendido de manera directa a una de las trasnacionales de los Derechos Humanos, “Reporteros sin Fronteras”.

Hace unos días, el 11 de marzo RSF ofreció  una conferencia en CENCOS; para informar el resultado de su entrevista con el Ejecutivo.

Estuvieron presentes, Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras; Emmanuel Colombié, Director del despacho en América Latina y Balbina Flores Martínez, Representante en México.

En ella hablaron acerca de medidas de protección y prevención de violencia contra comunicadores y periodistas.

O sea, se hartaron de untarle al queso.

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